El PP exige a Antifraude que envíe a Fiscalía el 'fichaje' de subdirectores en la fundación de empleo

VALÈNCIA. El último informe de la Agencia Valenciana Antifraude sobre las irregularidades en la contratación de dos subdirectores en la Fundación de empleo Valencia Activa no ha caído en el olvido, pese a publicarse en pleno verano. El Partido Popular de la ciudad, encabezado por María José Catalá, ha pedido a la Agencia que la cuestión acabe en Fiscalía para verificar si fueron ilegales aquellos 'fichajes', realizados cuando presidía la fundación la portavoz socialista Sandra Gómez.

En su último informe de investigación, adelantado por Valencia Plaza, Antifraude reconocía que la fundación municipal nombró en 2017 y 2018 a la subdirectora Mar Marín y al subdirector de Emprendimiento Javier Mateo -ahora concejal socialista- sin sostén jurídico y "sin respetar la aplicación de los principios" de mérito, igualdad, capacidad, publicidad y concurrencia de la normativa del empleado público. Hechos que, a juicio del organismo antifraude que dirige Joan Llinares, son "susceptibles de ser constitutivos de fraude o corrupción".

En ese sentido, la carta remitida a Antifraude el pasado 16 de septiembre por la portavoz adjunta del PP de València, María José Ferrer San Segundo, asegura que pese a haber hallado esos indicios, el organismo sólo efectuó "unas recomendaciones de mejora a futuro". Y recuerda que la ley por la que se rige el organismo le obliga a trasladar a la Fiscalía "de forma inmediata" los casos en los que haya "indicios" de "conductas o hechos presumiblemente constitutivos de delito". Algo que Antifraude reconoce en el propio informe sobre Valencia Activa.

Así, los populares recuerdan a Antifraude que sí remitió a fiscalía el caso de las prejubilaciones irregulares en la EMT de València, acordadas durante la época del PP. "Sin embargo, en el presente expediente de investigación no consta notificada al Ayuntamiento ni a la Fundación Valencia Activa, ninguna resolución por la que se acuerde su remisión al Ministerio Fiscal tras afirmarse que los hechos denunciados son susceptibles de ser constitutivos de fraude o corrupción", reza la misiva, para concluir pidiendo a la Agencia que cumpla con esta obligación o que informe sobre si ya lo ha hecho.

"Sin soporte jurídico"

Lo cierto es que Antifraude sostiene una interpretación de la norma diferente a la que hace el secretario municipal, quien rechaza que los contratos de directivos en la fundación debieran regirse por las mismas reglas que cualquier empleado público porque las fundaciones son entes de derecho privado. Sin embargo, la Agencia no comparte esto y cree que los principios de mérito, capacidad, idoneidad, publicidad y concurrencia son de aplicación "indiscutible", si bien no se cumplieron en aquellos dos casos.

Así pues, Antifraude presenta diferentes consultas de otras fundaciones del mismo carácter en las que se concluye que el personal laboral debe pasar por un proceso de selección bajo los principios básicos de la contratación pública. Asimismo, el organismo insiste en que se vulneraron las limitaciones presupuestarias de incremento de personal directivo, que debería haber contado con autorización previa.

Además, el organismo también señala que ambos puestos de subdirección se crearon "sin soporte jurídico previo" porque no estaban contemplados en los estatutos del organismo. Aspecto que el secretario municipal admite, pues los estatutos no recogieron estas dos figuras hasta su modificación en 2021.