Enrique Ortega, gerente del Hospital General de Valencia. Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. El Hospital General de Valencia gastó el año pasado al menos 107 millones de euros sin tramitar el correspondiente expediente de contratación y dejó otros 19 millones de euros en facturas en los cajones o pendientes de imputar al presupuesto de ese año y que han sido imputadas al de 2017.
Así lo pone de manifiesto el informe de fiscalización de la Sindicatura de Comptes sobre las cuentas del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia de 2016, en el que los técnicos alertan de una serie de incumplimientos en la normativa de contratación y presupuestaria durante el primer año completo en el cargo del equipo directivo nombrado tras la llegada de Carmen Montón a la Conselleria de Sanidad. Por ello, los auditores manifiestan su "opinión desfavorable sobre el cumplimiento de la legalidad en la actividad contractual" e instan a los gestores a tomar medidas para subsanar las deficiencias.
Al respecto, el organismo alerta de las "importantes debilidades de control interno e incumplimientos" detectadas durante su análisis. En concreto, se refiere al compromiso incumplido por parte de la gerencia para crear una unidad de fiscalización y control interno y otra de auditoría e información, mientras que censura que el consejo de gobierno del centro solo se reunió en dos ocasiones en todo el año cuando debía hacerlo cada mes.
Casi dos terceras partes de los gastos totales del hospital en 2016 –contabilizados como gastos de funcionamiento e inversiones reales– carecen de expediente de contratación. Son más de 107,06 millones de euros gastados, entre otros conceptos, en el servicio no concertado de diálisis (6,85 millones de euros), el plan de choque para la derivación de pacientes a clínicas privadas con la finalidad de reducir las listas de espera (1,79 millones) o los acuerdos de cesión de equipamiento.
Tampoco cuentan con amparo contractual los 8,56 millones por la prestación externa de servicios no concertados, los 10,4 millones de la asistencia de endoprótesis, ni los 62,92 millones gastados en productos farmacéuticos y suministros hospitalarios que, en general, se adquieren con la fórmula de "pedido directo".
"De este modo bajo la modalidad de contrato menor y pedido directo –inferiores a 18.000 euros– se albergan contrataciones que se han sustraído a las normas generales del Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), sin tramitación de los expedientes requeridos e infringiendo los principios fundamentales de publicidad y transparencia de la contratación pública", denuncia el informe.
La Sindicatura basa sus conclusiones en dos estudios realizados por el Servicio de Fiscalización del Consorcio –creado a mediados del pasado ejercicio– que el organismo considera "de "gran interés y utilidad para el objetivo de mejorar la gestión del Consorcio". "Los órganos de gobierno y dirección del CHGUV deberían adoptar las medidas necesarias para atender las conclusiones e implementar las recomendaciones que se detallan en dichos documentos", consideran.
A las irregularidades en contratación se suma el incumplimiento de la normativa presupuestaria. La Sindicatura subraya que al presupuesto del ejercicio 2016 se han imputado obligaciones de gastos realizados en 2015 y ejercicios anteriores por un total de 10,57 millones de euros "contraídos sin cobertura presupuestaria".
La fiscalización también alerta de gastos que se realizan en un año determinado pero se imputan al presupuesto del ejercicio siguiente. Para ello se requieren los correspondientes expedientes de enriquecimiento injusto que son aprobados por el Consejo de Gobierno del hospital sin "autorización expresa del Consell de la Generalitat".
En 2016 el Consorcio imputó al presupuesto de gastos 2,46 millones de euros mediante expedientes de enriquecimiento injusto de facturas por suministros y servicios realizados en 2015 y en años anteriores pero que no estaban contabilizados en sus correspondientes cuentas anuales.
Por el mismo sistema, la gerencia imputa otros 3 millones al presupuesto de gastos de este año correspondientes a facturas del año 2016 y anteriores que tampoco están contabilizados en las cuentas anuales y, por lo tanto, no están reconocidos como desahorro (pérdidas) de 2016, ejercicio que cerró con un resultado negativo superior a -363.000 euros.
El informe destaca que, como consecuencia de los resultados negativos acumulados hasta 2016, los fondos propios del consorcio hospitalario alcanzan un importe negativo de 2,04 millones de euros.
La Sindicatura lanza quince recomendaciones al equipo que encabeza el gerente del centro, Enrique Ortega, para subsanar las irregularidades detectadas. Entre ellas destaca la necesidad de reducir el volumen de contratos menores "y en particular las adquisiciones realizadas por compra directa, sobre todo de productos farmacéuticos, tramitándose los correspondientes expedientesde contratación", de acuerdo con la Ley de Contratos Públicos.
También destaca que dado que la valoración de los criterios de adjudicación es esencial en los procesos de contratación, "deben establecerse los mecanismos de control interno adecuados para que su objeto sea efectivo y cumplan los requisitos legales". Pide también que dote de los medios personales y materiales necesarios al Servicio de Fiscalización del Consorcio para sus funciones de fiscalización previa y control financiero.
La Sindicatura dedica un apartado específico a analizar cuántas de las deficiencias detectadas en fiscalizaciones anteriores han sido subsanadas, pero más de la mitad de las que encontró en las cuentas de 2015 siguen pendientes o en fase de resolución.
Como consecuencia de su análisis de 2015, la Sindicatura de Comptes notificó al Tribunal de Cuentas los indicios de responsabilidad contable en el contrato que firmaron en 2009 el entonces director gerente, Sergio Blasco, y la empresa Exploraciones Radiológicas Especiales (Eresa), controlada por Vicente Saus. El informe también apuntaba a un contrato de logística del mismo hospital, que también iba a ser remitido al Tribunal de Cuentas con la misma consideración.
Según afirmó en relación con el contrato de Eresa, de unos 13 millones de euros anuales y para el que no medió concurso público, "se aprecian incumplimientos muy significativos de los principios y reglas generales de contratación, por lo que no queda garantizada la ausencia de arbitrariedad en las decisiones adoptadas por los gestores del CHGUV en relación con la tramitación, aprobación y ejecución de los servicios de TAC, resonancias magnéticas, PET-TAC y servicios complementarios, que fueron prestados por la misma empresa desde el ejercicio 1989 hasta la actualidad".
Pese a que la Conselleria de Sanidad denunció en tiempo y forma el contrato con tiempo para no prorrogarlo, el grupo Eresa continuará prestando el servicio de resonancias magnéticas en el Hospital General después del 8 de enero de 2018, fecha en la que finaliza el contrato "sin soporte legal" –según la Intervención de la Generalitat–. El motivo que alega el departamento de Carmen Montón es la falta de tiempo para dotarse de medios humanos y materiales con los que asumir el servicio.
