El exministro Borrell declarará como testigo el jueves 19 por el 'caso Abengoa'

MADRID (EP). El exministro socialista Josep Borrell declarará como testigo el próximo jueves, 19 de octubre, en el juicio que arrancará el lunes que viene en la Audiencia Nacional contra la excúpula de Abengoa por las indemnizaciones millonarias adjudicadas poco antes de que la compañía presentara el preconcurso de acreedores. Según han informado este viernes fuentes jurídicas, Borrell ha sido citado en la cuarta jornada del juicio y lo hará como testigo por haber formado parte de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y del Consejo de Administración de Abengoa.

Durante la instrucción de la causa, que corrió a cargo de la jueza Carmen Lamela, el exministro y expresidente del Parlamento Europeo ya declaró que no se encontraba presente en la reunión en la que se avaló la millonaria indemnización concedida al expresidente de la empresa Felipe Benjumea porque se encontraba presentando su libro 'Las cuentas y los cuentos de la independencia".

Según Borrell, votó a favor de la indemnización porque había delegado su voto en otro miembro del consejo, Antonio Fornieles, quien sí está imputado y, por tanto, se tendrá que sentar en banquillo de los acusados a partir del lunes.

Además, el también exdirigente del PSOE ha defendido siempre que él pensaba que Abengoa era solvente y que no fue hasta el mes de julio de 2015 cuando percibió que podría haber problemas financieros, al comunicarle Benjumea por llamada telefónica que había que aprobar una ampliación de capital de 650 millones de euros.

Junto a Fornieles, están procesados en esta causa el propio Benjumea, el exvicepresidente de la empresa Manuel Sánchez Ortega y las exconsejeras Mercedes Gracia y Alicia Velarde. Los cinco están acusados del delito de administración desleal.

El fiscal José Perals ha solicitado cinco años de cárcel y multa de 90.000 euros para Benjumea, así como cuatro años y tres meses más una multa de 72.000 euros para Sánchez Ortega. Para Fornieles, Gracia y Velarde, el representante del Ministerio Público pide tres años y medio de prisión y 36.000 euros de multa.