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jaime febrer llega a una conformidad junto al resto de acusados

El empresario del 'caso Azud II' reconoce un delito fiscal y acepta seis meses de cárcel

13/07/2021 - 

VALÈNCIA. El considerado como principal cabecilla del 'caso Azud II', Jaime Febrer, se ha sentado este martes en el banquillo de los acusados junto a otras nueve personas por delito fiscal en otra causa judicial en la que se encontraba implicado. El empresario ha reconocido su comisión y ha aceptado una pena de seis meses de cárcel y una multa de 5.400 euros. La Fiscalía le pedía inicialmente tres años de prisión por estos hechos en grado de tentativa debido a una operación vinculada a un PAI en La Vila Joiosa. De acuerdo con la investigación, se redujo cuotas de IVA en una sociedad creada para ello. 

Febrer, que se encuentra en prisión preventiva desde el pasado 15 de mayo por Azud, se ha desplazado desde Picassent a la Ciudad de la Justicia de València esta mañana custodiado por la Policía. El juicio, que se ha celebrado en el Juzgado de lo Penal número 7, ha quedado suspendido durante dos horas a la espera de un informe forense a uno de los acusados para que se determinara si estaba capacitado para tomar decisiones en este procedimiento que le afecta. Finalmente, se le ha sobreseído provisionalmente la causa al concluir que no y la vista ha continuado para el resto.

Todos ellos han llegado a una conformidad y han reconocido los hechos, de manera que la Fiscalía ha rebajado la petición de pena para Febrer a los seis meses de cárcel.   

Según el relato de hechos, Febrer, junto a otros acusados, como representantes de una sociedad, solicitaron indebidamente una cuota a devolver en el impuesto del IVA del ejercicio 2007 superior en 256.000 euros a la que correspondería de no haber consignado en la declaración del impuesto como IVA soportado el importe derivado de cuatro facturas por importe cada una de ellas de 464.000 euros.

La sociedad tenía por objeto social la compraventa, construcción, promoción de inmuebles, intermediación en operaciones inmobiliarias y la realización de las actividades propias del agente urbanizador.

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