El conseller de Hacienda, Vicent SolerVALENCIA. El Consell quiere evitar a toda costa quedarse sin los ingresos del Impuesto de Patrimonio, algo que sucederá si se consuma la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno en funciones ya ha anunciado que piensa llevar a cabo. La decisión implica la entrada automática en vigor de una "bonificación del 100%" en este impuesto con efectos desde el 1 de enero de 2017, lo que para la Comunitat supondría dejar de recaudar más de 130 millones de los grandes patrimonios valencianos.
Por ese motivo, según confirman a este periódico fuentes de la Conselleria de Hacienda, el Consell va a dirigirse al Gobierno en funciones para pedirle que haga cuanto esté en su mano para evitar que se dé esa situación. El hecho de que sea una situación que afecta a todas las comunidades autónomas -excepto a la Comunidad de Madrid, que lo mantiene bonificado al 100%- permite al Ejecutivo valenciano albergar esperanzas sobre la voluntad para buscar una solución.
El Gobierno central recuperó el Impuesto de Patrimonio en 2011 para aliviar el desplome de ingresos tributarios de las comunidades autónomas por la crisis. Se hizo de forma temporal y con la idea de retirarlo en pocos años, pero la desaparición de este impuesto se ha ido posponiendo año tras año en los diferentes Presupuestos Generales.
La última prórroga al Impuesto de Patrimonio se introdujo en los Presupuestos Generales del Estado de 2016, pero en los mismos se incluyó, como cada año, también la modificación del artículo 33 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio para aplicar sobre la cuota íntegra del impuesto "una bonificación del 100%" con efectos desde el 1 de enero de 2017.
La Conselleria de Hacienda, que este año planea incluir de nuevo en su proyecto de Presupuesto cerca de 1.300 millones en ingresos ficticios para cuadrar los números, no puede permitirse quedarse sin los ingresos que obtiene del impuesto que están obligados a pagar cerca de 20.000 ricos valencianos.
Por ello, el departamento que dirige Vicent Soler va a buscar asesoramiento en la Abogacía de la Generalitat con el fin de explorar si existen vías para evitar que la supresión efectiva del impuesto entre en vigor a partir del próximo 1 de enero. Una de las primeras dudas jurídicas que se pretende resolver es si la habilitación legal se prorroga con las cuentas.
La disposición que modifica el citado artículo 33 se ha venido cambiando cada año para aplazar otro ejercicio más la bonificación total del impuesto, pero el Gobierno en funciones no va a elaborar un nuevo presupuesto la la bonificación del 100% sobre el impuesto entraría en vigor el 1 de enero de 2017 con efectos desde el 1 de enero de 2018.
El Impuesto de Patrimonio se devenga a 31 de diciembre y se cobra en junio del año siguiente. Las comunidades autónomas tienen transferida tanto la recaudación como la capacidad normativa sobre el mínimo exento, el tipo de gravamen y las deducciones y bonificaciones de la cuota.
En el caso de que se consumase la prórroga de los PGE y la bonificación del 100% sobre el Impuesto de Patrimonio, el efecto se produciría sobre la cantidad devengada a 31 de diciembre de 2017, mientras que el ingreso se perdería en junio de 2018.
El Gobierno en funciones tiene suspendida la capacidad legislativa, por lo que el margen de maniobra se reduce mientras no se forme un nuevo Ejecutivo. Si se consuma la repetición de las elecciones en diciembre, la Conselleria de Hacienda maneja la hipótesis de que, con un nuevo gobierno, a principios del próximo año se podría restablecer la capacidad normativa de las comunidades sobre el impuesto mediante un Decreto Ley.
Según los datos difundidos recientemente por la Agencia Tributaria sobre la liquidación de este impuesto, las comunidades autónomas ingresaron 937,02 millones de euros con el Impuesto de Patrimonio. En el caso de la Comunitat fueron 107 millones de euros. Si se tienen en cuenta las medidas que entraron en vigor este año para aumentar la recaudación cuyo impacto se estimó en algo más de 29 millones, la merma de ingresos a la que se expone la Generalitat es de 130 millones de euros.
En 2014, último año sobre el que la Agencia Tributaria ha ofrecido datos de recaudación, se registraron 18.852 declarantes valencianos, con un patrimonio medio de 2,89 millones de euros. El mínimo exento estaba fijado entonces en 700.000 euros, pero el actual Consell lo rebajó a 600.000 en la Ley de Acompañamiento a los presupuestos de este año, lo que amplió la base de contribuyentes afectados por este tributo a 19.427 personas.
La posibilidad de perder la recaudación del Impuesto de Patrimonio surge en pleno proceso de elaboración del Presupuesto de 2017, año en el que el Consell prevé llevar a cabo una subida de los impuestos que podría centrarse sobre el tributo que grava los grandes patrimonios y otros como Sucesiones y Donaciones.
