VALÈNCIA. Falta algo menos de año y medio para las elecciones autonómicas y locales que, teóricamente, deberían celebrarse el 26 de mayo de 2019, si bien la fecha establecida es el 9 de junio para hacerlas coincidir con los comicios europeos. Una simultaneidad que no agrada especialmente a las fuerzas políticas que sustentan el Consell, PSPV y Compromís, dado que consideran la inclusión de la convocatoria extra como un factor que desestabiliza el debate puramente autonómico. O lo que es lo mismo, la coincidencia con las europeas permite una mayor influencia de las marcas nacionales en el proceso valenciano y eso puede diluir la venta sobre la gestión del Consell.
No obstante, hay otro factor que inquieta al entorno del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Una posible maniobra por parte de Mariano Rajoy encaminada al 'todo o nada' que cristalizaría en un adelanto también de las elecciones generales al 9 de junio de 2019. De esta manera, todos los comicios se celebrarían el mismo día en la Comunitat Valenciana: locales, autonómicos, nacionales y europeos.
Una posibilidad que no se antoja descabellada si se atiende a las circunstancias en las que navega el presidente del Gobierno. Un atasco de difícil resolución respecto a la aprobación de los Presupuestos, el conflicto entre comunidades autónomas por la financiación autonómica y, en general, la problemática global con la que se encuentran los populares al estar en minoría en el Congreso.
No obstante, a día de hoy los números no le responden al PP. El mal resultado en Cataluña y el golpe de mano de Ciudadanos se han trasladado a los sondeos de forma notable: en el último CIS, los populares se mantenían como primera fuerza pero sufrían una caída que les dejaba en un 26,3% de apoyo, casi siete puntos menos que los conseguidos en las elecciones de 2016. El PSOE se quedaba en un 23,1% y Ciudadanos se elevaba hasta un 20,7%, casi ocho puntos por encima de lo cosechado en los pasados comicios.
Ahora bien, dirigentes del PP consultados por este diario confían que en los próximos meses esa tendencia tienda a la reversión. La posibilidad de que Rajoy subiera la apuesta y se lanzara a un desafío global frente a Ciudadanos no se descarta: una sola batalla en todos los frentes en la que quizá los populares pudieran recuperar votantes por arrastre ante la fuerza naranja de Albert Rivera.
Una guerra que no conviene a las fuerzas del Consell. La tendencia general en los comicios es que no abunda la diversificación del voto: lo habitual es que los electores elijan al mismo partido para las distintas urnas, sean dos o cinco. Un proceso este que se convertiría en una batalla en el marco estatal que diluiría más que probablemente los argumentos de corte autonómico y que posiblemente beneficiara a la líder del PPCV, Isabel Bonig, que podría recibir un espaldarazo de la marca estatal.
Con este escenario, no resulta extraño que voces del entorno del presidente de la Generalitat comenten en privado la opción de, en un momento dado, promover un adelanto de las elecciones valencianas. Una potestad que tiene el jefe del Consell. En este sentido, y más allá de los motivos estratégicos, algunos dirigentes consideran que se puede construir un relato de fuerza basándose en la fallida promesa respecto a la reforma de la financiación autonómica: un compromiso hecho público por Rajoy en enero de 2017 para plasmar el pasado ejercicio y que, a día de hoy, más de un año después, sigue sin concretarse y sin visos de mejoría.
Así, esta podría ser uno de los ejes centrales del discurso, junto a otros como la deuda histórica, de cara a argumentar un adelanto electoral. Más aún cuando la posición respecto a estas cuestiones no resultan tan sencillas de defender en la Comunitat para PP y Cs a la vista de las posturas que posteriormente adoptan en Madrid. De esta manera, se podría plantear un avance de los comicios como un examen antes los ciudadanos de la gestión del Gobierno valenciano frente al Ejecutivo de Rajoy, con las dificultades de cubrir las necesidades en materia de sanidad, educación y servicios sociales por culpa de la infrafinanciación que a día de hoy sufre la Comunitat por el actual modelo.
Una vía que genera muchas dudas internas en el seno del PSPV y en el propio Gobierno valenciano pero que tiene partidarios si se consigue construir el relato adecuado. Las fuentes consultadas por Valencia Plaza señalan que, a priori, Puig confía en mantener la hoja de ruta y agotar la legislatura, pero algunos de sus colaboradores así como varios dirigentes del partido ya hacen cábalas e incluso comentan en privado la necesidad de estudiar esta posibilidad.
Otro argumento a favor de un adelanto de las autonómicas se sitúa en un plano también tiene que ver con lo orgánico. Fuentes del PSPV admiten que la separación de las locales y autonómicas ha sido defendida por varios dirigentes en más de una ocasión: el motivo, la mayor implicación de los alcaldes socialistas en la campaña autonómica si se celebra previamente a los comicios locales. Es decir, cuando se celebran de forma conjunta, es inevitable que los responsables municipales están más centrados en su resultado que en el debate autonómico. En cambio, si hay adelanto autonómico -el PSPV cabe recordar que tiene unas 230 alcaldías en la Comunitat- los primeros espadas locales se implican más en la campaña del president dado que van más liberados y que, además, un buen resultado en la Generalitat puede beneficiarles en la contienda local.
Ahora bien, otro factor a tener en cuenta de cara a un posible adelanto electoral será también cómo se desarrolle la relación con Compromís en la recta final de la legislatura y, en menor medida, con Podemos, el socio externo del Consell. Si la tensión se eleva en los próximos meses entre las dos formaciones que dirigen el Gobierno valenciano, también se incrementarían las opciones de un adelanto electoral antes de que pueda caer la credibilidad de un ejecutivo en plena batalla interna. Con esta opción, se evitaría además tener que afrontar una nueva batalla con los Presupuestos para 2019, dado que se aplazarían hasta la existencia de otro gobierno.
La magistrada apunta a irregularidades administrativas y al desequilibrio en la distribución del dinero, pero no aprecia ilícito penal