El Consell tendrá que decidir si sanciona a Cucarella a propuesta de Justicia

VALENCIA. El informe de la Conselleria de Transparencia que constata la incompatibilidad en la que incurrió Mónica Cucarella al ocultar su condición de apoderada de una gasolinera en su declaración de actividades abre la puerta al inicio de un complejo proceso sancionador que puede acabar con su inhabilitación para ejercer un cargo público. 

El estudio de la Conselleria que dirige Manuel Alcaraz no es una investigación de carácter disciplinario ni sancionador, pero fija las "posibilidades de actuación" contra la directora general, que este martes insistió en que no piensa dimitir. La Conselleria de Economía también dejó claro que no piensa exigirle responsabilidades.

La competencia sancionadora en materia de incompatibilidades está regulada en Ley 2/2015 de 2 de abril de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana. Según este texto, las competencias corresponden a la Conselleria de Justicia y a la de Transparencia, pero la decisión de incoar un expediente y la de imponer una sanción ha de ser aprobada en último término en el pleno del Consell.

El informe, que lleva la firma de la directora general de Transparencia, Aitana Mas, ha sido remitido a Presidencia de la Generalitat, a la Vicepresidencia, a la Conselleria de Economia y a la de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas.

El órgano con capacidad para incoar un expediente sancionador contra un director general es la Conselleria que dirige Gabriela Bravo, por ser la que ostenta las competencias en materia de administración pública. Mientras, la instrucción de ese expediente correspondería a la inspección general de servicios, dependiente de Transparencia.

Una excolega de Cucarella valorará si procede expedientar

La Conselleria de Justicia aseguró este miércoles que aún no disponía del informe sobre las incompatibilidades de Mónica Cucarella. Cuando lo reciba, según explicó un portavoz de este departamento, será la Dirección General de Función Pública la que analizará el trabajo para, en su caso, proponer al Consell la apertura del mencionado expediente sancionador contra Cucarella.

Se da la circunstancia de que la actual responsable de Función Pública, Eva María Coscollà, coincidió durante unos días con Cucarella en la Conselleria de Economía. Hasta su salto a la Conselleria de Justicia, Coscollà ocupó durante apenas dos semanas la subsecretaría de la Conselleria que dirige Rafael Climent. 

Una vez autorizado por el Consell y concluida la instrucción del mismo por parte de Transparencia, correspondería de nuevo a la Conselleria de Justicia la imposición de la sanción, una medida disciplinaria que tendría que ser ratificada en el pleno del Consell.

El estudio de Transparencia recuerda que únicamente los altos cargos responden de la veracidad de la declaración de actividades que presentan y subraya que la directora general de Internacionalización habría incurrido en una incompatibilidad por su condición de apoderada hasta el día 24 de junio de 2016 de la empresa que explota una gasolinera propiedad de su familia.

En ese punto, el estudio alude al régimen sancionador aplicable es el previsto en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. En ella se contempla que la omisión deliberada de datos y documentos que deben ser presentados se considera una infracción grave, mientras que las incompatibilidades tienen rango de infracción muy grave.

Tanto las infracciones graves como las muy graves conllevan como sanción la declaración de incumplimiento de la ley y su publicación en el BOE una vez haya adquirido firmeza administrativa, además de no poder ser nombrado para ocupar un alto cargo durante un período de entre 5 y 10 años. Las infracciones muy graves, además, conllevan la destitución en los cargos públicos que ocupen.