VALÈNCIA. El Consell solo pagará la paga extra por la covid a los sanitarios que estuvieron en primera línea de la pandemia. Así lo recoge el decreto aprobado este lunes en un pleno extraordinario del Consell, donde se regula la compensación económica por el "esfuerzo" realizado por parte del personal del Sistema Valenciano de Salud y del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales durante el estado de alarma declarado entre el 14 de marzo y el 21 de junio de 2020, a causa de la pandemia de la Covid-19.
Según recoge el decreto, esta compensación será percibida por el personal dependiente de la administración pública de los citados dispositivos que atendió de "forma directa, efectiva y presencial en las labores de gestión o cuidados a las personas afectadas por la pandemia de covid-19". No obstante, aunque el montante total junto a la compensación de horas extra a los profesionales de Salud Pública será de 43,7 millones, la normativa por el momento no contempla ni los importes ni cuál será el la cantidad percibida por cada uno de los profesionales.
No obstante, esta discrecionalidad le ha valido numeras críticas por parte de los sindicatos al Consell, al entender que profesionales que han estado en segunda línea también han hecho una labor importante. Aunque las condiciones definitivas será negociadas con los sindicatos durante la semana y a priori aprobado el viernes, en el decreto aprobado este lunes sí se apunta a algunas cuestiones. Entre ellas, que la cuantía que se perciba por cada persona beneficiaria será proporcional al tiempo efectivo de trabajo durante el citado periodo del estado de alarma.
También que podrá percibirse en función de cada categoría profesional y/o a la exposición al riesgo según se acuerde en cada uno de los ámbitos de aplicación del decreto ley. A este efecto también se computará el tiempo transcurrido en situación de incapacidad temporal a causa de la covid-19, bien por resultar positivo o por contacto en aislamiento. En este sentido, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, señalaba en la rueda de prensa posterior al pleno que, en el caso del personal sanitario, se beneficiará a más de un 60% de la plantilla, lo que englobaría a unos 40.000 profesionales. Mientras, la cifra de trabajadores de los centros públicos del sector de personas mayores y de diversidad funcional y salud mental, dependientes de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, se elevaría a unos 1.500.
Preguntada sobre por qué esta compensación no beneficia al personal de centros concertados, la vicepresidenta del Consell apuntaba que el decreto "solo puede cubrir a empleados públicos, funcionarios o estatutarios". "El sector público va por otra vía, que es muy compleja", aseguraba. No obstante, afirmaba que las empresas privadas que gestionan centros sanitarios y de servicios sociales "tienen que ser las que gratifiquen a su personas". "Cada cosa tiene su lugar, podríamos entrar en una rotura de la libre competencia", ha agregado.
Sin embargo, Igualdad sí aprobará el próximo viernes un decreto ley de concesiones directas a centros tanto de diversidad funcional, como personas mayores, y entidades que trabajan en exclusión. 10,9 millones que se repartirán entre centros privados y que deberá ir a pagos a sociosanitarios en al menos un 50% del importe mientras que el 20% como mínimo tendrá que destinarse para material inventariable.
Mientras, el presidente de las Generalitat, Ximo Puig, manifestaba que la gratificación económica que se dará al personal sanitario y sociosanitario "es cierto que será escasa" para el trabajo que han desarrollado estos profesionales en la pandemia, pero "al menos es justo" que el Consell haga ese reconocimiento.
En la mesa sectorial celebrada este lunes para tratar el decreto, ningún sindicato ha votado a favor del documento. CCOO, CSIF y Cmesae han votado a en contra del documento, mientras CESM, UGT e Intersindical se han abstenido. "La propuesta de Decreto que presenta la Conselleria de Sanidad por el que se establece una compensación económica para parte del personal del Sistema Valenciano de Salud es inasumible por este sindicato ya que carece de los criterios mínimos de reparto por los que debe aplicarse esta compensación y puede dar lugar a situaciones de agravio comparativo entre el personal", señalan desde CCOO. Además, insisten en la necesidad de incluirlos citados criterios reflejados de una forma clara y objetiva en el decreto para no dar lugar a repartos arbitrarios.
Desde CSIF lamentan que la cantidad global consignada resulta insuficiente, que la propuesta del decreto es excluyente porque no incluye a todo el personal, y que demuestra falta de planificación. En este sentido, la central sindical señala que para ese mismo concepto de gratificación por la labor desarrollada, por ejemplo, Cataluña ha anunciado 140 millones. El sindicato también advierte del carácter "discriminatorio y excluyente" de este decreto, al circunscribirlo al personal que atendió "de forme directa, efectiva y presencial", según especifica el documento trasladado por el Consell. Sin embargo, desde CSIF recalcan la importancia de la segunda línea.
En la misma línea, Intersindical propone que la gratificación que propone sea extensiva a todo el personal de manera lineal y para todas las categorías. "El riesgo ha sido y está siendo el mismo para todo el personal", señalan. "El Decreto-Ley es un documento vacío, sin definir, ni en cuanto a cuantía, ni quien es merecedor de la misma, compensación económica o paga de agradecimiento", apuntaba el secretario general del Sindicato Médico de la Comunidad Valencia CESM-CV, Víctor Pedrera.
"Es a la Administración a quien compete desarrollar dicha normativa y presentar una propuesta formal, tiempo ha habido más que de sobra, demostrando una vez más la nula capacidad de gestión que tiene la Conselleria de Sanitat, que por un lado exige a los empleados públicos, y en especial a los médicos, sacrificios, como es la renuncia a sus derechos laborales, y por otro es incapaz de articular una propuesta para el pago de los excesos", recalca.
