VALÈNCIA (EP) La Sindicatura de Comptes llama la atención en su informe de fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat correspondiente al ejercicio 2018 "por el aumento del déficit respecto al ejercicio anterior" y señala que esta circunstancia "rompe la tendencia después de tres años de ir bajando", algo que achaca a un aumento de los gastos sobre los ingresos.
Así lo ha afirmado este lunes el síndic major de Comptes, Vicent Cucarella, tras entregar el informe al presidente de Les Corts Valencianes, Enric Morera, durante un acto en el que ha apuntado, en declaraciones a los medios, que "aumentar el déficit es algo que debemos evitar siempre". "Hasta ahora la Generalitat había sido muy moderada en el gasto, que había sido per capita inferior a otras comunidades autónomas pero ahora ya estamos en la media", ha expuesto.
El síndic ha manifestado también que no se han encontrado situaciones "en las que puedan concurrir las características de responsabilidad contable" y ha resaltado "la dificultad para valorar adecuadamente algunas obligaciones" de la Generalitat.
El informe destaca, asimismo, el "importante desequilibrio" de la situación patrimonial de la Generalitat a finales del pasado año, con unos fondos propios negativos por 30.096,6 millones de euros, así como que la deuda financiera ha subido hasta los 46.782,6 millones. No obstante, precisa que el endeudamiento en porcentaje del PIB se ha reducido por segundo año consecutivo. Además, recoge que en 2018 se han tramitado 384 expedientes de resarcimiento por enriquecimiento injusto por un importe conjunto de 1.422,4 millones de euros.
Igualmente, el documento recomienda que la Generalitat incluya en sus presupuestos iniciales de transferencias que debe recibir del Estado, a partir del sistema de financiación autonómico, "únicamente las previsiones de ingresos que de manera razonable espera obtener, teniendo en cuenta que la determinación de estas se encuentra reglada en el marco normativo de aplicación".
En este punto, preguntado por los 1.325 millones contemplados en los presupuestos incluidos de manera reivindicativa por la infrafinanciación de la Comunitat, Vicent Cucarella ha compartido la idea de que "son reivindicativos" pero ha insistido en la necesidad de presupuestar "de manera realista".
"Sabemos cuál es la causa que hay detrás de este tema, una falta de financiación autonómica que ponemos en valor en el informe, pero lo que tenemos que procurar es que se respete presupuestar" de manera "realista", ha planteado al respecto. De esta forma, ha aseverado que "mientras no haya realmente una previsión de que va a entrar una partida adicional", no se puede "aceptar que aparezca" una "partida que es ficticia".
Respecto a la infrafinanciación autonómica, la Sindicatura de Comptes resalta en su informe que "hace tiempo" que alerta de "las consecuencias negativas" que para la Comunitat tiene contar con "ingresos menores" y señala que eso supone "una serie de deficiencias que impactan de forma muy significativa en las financias" de este territorio.
En esta línea, sostiene que hay "falta de equidad vertical", dado que se da "una distribución inadecuada de recursos financieros entre los diferentes niveles de la administración pública de la que resultan damnificadas las autonomías", a la que su suma "falta de equidad horizontal" que hace que la Comunitat presente "una balanza fiscal negativa --a pesar de tener un PIB per cápita inferior a la media--". Añade que esto "explica en gran manera su enorme deuda pública acumulada".
Asimismo, el informe plantea que la acumulación de déficits en la liquidación del presupuesto de la Generalitat ha provocado que la Comunitat Valenciana sea la autonomía con "mayor ratio de deuda pública respecto a su PIB". A este respecto, apunta que "la elevada deuda pública condicionará negativamente el desarrollo futuro de los servicios públicos valencianos, a no ser que se tomen medidas de resarcimiento de la infrafinanciación autonómica padecida durante los últimos años".
La Sindicatura de Comptes añade que en el ejercicio 2018 el déficit de la Comunitat Valenciana ha sido del 1,4 por ciento del PIB regional, superior al objetivo del 0,4 por ciento establecido por el Consejo de Ministros. Además, expone que el incremento en el gasto computable del pasado año, del 7,7 por ciento, ha superado la variación máxima permitida del 2,4 por ciento, por lo que "se ha incumplido la regla de gasto" en ese ejercicio presupuestario.
En concreto, en cuanto a las excepciones en la auditoría financiera de las cuentas, Cucarella ha subrayado que hay 38 liquidaciones anuales del modelo de concesión hospitalaria que aún no están --pendientes de aprobación-- porque "no están acabadas de elaborar o se han quedado sin aprobarse" y obligaciones derivadas del Plan de Vivienda que "todavía no está claro completamente cuáles son las contraídas". En el primero de los casos, no es posible, por tanto, determinar los efectos que tendría el adecuado reflejo contable sobre la cuenta de la administración.
Igualmente, la Sindicatura de Comptes indica en su informe que no se ajusta a las disposiciones legales el acuerdo transaccional suscrito con la concesionaria del servicio de asistencia sanitaria integral del Departamento de Salud de la Ribera, por lo cual se revisan las liquidaciones de 2013 a 2015, ni los dos acuerdos transaccionales suscritos con la Fundación IVO.
En su informe, la Sindicatura de Comptes habla también de "dos retos que debe afrontar la economía a medio plazo: atenuar el cambio climático y adaptarse al declive de la energía procedente de combustibles fósiles" y considera que "es imprescindible abordar un proceso de sustitución en la matriz energética como no se ha planteado nunca antes".
En esta línea, asevera que "resulta necesaria una transición social y sistémica que nos acerque a posiciones compatibles con una dotación energética menor y respetuosa con la capacidad de carga de la biosfera, ahora ampliamente superada".
"Esta transformación energética, social y económica tan necesaria, no solo por la misma disminución de combustibles fósiles sino también para atenuar el cambio climático-- implicará situarse en un nivel menor de energía limpia, con el consiguiente efecto negativo sobre la capacidad de crecimiento económico y sobre la generación de ingresos públicos", detalla el informe, que agrega que esto "obligará a ceñir las prioridades del sector público y a aumentar la eficacia y eficiencias en la prestación de los servicios públicos fundamentales", afirma.
