El exalcalde de Sedaví pide el sobreseimiento por tráfico de influencias con el suegro de Benavent

VALENCIA. El que fuera vicepresidente de la empresa pública Imelsa, alcalde de Sedaví y diputado provincial de Empresas Públicas Rafael Pérez ha solicitado, a través de su abogado, el sobreseimiento provisional de la imputación por tráfico de influencias que pesa sobre él. Pérez está siendo investigado dentro de la pieza de Servimun, la empresa del exsuegro del exgerente de Imelsa Marcos Benavent, al que los investigadores creen que le dieron un contrato a dedo como favor a Benavent.

Según consta en el escrito presentado por el letrado de Pérez, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, "de las diligencias practicadas durante los más de 10 meses en los que el Sr. Pérez Martínez ostenta la condición de investigado, no se desprende absolutamente ningún dato, que no sea precisamente el hecho de ser un miembro de la mesa, que permita si quiera por la vía indiciaria atribuirle absolutamente ninguna responsabilidad penal".

Para el abogado del exdiputado, Rafael Pérez siempre se ha mostrado colaborador con la Justicia, ya que ha declarado dos veces estando la pieza secreta y siempre ha contestado a todas las preguntas y, por tanto, de dichas declaraciones, así como de la investigación "no se desprende absolutamente ningún dato, que no sea precisamente el hecho de ser un miembro de la mesa, que permita si quiera por la vía indiciaria atribuirle absolutamente ninguna responsabilidad penal". Y añade que de la investigación realizada por la Guardia Civil "no se desprende absolutamente ningún dato, que no sea precisamente el hecho de ser un miembro de la mesa, que permita si quiera por la vía indiciaria atribuirle absolutamente ninguna responsabilidad penal".

"Pena de banquillo"

Explica la defensa del que fuera vicepresidente de Imelsa que "tras el transcurso de casi un año y las diligencias practicadas, mi patrocinado sigue encontrándose en calidad de investigado en el presente procedimiento, sin que exista absolutamente ningún elemento que permita justificar una pena de banquillo totalmente desproporcionada". Y apostilla que aunque las dilaciones en el procedimiento son inevitables por el volumen de la causa, mantener la condición de imputado de Pérez "resulta claramente desproporcionado e injustificado dados los nulos indicios existentes de su posible responsabilidad penal en los hechos investigados".

Servimun

La pieza separada conocida como Servimun investiga el contrato del contact center tributario que recibió el exsuegro de Marcos Benavent, Mariano López, por 840.000 euros y que le fue otorgado a la empresa Servimun, gestionada por su hijo. 

Máximo Caturla encargó este servicio a Imelsa a través de una encomienda de gestión. A la oferta se presentaron cuatro empresas de las que Servimun fue la mejor valorada en la oferta económica situándose varios puntos por encima de sus competidoras. Este hecho ha sido acreditado durante la instrucción judicial por los letrados de los implicados que presentaron el informe de la mesa de contratación con la valoración económica de Servimun, así como de las otras tres empresas que se presentaron al concurso.

El problema de la adjudicación radicó en dos vertientes diferentes. Por un lado, los sindicatos y EU denunciaron que sacar ese concurso era "privatizar un servicio público" y por otro, los técnicos hicieron un informe contrario por deficiencias en el servicio.

Fue entonces cuando presuntamente el expresidente de la Diputación Alfonso Rus, presuntamente, encomendó a Salvador Deusa que falseara un informe que contradijera a los técnicos de la Diputación, tal y como publicó en exclusiva Valencia Plaza. En dicho informe, Deusa exponía que la prestación de los servicios por parte de la empresa era buena. Por tanto, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en este caso están tratando de demostrar el delito de tráfico de influencias y falsedad de documento público.