VALÈNCIA (EP). El Gobierno aprobará en el próximo Consejo de Ministros los mismos objetivos de estabilidad y de deuda para las administraciones públicas que rechazó en julio el Congreso de los Diputados y descarta convocar elecciones si las Cortes tumban los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025.
Fuentes gubernamentales han confirmado su vocación de presentar los Presupuestos Generales del Estado de 2025 y también su intención de agotar la legislatura, incluso ante un hipotético rechazo de las Cortes Generales a las cuentas públicas.
Si esto ocurriera, el Gobierno podría prorrogar las cuentas públicas nuevamente --las de 2023-- por segundo año consecutivo y no estaría obligado a convocar elecciones generales, según remarcan distintas fuentes del Ejecutivo.
Pero, con la vista puesta en los PGE de 2025, el próximo martes el Gobierno volverá a aprobar el límite de gasto no financiero de 2025, conocido como techo de gasto, y los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el conjunto de administraciones, dando así el pistoletazo de salida para la tramitación de las cuentas públicas.
A finales del mes de julio, el Pleno del Congreso de los Diputados rechazó los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones, que es el primer paso para la aprobación de las cuentas públicas, tras el inesperado voto en contra de Junts.
Desde el Ejecutivo esperan poder llegar a acuerdos con Junts y les piden que, en esta ocasión, voten a favor de la senda fiscal, ya que es "buena" para Cataluña. Les recuerdan que esto no implica dar el visto bueno a los Presupuestos, aunque avisan de que, con o sin senda, el Gobierno va a presentar las cuentas públicas de 2025.
Será la cuarta vez este año que la Cámara Baja examina unos objetivos de estabilidad presupuestaria. El Gobierno llegó a presentar los relativos a los Presupuestos de 2024 hasta en dos ocasiones, aunque finalmente esas cuentas no se tramitaron por el adelanto electoral de Cataluña, y siguen vigentes las de 2023, que se prorrogaron automáticamente el 1 de enero.
El Ejecutivo insiste así en sus objetivos y volverá a aprobar una senda fiscal que dejará el déficit público en el 2,5% en 2025, en el 2,1% en 2026 y en el 1,8% en 2027, además de recortar la deuda pública al final del periodo por debajo del 100%, plazo temporal que estará marcado por la reactivación de las reglas fiscales europeas --suspendidas desde 2020 por el Covid-19--.
La Administración Central asumirá la mayor parte de la responsabilidad del cumplimiento de los nuevos objetivos fiscales, dado que en 2025 deberá situar su déficit en el 2,2%, en el 1,8% en 2026 y en el 1,5% en 2027. El objetivo de déficit de las comunidades en 2025, 2026 y 2027 será del 0,1%, mientras que los ayuntamientos y corporaciones locales dispondrán en 2025 y 2026 de equilibrio presupuestario (0%).
También se establece que la deuda pública del conjunto de las administraciones se reduzca al 103,6% del PIB en 2025, un porcentaje que deberá ser casi dos puntos inferior en 2026, cuando llegue al 101,8%. Por último, en 2027 estará por debajo del 100%, situándose en el 99,7%.
Siguiendo con la deuda pública, el objetivo fijado para las comunidades autónomas es del 20,8% del PIB en 2025, un 20% para el año siguiente y un 19,4% en 2027. Por su parte, la deuda de los ayuntamientos mantendrá una senda descendente en los próximos ejercicios, pasando de un 1,3% en 2025 y 2026 y el 1,2% en 2027.
Por su parte, el Gobierno volverá a presentar el límite de gasto no financiero o 'techo de gasto', que no se vota en el Congreso. El planteado por el Ejecutivo establece un tope de 199.171 millones de euros incluyendo los fondos procedentes de la Unión Europea.
Dentro del techo de gasto se incluye también una transferencia del Estado a la Seguridad Social por importe de 22.881 millones de euros, un 7% más con respecto a los Presupuestos de 2023. La Seguridad Social podrá tener un déficit del 0,2% en los tres próximos ejercicios.