VALÈNCIA. El equipo más cercano del expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez ha defendido este martes la legalidad de las contrataciones de altos directivos en Divalterra por las que están acusados. El secretario-letrado asesor de esta empresa pública, Jorge Cuerda, y dos asesores de la corporación provincial, Ricard Gallego y Manuel Reguart, han declarado durante la cuarta sesión del juicio del conocido como caso Alquería, centrado en los presuntos delitos de prevaricación y malversación por los siete contratos supuestamente irregulares de altos directivos del PSPV y Compromís en Divalterra. Todos ellos se han negado a responder a las preguntas de la Fiscalía y de las acusaciones.
El juez consideró que Gallego, Cuerda y Reguart llevaron a cabo un plan preconcebido junto a Rodríguez –al tratarse de las personas más cercanas al expresidente– para colocar a gente afín a los dos partidos políticos en los puestos de dirección, lo que habría generado un perjuicio para las arcas públicas de 1,1 millones de euros. El magistrado llegó a situar a Cuerda como "presunto director de facto" de la empresa pública.
El primero en declarar ha sido Ricard Gallego, quien ocupaba la jefatura de Gabinete de Rodríguez. "Nunca tuve competencias para decidir sobre la contratación de personal ni intervine en ningún debate del Consejo de Administración de Divalterra", ha afirmado.
La Fiscalía, durante la investigación de la causa, ha hecho hincapié en el denominado Consejo de Dirección de la empresa. En su opinión, se trató en realidad de una "estructura de gobierno paralela a la auténtica voluntad del Consejo de Administración" de Divalterra y formada tan solo por los consejeros de PSPV y Compromís. A través de ella se habrían decidido las contrataciones y no existían actas.
Gallegó ha asegurado que no participó en las reuniones de este consejo y que no era político. La Policía, ha remarcado, se confunde en sus informes de la investigación porque él formó parte de algunos encuentros del Consejo de Dirección de la Diputación, no de Divalterra. En ellos se trataban asuntos con los diputados y asesores.
Ha negado, igualmente, que decidiera sobre las contrataciones de 2015, que diera instrucciones sobre el sentido del informe favorable a los nombramientos que hizo Jorge Cuerda y que transmitiera alguna orden para facilitar los contratos.
"De los altos cargos no se habló hasta 2018, cuando empezaron a salir las informaciones en los medios de comunicación sobre los problemas de legalidad. En ese momento se tenían que cubrir todavía dos vacantes en Divalterra y planteamos la necesidad de responder a la situación. Por eso decidimos que esos dos contratos nuevos pasaran por el Consejo de Administración", ha explicado sobre el hecho de que los anteriores no fueran a este órgano.
Gallego ha señalado que tanto el presidente de la Diputación como la vicepresidenta siempre decían que "no teníamos necesidad de hacer nada más que lo que recomendaran los técnicos".
A continuación, ha intervenido Jorge Cuerda. Su labor, ha detallado, era que ninguno de los acuerdos que pasaran por el Consejo de Administración tuviera tacha de ilegalidad. El que fuera letrado-asesor de Divalterra ha manifestado que realizó un informe favorable a las contrataciones a dedo de altos directivos porque no vio "ningún inconveniente desde el punto de vista legal" y no había ninguna auditoría que concluyera que no se podía contratar así.
De hecho, ha comparado lo sucedido en la empresa pública con la fundación municipal de empleo Valencia Activa, que nombró en 2017 y 2018 a dos subdirectores sin haber pasado por un proceso de selección. "Es lo mismo que se está juzgando aquí. El nombramiento de directivos con el informe favorable del secretario", ha comentado.
Seguidamente, ha declarado Reguart. Ha apuntado que se le trasladó un sistema de reparto de áreas en la empresa muy similar al acuerdo de gobierno inicial y que el Consejo de Dirección surgió para mejorar la eficiencia del funcionamiento de Divalterra, pero que "no suplantaba en funciones al Consejo de Administración" ni se votaban acuerdos ni tomaban decisiones. A él, ha destacado, acudieron en alguna ocasión los denunciantes del caso Alquería, José Luis Castellote y José Luis Pellicer.
Por último ha comparecido uno de los gerentes de la empresa pública, Xavier Simón. Ha afirmado que de las contrataciones se encargaba el departamentos jurídico –dirigido por José Luis Vera– y que no le dio ninguna relevancia al informe de Tomarial de 2018 contrario a las contrataciones porque era diferente "a lo que se decidió en el Consejo de Administración". "Las contrataciones estaban bien hechas y eran legales", ha añadido.
Ha negado, asimismo, que participara en las contrataciones y que hubiera presiones para llevarlas a cabo. También ha incidido en que el Consejo de Dirección no tomaba ninguna decisión y que los altos cargos trabajaron y ejercieron sus funciones.