Los acusados, en la vista oral.VALÈNCIA. Francisco Crispín, el exalcalde de Sagunto y funcionario del consistorio de Camp de Morvedre que se enfrenta a cinco años de prisión por una presunta malversación de 1.500 euros de dinero municipal, lo tuvo claro este miércoles en el uso del turno de última palabra que tienen los acusados. Era su oportunidad antes de que el caso quedara visto para sentencia. No dudó.
Crispín aseguró al tribunal, y a los presentes, que "todo esto obedece a una conspiración política de dos partidos políticos, con el único objetivo de eliminarme de la carrera política. He ganado todas las primarias a las que me he presentado, pero a los que maquinaron toda esta historia les ha ido muy bien, porque me expulsaron del partido el mismo día que presenté mi candidatura a las primarias del PSPV en Sagunt".
El ex primer edil, que fue el único de los cinco acusados en utilizar el derecho de última palabra, también dedicó parte de su discurso a sus compañeros acusados: "Nos sentamos cinco inocentes que han sido víctimas de una conspiración que sólo iba contra mí. Y lo lamento porque los conozco mucho y pondría la mano en el fuego por ellos, porque son completamente inocentes".
Pero donde el ex diputado provincial ve una conspiración y una denuncia política, la fiscal del caso sigue viendo un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos. "No era mucho dinero, pero era el dinero de todos", fue el centro de sus conclusiones, recordando otras sentencias parecidas donde políticos han sido condenados por cantidades pequeñas.
De hecho, la representante del Ministerio Público no modificó ni un ápice su escrito de acusación en el que pide cinco años de prisión para el exalcalde, una multa de 1.200 euros e inhabilitación como funcionario, y dos años de cárcel para cuatro compañeros del Servicio de Inspección Técnica de Actividades del Ayuntamiento de Sagunto, área en la que Crispín tiene la plaza como funcionario desde los años ochenta.
Esta causa se inició a raíz de la denuncia del exedil de Transparencia, quien puso de manifiesto presuntas irregularidades por aspectos relacionados con la gestión del ayuntamiento en anteriores legislaturas por el abono de facturas emitidas por tiendas de ropa con cargo a la institución, comercios en los que se vendían trajes de vestir o artículos deportivos de marca que no se correspondían con la ropa de trabajo que la corporación debía facilitar a los empleados que prestan servicios en puestos que impliquen un desgaste de prendas superior a lo normal o requieran medidas de protección, según el convenio, para lo que existe una partida presupuestaria.
En concreto, el escrito de calificación de la Fiscalía aseveraba, y sigue aseverando, que los acusados tenían una asignación de 300 euros bianuales para "gastar en ropa y calzado de uso diario por el desgaste que podían sufrir en el desempeño de su trabajo", pero que se lo gastaron en otras prendas.
Por su parte, las defensas de los acusados solicitaron la libre absolución para todos. El primero en hablar fue Emilio Pérez Mora, letrado de los cuatro que se sentaron en el banquillo junto al exalcalde. Pérez Mora dijo que "no hay delito formal, ni material, tan solo una mala praxis administrativa", basándose en que los acusados creían que podían gastar el dinero en lo que quisieran porque entraba dentro del convenio.
En este sentido afirmó que "ellos creían que podían gastar como buenamente quisieran, por lo que existe un error invencible del tipo, pues tenían un absoluto desconocimiento de que estaban cometiendo un delito". Y apostilló que, en todo caso, sería ilícita "la ropa comprada para familiares", pero no lo que adquirieron para ellos, que en el caso de los cuatro funcionarios ascendía a "218 euros entre 2007 y 2014".
El abogado de Francisco Crispín explicó que "el derecho penal no puede encargarse de la insignificancia". Y agregó que "la práctica ilegal es la del señor Peña (dueño de la tienda), que envía las facturas al ayuntamiento sin albaranes, no de los funcionarios. No existía mecánica para engañar al consistorio. Eso lo hacía el señor Peña porque le venía bien". El letrado llegó incluso en sus conclusiones a acusar al comerciante de "faltar a la verdad, porque Crispín pagó la mirilla de su dinero, pero después esta factura se incluyó al cobro al ayuntamiento", en referencia a una mirilla telescópica que según la Fiscalía se pagó con dinero municipal.
