VALÈNCIA. El fraude del cártel de los camiones llega a los juzgados de València. El juzgado de lo Mercantil 3 celebra este viernes el primer juicio por una demanda presentada por uno de los afectados por el cártel de fabricantes multados en 2016 con casi 3.000 millones de euros por la Comisión Europea por pactar precios y repercutir en los compradores el coste de cumplir con la normativa de emisiones contaminantes.
En el caso de la Comunitat se estima que el número de afectados alcanza los 22.000 camiones y el volumen conjunto de indemnización por daños y perjuicios reclamada alcanza los 300 millones de euros, unos 15.000 euros por afectados.
La firma Varona ha iniciado más de 90 procedimientos contra los fabricantes de camiones europeos MAN, Volvo-Renault, Iveco, Mercedes-Benz (Daimler) y DAF para exigir compensaciones por los daños sufridos en la compra de más de 1.500 camiones durante los 14 años en que los sancionados llevaron a cabo pactos contrarios a la competencia.
La CE sancionó a estos fabricantes en julio de 2016 con 2.930 millones de euros, la mayor multa impuesta por Bruselas hasta la fecha, después de una sanción de 1.470 millones dictada en 2012 contra el pacto entre siete fabricantes de televisores para bajar los precios.
Todos ellos a excepción de Scania reconocieron su implicación en el caso. Por su parte, la empresa MAN fue perdonada por confesar el amaño.
Varona ha iniciado procedimientos en València, Madrid, Zaragoza, Huesca, Alicante, Castellón y Málaga. Dado el carácter global del asunto, las demandas se han debido traducir al inglés, francés, sueco, alemán y holandés dependiendo del país donde radica la sede de las matrices europeas. En total han sido más de 22.000 folios traducidos.
Ignacio Varona, socio del despacho valenciano, destaca la complejidad de una causa en la que Varona ha optado por iniciar las demandas en la plaza donde el comprador tiene el domicilio social y plantearlas contra la empresa matriz en lugar de contra sus respectivas filiales en España.
El bufete valenciano aporta una pericial validada por el Consejo General de Economistas y que consiste en una comparativa de varios cárteles europeos.
El despacho del exministro Francisco Caamaño, en Galicia, es el que más camiones afectados representa en España, cerca de 33.000.
Reclamaciones a Scania
Por otro lado, en cuanto se confirme la sanción impuesta a Scania –el único fabricante que no reconoció los hechos detallados en la decisión de la Comisión y que presentó recurso de apelación ante el Tribunal General de la UE–, se iniciará el proceso para reclamar los daños y perjuicios ocasionados a los compradores de vehículos de esta marca.
El cártel de camiones europeo puede enfrentarse a indemnizaciones de más de 500 millones de euros en España tras registrarse más de 6.000 demandas, canalizadas por un centenar de despachos de abogados.
Dichos bufetes han creado un grupo de trabajo para compartir experiencias recogidas en los distintos juzgados, lo que les permite optimizar la información y experiencias de cara a la preparación de las demandas y las solicitudes de indemnizaciones.
Esta colaboración ha sido posible gracias a los informes periciales elaborados por la empresa Consultores Técnicos, que, además, ha puesto a disposición de los afectados una herramienta 'online' con la que pueden calcular la cuantía aproximada de la indemnización más los intereses aplicables.
La compañía asegura que el precio medio de compra de cada uno de los vehículos afectado se sitúa alrededor de los 75.000 euros. "Uno de los aspectos más complicados de este caso es la imposibilidad de aplicar las recomendaciones de la Unión Europea (UE) para calcular los sobrecostes aplicados durante 14 años a la hora de solicitar las indemnizaciones", explicó el consejero delegado de la empresa, Frank Rodríguez.
Asimismo, Consultores Técnicos añade que la heterogenedidad de otros mercados fuera de la UE a la hora de intentar hacer cálculos, la duración del "ilícito" acuerdo entre los fabricantes y la naturaleza del bien a calcular hacen "imposible" establecer el precio a través de un proceso de medición.
En definitiva, la empresa prevé que sumando la cuantía de las indemnizaciones y el interés legal del dinero, los fabricantes tendrán que afrontar unos pagos que sumarán 500 millones de euros.
