El fiscal Juan Antonio Frago: "El 80% de los delitos económicos se cometen a través de empresas”

VALÈNCIA. El fiscal de Delitos Económicos destinado en Galicia y especialista en descapitalización de empresas, Juan Antonio Frago, dio este viernes una conferencia sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El fiscal fue invitado por el despacho Carbonell Abogados "dentro de nuestra política de asesoramiento preventivo para empresas, hemos querido ofrecer esta ponencia ya que creemos que es un tema muy importante y que no se está tomando lo suficientemente en serio", señaló José María Carbonell, director de Carbonell Abogados.

Frago les explicó a diversos empresarios la necesidad de contar con un buen compliance porque quien debe prevenir es el empresariado y “no debe verse como un gasto, sino como una mejora de la empresa que evitará sanciones penales o administrativas”. También advirtió de que el sector empresarial no sabe, en la mayoría de los casos, de la necesidad de contar con el compliance.

Y apostilló que “el cumplimiento normativo que establece lo que hay que prevenir se incrementa cada día más”, y aunque el compliance por el momento no es obligatorio, “sí es necesario”, porque cada día hay más normativa al respecto como los planes de igualdad. De hecho, este tipo de normas que cuando salieron eran para empresas de más de 250 trabajadores, cada año se impone en empresas con menos hasta que en 2021 sea obligado para aquellas de 50 trabajadores. Los manuales de prevención necesitan, a su juicio, una persona que lo supervise y contar, entre otras cosas, con un canal de denuncia que permita denunciar situaciones de riesgo o delictivas de forma anónima o anonimizada.

Sanciones

Entre las cosas que les dijo destacó que “una sanción administrativa muy grave puede acarrear no poder volver a contratar con la administración pública”, lo que implicaría la muerte de facto de la empresa. También les dijo que, cada vez más, las grandes empresas como Mercadona, Inditex o Leroy Merlin “obligan a sus proveedores a acoplarse a su código de buen gobierno”.

Y agregó que el descrédito que puede suponer una sanción puede también terminar con la credibilidad de una empresa y acarrear pérdidas millonarias para el empresario. Aseveró que, “el 80 por ciento de los delitos económicos se cometen a través de empresas”. Desde la reforma del Código Penal, las multas a empresas por este tipo de delitos se han incrementado exponencialmente, siendo la mayor hasta la fecha la multa de 775 millones de euros impuesta a una empresa por tráfico de drogas, ya que introdujeron 5.000 kilos de cocaína en España.

Pero existen otras sentencias, no por narcotráfico sino por otros delitos, que ahora pueden cometer las empresas y sus gestores. En lo alto de la pirámide delictiva se encuentra dos clásicos: las estafas y los delitos contra la hacienda pública y la seguridad social. Pero también hay otros como los delitos urbanísticos o contra el medio ambiente que han llevado a diversas empresas a pagar multas millonarias.

Sobre este último delito explicó que, por ejemplo, si aparece un barril en el fondo de un río o en el mar, antiguamente, si no se podía probar quién lo había lanzado u ordenado lanzarlo, la empresa salía airosa, pero que, con el cambio de legislación, los responsables son los gestores de la empresa sin necesidad de que se acredite que fueron ellos los que ordenaron cometer el delito.

El fiscal aseguró que se están firmando sentencias con multas millonarias donde se acredita que “el cien por cien de los delitos han sido cometidos por los mandos de las empresas”. “Hay decenas de sentencias de un millón de euros, y varias más de entre dos y 20 millones de euros”.

Durante más de una hora, el fiscal trató de explicar cómo tener un compliance puede ahorra muchos quebraderos de cabeza a los empresarios y, en caso de que finalmente se llegue a juicio, sirve como atenuante o como eximente dependiendo de cada caso.