El representante del Ministerio Público se basa en el Artículo 780.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que obliga al juez a acordar las diligencias que sean necesarias según el fiscal
VALENCIA. El Caso Palau que investiga el presunto saqueo del Palau de Les Arts está instruido a juicio del magistrado. Sin embargo, el fiscal Anticorrupción no opina lo mismo y ha solicitado que necesita la ampliación de un informe para poder calificar (acusar y pedir la pena) a los investigados en el caso.
Para ello ha remitido un escrito al magistrado en el que solicita dicho ampliación en base al Artículo 780.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que dice, textualmente, que “Cuando el Ministerio Fiscal manifieste la imposibilidad de formular escrito de acusación por falta de elementos esenciales para la tipificación de los hechos, se podrá instar, con carácter previo, la práctica de aquellas diligencias indispensables para formular acusación, en cuyo caso acordará el Juez lo solicitado”.
El representante del Ministerio Público solicitó la ampliación del informe de la Intervención de la Generalitat que informaba sobre las irregularidades y el presunto saqueo del Palau para que, los interventores, cruzaran los datos con otro informe enviado por la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía Nacional con la finalidad de tener atadas las acusaciones y, entre otras cosas, saber qué opinan en la intervención sobre los nombres de políticos que la UDEF menciona. Entre ellos, el del expresidente de la Generalitat Francisco Camps y la exconsellera Trinidad Miró, a los que la policía menciona como posibles conocedores de la operativa corrupta.
A diferencia del fiscal, el magistrado opina que con las declaraciones practicadas hasta la fecha es más que suficiente para ir a juicio. Sin embargo, la Lecrim da ventaja al Ministerio Público ya que con la norma en la mano, el juez, está obligado a practicar las diligencias de investigación que el fiscal considere necesarias para poder acusar correctamente a los investigados.
Así, el Ministerio Público sin necesidad de recurrir el auto a la Audiencia Provincial se ha declarado vencedor de la batalla interna surgida a raíz de la rápida instrucción del juez y la denegación de las periciales solicitadas por el fiscal. Un juez que llegó al juzgado número 15 para instruir dos causas mediáticas, además de llevar otro juzgado entero (el 18), hace apenas tres meses y que, en ese breve período de tiempo ha podido ver todas las declaraciones grabadas, leer los más de diez tomos de sumario y estudiar toda la documentación anexa que hay adjuntada a la causa.
El caso Palau investiga a la exintendente del Palau de Les Arts, Helga Schmidt, y a el exgerente del coliseo Ernesto Moreno, Pablo Broseta, Joaquín Maldonado y José Antonio Noguera Puchol por su presunta relación con el cobro de comisiones ilegales en el Palau de Les Arts. Respecto de estos tres últimos, la juez sospecha participaron de forma activa en la contratación y gestión fraudulenta de patrocinios para el coliseo valenciano.
Broseta, Maldonado y Noguera Puchol fueron imputados tras recibir una demoledor informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional que no sólo avala el informe de la Intervención General de la Generalitat, que cifraba el desfalco de la exintendente en 508.000 euros, sino que incrementaría considerablemente el dinero que se distrajo de las arcas públicas.
Pero además, según el informe de la UDEF del caso Palau, la policía encontró una carta en inglés presuntamente escrita por la exintendente del Palau, Helga Schmidt, que implicaría entre otros a la exconsellera de Cultura, Trini Miró, al exvicepresidente Vicente Rambla e incluso al expresidente de la Generalitat, Francisco Camps.
Al parecer los políticos señalados, pero sobre todo Miró, serían las personas que gestionaron la forma de contratar entre el coliseo valenciano y la empresa Patrocini, que presuntamente saqueó el Palau. Además, la policía también desliza que podrían haber sabido cómo estaba funcionando Viva Europa que fueron los actos a través de los que presuntamente desaparecieron cerca de 350.000 euros. Es por todo ello que el fiscal necesita la ampliación del citado informe.