VALÈNCIA. La Comunitat Valenciana cerró el ejercicio 2019 con un déficit equivalente al 1,91% de su PIB, muy por encima del límite del –0,1% marcado como objetivo para las Comunidades Autónomas de régimen común. Aunque la evolución mensual ya permitía avanzar que la Comunitat iba a quedar muy por encima del techo fijado por el Consejo de Política Fiscal (CPFF), la desviación es histórica. Respecto al año anterior, el desfase se incrementa en nada menos que 600 millones de euros, seis décimas más.
Así consta en los datos de cierre presupuestario que este martes dio a conocer el Ministerio de Hacienda, en el que se revela que el déficit del conjunto de las administraciones públicas fue del 2,7% del PIB (33.223 millones de euros), un 8,9% superior en la que supone la primera subida desde 2012.
En el caso de la Comunitat Valenciana, la desviación alcanzó el año pasado los 2.194 millones, la mayor del conjunto de las comunidades a mucha distancia de la segunda, Cataluña, con 1.329 millones de déficit (-0,56%) en 2019.
No obstante, descontado del déficit el efecto de la mensualidad de IVA de 2017 que las comunidades esperaban cobrar pero que no se hizo efectivo al no aprobarse los Presupuestos Generales del Estado, el déficit de la Comunitat sería del 1,71%. El Ministerio de Hacienda se comprometió con las comunidades a no tener en cuenta en el déficit de 2019 la parte imputable al IVA pendiente de 2017.
Descontado o no el efecto del IVA, la Comunitat continúa a años luz del límite máximo, fijado en el –0,1% para 2019, lo que la mantiene obligada a presentar cada año un Plan Económico Financiero (PEF).
El incremento del déficit de la Comunitat el año pasado se produjo, además, a pesar de haber contado con cerca de 700 millones de euros más del sistema de financiación respecto al año anterior, ya que las entregas a cuenta crecieron de 8.695 millones en 2018 a 9.433 millones el pasado ejercicio.
Además, cabe recordar que el Ministerio de Hacienda envió el pasado mes de agosto un requerimiento a la Comunitat en el que exigía aplicar retenciones de crédito por valor de 364 millones de euros ante el ritmo con el que aumentaban los gastos del ejercicio.
Para el conseller de Hacienda, Vicent Soler, el desfase de 1.964 millones de euros entre ingresos y gastos es consecuencia de la infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana, "como consecuencia de un sistema de financiación injusto y obsoleto y las consecuencias derivadas del bloqueo político que impidió la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado".
En un comunicado, Soler defiende que la política de gasto de la Comunitat ha sido la de converger con el gasto por habitante del conjunto de CCAA de régimen común, "con el objetivo de ofrecer a los ciudadanos valencianos los mismos derechos que el resto de ciudadanos españoles", lo que explica en gran parte el incumplimiento del déficit.
Así, el gasto no financiero liquidado de Generalitat en 2019 aumentó respecto a 2018 en más de 1.108 millones de euros, un 7,26% más. "Desde el Consell hemos realizado un esfuerzo para confluir con el gasto medio del resto de comunidades autónomas", destaca el titular de Hacienda.
Con todo, sí admite que los ingresos tributarios propios sufrieron una disminución respecto a las estimaciones iniciales del Consell por la ralentización de la economía, con una especial incidencia en el mercado inmobiliario, que en agosto de 2019 sufrió un descenso del 21% en inscripciones registrales respecto a agosto del año anterior.
Para el conjunto de las administraciones, el déficit de 2019 se elevó al 2,7% del PIB. El Gobierno esperaba haber podido reducir el déficit del 2,5% del PIB registrado en 2018 al 2% en 2019. Para este año, la nueva senda de estabilidad presupuestaria aprobada por el Gobierno fija unos objetivos de déficit público del 1,8%; del 1,5% en 2021, del 1,2% en 2022 y del 0,9% en 2023.
Por administraciones, establece para este año una meta del 0,5% del PIB para el Estado, del 1,1% a la Seguridad Social y dos décimas para las comunidades autónomas, frente al equilibrio presupuestario de los entes locales.
En cuanto a la deuda pública, tras cerrar 2019 en el 95,5% del PIB, cuatro décimas por debajo de la meta que se había marcado el Ejecutivo, ha fijado un objetivo del 94,6% para este año.
El Banco de España, por otro lado, también dio a conocer este martes la deuda del conjunto de las administraciones públicas, que en el caso de la Comunitat se incrementó en 1.351 millones de euros en 2019 hasta 48.432,7 millones, lo que supone el 42,1% del PIB, la más alta del conjunto de comunidades autónomas.
Para el conseller de Hacienda, Vicent Soler, la explicación es a "infrafinanciación estructural" que padece la autonomía y la financiación del exceso de déficit a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). De hecho, recalcó que el aumento respecto a 2018 es "prácticamente coincidente" con los 1.325 millones "reivindicativos" que incluye cada año la Generalitat en sus presupuestos.
Soler destacó que el incremento del endeudamiento de la Comunitat "responde prácticamente en su totalidad a los recursos recibidos a través del FLA, un instrumento creado para inyectar liquidez en las comunidades autónomas por la vía del crédito, pese a que se ha reclamado insistentemente un nuevo sistema de financiación autonómica más justo y solidario con la Comunitat Valenciana".
En concreto, el incremento anual viene motivado por la financiación a través del FLA extra del exceso de déficit de 2018, lo que representa un aumento de la deuda de 1.101 millones de euros; por la financiación del déficit objetivo de 2019 equivalente al 0,1 % del PIB, lo que supone 116 millones de euros y por la financiación de la devolución de las liquidaciones negativas de 2008/09 por un importe de 91 millones.
Adicionalmente, y para completar la variación de deuda del año 2019, se han realizado operaciones de tesorería a corto plazo que han supuesto un aumento del endeudamiento cifrado en 55 millones de euros; así como reducciones en operaciones varias, de leasing, sector público y métodos alemanes, por un importe de 12 millones de euros.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral