El Ejecutivo compromete 12 millones de gasto para compensar a empresas de transporte marítimo

VALÈNCIA. (EP) El Gobierno ha comprometido 12 millones de euros de gasto con cargo a los Presupuestos Generales para compensar económicamente a varias empresas de transporte marítimo por su prestación de servicio de navegaciones.

En concreto, el Consejo de Ministros ha aprobado una modificación de los PGE para poder adquirir compromisos de gasto con cargo a al ejercicio de 2024. Se trata de varios contratos de transportes marítimos públicos que finalizan el año que viene, por lo que ahora el Gobierno tiene que comprometer las anualidades correspondientes al año que viene, que no se contemplaban en un inicio porque finalizaban antes y que se cargan a los Presupuestos Generales.

Así, se posibilita a la Dirección General de la Marina Mercante--dependiente del Ministerio de Transportes-- compensar económicamente a diversas empresas públicas o privadas de transporte marítimo por la prestación del servicio de navegaciones de interés público.

Los compromisos anunciados hacen referencia a tres contratos. El primero de ellos es la gestión de la línea marítima entre la Península y Canarias, adjudicada a Transmediterránea en junio de 2022 con un duración de dos años, por un importe total de 4,2 millones, a razón de 2,1 millones por año.

El periodo establecido en el contrato es desde el 1 de julio de 2022 hasta el 30 de junio de 2024, por lo que el importe que le corresponde a la anualidad de 2024, es de 1,234 millones, cifra esta última que se encuentra como gasto comprometido.

El segundo de los contratos, concedido a Balearia Eurolíneas, se refieren a los dos lotes del tramo Málaga-Melilla (lote 1) y de los tramos de Almería-Melilla y Motril-Melilla (lote 2). La duración del contrato es de un año y es vigente hasta el 31 de marzo de 2023 por un importe anual de 11.152.000 euros por ambos lotes.

Como se está tramitando una prórroga de seis meses de ambos contratos, su vigencia finalizará el 30 de septiembre de 2023. De este modo, el importe de la prórroga por seis meses es de 5,576 millones de euros.

Por esto, según explica el Gobierno, es necesario iniciar la tramitación de un expediente para la licitación de un nuevo contrato con una duración de un año para el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2023 hasta el 30 de septiembre de 2024, con posibilidad de prórroga por un año, siendo el importe anual de la licitación de 12,048 millones de euros.

De esta última cifra, 10,04 millones corresponden al ejercicio de 2024, que son los que se comprometen con el acuerdo del Consejo de Ministros.

Por último, se han comprometido otros 740.000 euros de un contrato también firmado con Balearia Eurolíneas Marítimas, esta vez para la gestión de una línea entre Algeciras y Ceuta. En principio, el contrato duraba un año, desde el 1 de julio de 2021 hasta el 30 de junio de 2022, pero fue prorrogado por un año, hasta el 1 de julio de 2022, con lo cual su vigencia se extiende hasta el 30 de junio de 2023.

Con las prórrogas incluidas, el importe de la anualidad asciende a 1,265 millones. Sin embargo, es necesario iniciar la tramitación de un expediente para la licitación de un nuevo contrato con una duración de un año para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2023 hasta el 30 de junio de 2024, con posibilidad de prórroga por un año. De este modo, para 2024 se retiene el correspondiente crédito, que asciende a 740.000 euros.

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado este lunes el Real Decreto que da luz verde al Reglamento de Ordenación de la Navegación (RON) para modernizar el régimen de la navegación de los buques que transitan por los espacios marítimos en los que España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción.

El reglamento ha sido elaborado por la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM), perteneciente al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma).

El RON tiene como objetivo mejorar la seguridad marítima y la protección del medio ambiente y simplificar la burocracia mediante el uso de aplicaciones electrónicas que facilitan los trámites exigidos a las navieras para realizar su actividad en el mar.

Como novedad, se regula la autorización de entrada y estancia de buques y embarcaciones en los espacios marítimos españoles y las operaciones fuera de límite, lo que implica que los buques que transporten mercancías peligrosas o representen un peligro potencial (estén averiados, soliciten asistencia o refugio) necesitarán una autorización expresa para navegar por nuestras aguas.

Las Capitanías Marítimas, dependientes de la DGMM, podrán adoptar medidas para prevenir los riesgos que puedan representar este tipo de buques y expulsarlos de los espacios marítimos españoles en determinadas circunstancias.

También introduce mejoras en los trámites que tienen que realizar las armadoras a la hora de solicitar el despacho y el enrole y desenrole de las tripulaciones. Con el nuevo Reglamento y con carácter general, se concede el despacho del buque --necesario antes de emprender una travesía-- y la autorización de embarque y desembarque de la tripulación mediante una declaración responsable y la presentación de la documentación por parte del armador, aunque la Administración marítima tendrá después que supervisarlo.

Esta norma abre el camino de otras reformas ya iniciadas para simplificar las medidas establecidas en la regulación reglamentaria de la Marina Mercante española, lo que favorecerá una mayor seguridad jurídica tanto para la propia Administración como para los navieros españoles.