VALÈNCIA. Los gestores del Consorcio Hospital General de València siguen haciendo caso omiso a las recomendaciones de la Intervención de la Generalitat sobre la necesidad de someterse a los principios básicos que rigen la contratación pública. Año tras año, el ente fiscalizador alerta de que la mayoría de sus compras las realiza de forma directa y sin el expediente de contratación que correspondería, algo que va contra el uso eficiente de los recursos públicos.
La última auditoría operativa y de cumplimiento por el ente fiscalizador sobre el ejercicio 2021 concluye en su versión definitiva que la gerencia del centro repite muchos de los incumplimientos de la normativa arrastra desde hace varios años tanto en contratación de bienes y servicios como en la gestión del personal a su cargo. El año pasado en concreto, el consorcio recibió servicios y suministros sin el oportuno expediente de contratación por valor de 139,2 millones de euros.
Por ese motivo, la auditoría no solo alerta del mantenimiento de esta conducta “recurrente” sino que la cantidad ha aumentado un 12% respeto al año de la pandemia, cuando las compras sin expediente ya superaron los 124,5 millones de euros. Las irregularidades en contratación y control interno se mantienen al menos desde 2016, cuando la Sindicatura de Comptes ya advirtió en un informe de incumplir los principios fundamentales de publicidad y transparencia de la legislación para la contratación pública y le instaba a dotarse de un departamento de fiscalización y control interno del que, a día de hoy, aún carece.
Por ello, la auditoría, tras estimar parcialmente las alegaciones de la directora gerente, valora como “desfavorable” la política de contratación de la gerencia, ya que la gestión económico-financiera en el área de contratación no garantiza la eficiente utilización de los fondos públicos, la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa para el consorcio.
Los casi 140 millones gastados en contratos sin expediente en 2021 suponen el 73% del total del gasto ejecutado en bienes y servicios por el centro hospitalario. Además de contratar de forma directa, el consorcio también incumple con casi la mitad de sus proveedores a la hora de pagar, ya que al 47% les paga más allá del plazo legal para las administraciones. Esta situación se da en un 25% de los expedientes analizados para los contratos mayores y en un 70% para los contratos menores.
En cuanto a la gestión del personal, el auditor deniega la valoración sobre la legalidad de las retribuciones, indemnizaciones por razón de servicio o cese abonadas porque el Consorcio Hospital General carece de masa salarial autorizada por la Dirección General de Presupuestos de la Generalitat y de la relación de puestos de trabajo (RPT) aprobada por la Dirección General de Sector Público.
Pese a ello, sí realiza algunas verificaciones sobre la gestión económica de las indemnizaciones satisfechas al personal y de las incorporaciones sobre la cual emite una opinión favorable con salvedades porque se ajusta de forma “razonable” a la normativa pero se detectan incumplimientos y limitaciones como la “imperiosa necesidad” de aprobar y publicar la mencionada RPT o el abono a un trabajador de retribuciones irregulares en concepto de pagas extraordinarias de 2021 por importe de 551,32 euros que ya han sido reintegrados al centro.