BRUSELAS. Superar la crisis post pandemia y superar el bloqueo político del paquete financiero son los dos retos que presentó el vicecanciller Olaf Scholz, en representación de la presidencia alemana, durante el Consejo de ministros de Economía y Hacienda de la Unión Europea (Ecofin) celebrado este martes.
Al mismo tiempo adelantaba que la suspensión del Pacto de Estabilidad no sería eterno y que la sostenibilidad de la deuda exigiría de nuevo medidas de austeridad en un futuro. Junto al vicepresidente y comisario de economía y finanzas, Valdis Dombrovskis, ambos presentaron los resultados del Semestre Europeo, que un día antes había sido abordado en la reunión del Eurogrupo con un claro apoyo a la reforma del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).
Con ello hacía referencia a la dificultad que encara el Consejo Europeo de los días 10 y 11 de diciembre, donde los líderes de los Estados miembros deberán llegar a un consenso con los dos países disidentes, Hungría y Polonia, que se niegan a ratificar el acuerdo de julio con el Marco Financiero Plurianual (MFP) y el paquete de recuperación EU Next Generation. Ambos países se oponen al mecanismo de condicionalidad, que supedita los fondos al cumplimiento del Estado de Derecho. Este desacuerdo provocará un peligroso retraso en la recepción de los fondos de recuperación para la mayoría de los Estados miembros. “Somos una comunidad en la que el principio del Estado de derecho está en la base de la democracia, espero que todos pensemos que somos los suficientemente inteligentes para hallar una solución”, añadió junto al vicepresidente Valdis Dombrovskis.
Olaf Scholz explicó que los ministros de Hacienda habían tranquilizado a los mercados financieros con las medidas tomadas en cada país durante la pandemia, mientras los trabajadores se beneficiaban de los programas SURE. El instrumento para los 672.000 millones en fondos de recuperación fue aprobado por el Ecofin de octubre y “necesitamos consenso para que puedan utilizarse cuanto antes”, explicó el vicecanciller alemán. Y añadió que “cerrar 2020 con un acuerdo será un punto sin retorno para una Europa más solidaria y soberana”, apelando a una “arquitectura financiera propia” que genere nuevos ingresos en los mercados internacionales y con más recursos propios.
Scholz se refirió también a la propuesta de la Comisión de una tasa digital, como una de las prioridades en política fiscal. El objetivo es alcanzar una “fiscalidad justa que supere los retos de la globalización”. A partir de 2023, anunció, las plataformas digitales deberán “dar cuentas” a las autoridades fiscales, ya que la Unión Europea será la primera en regularizarlas.
Respecto al Semestre Europeo que se cierra, Scholz se refirió a la presidencia alemana, que se despide este mes para dar paso a Portugal y que “ha demostrado que la idea europea está viva y nuestros valores también, con la solidaridad como bandera de nuestra Unión”. El vicecanciller resaltó la respuesta de la presidencia a la crisis, la fiscalidad y la unión del mercado de capitales. No obstante, reconoció que “las perspectivas económicas son inciertas y la recuperación llevará más tiempo de lo que pensábamos”. La Comisión ha presentado el paquete de otoño, con un conjunto de prioridades en los que señala la sanidad, la recuperación económica y facilitar la transición verde y digital.
Sobre el instrumento de recuperación y resiliencia EU Next Generation, Scholz manifestó que había que “dar la vuelta a nuestras economías”, dentro de un entorno macroeconómico que lleve a la confianza cuando las condiciones lo permitan. Ésta fue la mala noticia adelantada de las intenciones futuras, una vuelta a la austeridad y al control del gasto públicos que terminará con la suspensión del Pacto Europeo de Estabilidad decretada por la Comisión Europea el pasado 26 de marzo, con la emergencia sanitaria provocada por la covid-19. “Los Estados deberán retornar una política fiscal que permita la sostenibilidad de la deuda, con un mercado de capitales integrados”, sentenció.
Respecto a la salida de la crisis, también apeló a los bancos, “que tienen un papel clave siguiendo prestando dinero a la economía real”, además de aludir a los avances en la Unión Bancaria, con una mayor integración del sector bancario. También se refirió a la ampliación de las normas de transparencia para las plataformas digitales. “Una fiscalidad justa requiere reformas a nivel internacional y en el G20, un consenso global para poner un impuesto al sector digital”, explicó Scholz. Si no hay un acuerdo mundial antes de final de 2021, la Comisión hará sus propias propuestas.
El vicepresidente Dombrovski explicó, a preguntas de los periodistas, que respecto a la fiscalidad digital esperan tener el máximo consenso y, sobre todo, incluir a Estados Unidos en este reto. “Saber que no se está solo en el mundo es algo importante”. Y añadió que “ha hecho daño quien no se ha dado cuenta antes”, en referencia a la Administración de Donald Trump. “Esperemos que con la nueva Administración estadounidense estemos todos ahí para llegar a un consenso sobre la fiscalidad digital. No podemos permitir un conflicto mundial ante un impuesto relativamente bajo”, manifestó.
En este sentido, la Presidencia informó a los ministros sobre el acuerdo alcanzado a nivel técnico sobre las modificaciones de la Directiva del Consejo sobre cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad («DAC 7»). Según las nuevas reglas, a partir de 2023, las autoridades fiscales de los Estados miembros intercambiarán automáticamente información sobre los ingresos obtenidos por los vendedores en las plataformas digitales. Esto ayudará a prevenir la evasión y la elusión fiscales en relación con las actividades en dichas plataformas.
Las nuevas reglas también mejorarán el intercambio de información y la cooperación entre las autoridades fiscales de los estados miembros. Por ejemplo, será más fácil obtener información sobre grupos de contribuyentes y habrá mejoras en las reglas para realizar controles simultáneos y permitir que los funcionarios estén presentes en otro Estado miembro durante una investigación. Las nuevas normas también proporcionan un marco para que las autoridades competentes de dos o más Estados miembros realicen auditorías conjuntas. Este marco estará operativo en todos los Estados miembros a partir de 2024 a más tardar.
En cuanto al fortalecimiento de la Unión Bancaria, los ministros hicieron balance y discutieron todos los elementos considerados esenciales, como las medidas destinadas a mejorar la gestión de las crisis bancarias, mayor integración del mercado del sector bancario de la UE y equilibrio entre el país de origen y el anfitrión. En su informe de situación, la Presidencia invitó a la presidencia portuguesa entrante a aprovechar los avances realizados y seguir trabajando para fortalecer la Unión Bancaria, abordando todos los elementos.