VALÈNCIA (EP) El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de Ley de cambio climático para su remisión a las Cortes para su tramitación. La iniciativa tiene como objetivo que España sea neutra en emisiones de dióxido de carbono (CO2) en 2050, según ha anunciado la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz, ha señalado que para el Gobierno la transición energética y la lucha contra la emergencia climática tienen que ser los "dos grandes ejes o cimientos" sobre los que pivote la reconstrucción social de España.
Además, ha destacado que se trata de un proyecto "para todo el país" y un "pacto intergeneracional" con los más jóvenes, a las que ha definido como las personas que "deben ser herederos de las políticas" que se apliquen a día de hoy. "La futura reconstrucción se tiene que sustentar en el Acuerdo Verde Europeo y en la transición justa", ha manifestado en su intervención.
El proyecto de ley establece que además de alcanzar la neutralidad climática de España de aquí a 2050, para entonces, el sistema eléctrico habrá de ser cien por cien renovable. Para ello, el proyecto legislativo marca una senda con pasos intermedios como alcanzar en 2030 una rebaja de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) del 20 por ciento respecto a 1990, según consta en el anteproyecto de ley de cambio climático del Gobierno.
Además, estima que el proceso de la transición ecológica pueda atraer la movilización de 200.000 millones de euros de inversión hasta 2030 y crear entre 250.000 y 350.000 empleos netos al año.
La propuesta de ley incluye 36 artículos distribuidos en nueve títulos, e incorpora las aportaciones del proceso de participación pública que se inició en febrero de 2019, para que España cumpla el Acuerdo de París en línea con los compromisos de la Comisión Europea y con el Pacto Verde Europeo mediante las señales adecuadas para modernizar la economía.
Para alcanzar la neutralidad climática en 2050, se establece que en 2030 las emisiones de la economía española tendrán que reducirse al menos un 20 por ciento respecto a 1990, de acuerdo con el aumento de la ambición de la Comisión Europea que, en su conjunto se ha planteado reducir entre un 50 y un 55 por ciento las emisiones respecto a 1990.
Además, de aquí a 2030, al menos el 35 por ciento del consumo final de la energía tendrá que ser de origen renovable y en el caso del sistema eléctrico, establece que la presencia renovable en 2030 tendrá que ser, "al menos" de un 70 por ciento. Ya en 2050 el cien por cien del sistema eléctrico deberá ser de origen renovable y el consumo de energía primaria deberá ser un 35 por ciento menor.
Para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos se implantarán sucesivos planes de Nacionales de Energía y Clima (PNIEC). Precisamente, el primero de ellos, que marca la senda entre 2021 y 2030 --remitido a la Comisión Europea el 31 de marzo--, plantea una trayectoria que permitirá reducir las emisiones en un 23 por ciento respecto a 1990 al final de esta década y duplicar el porcentaje de renovables en el consumo final hasta el 42 por ciento.
En esa línea, la presencia de energías limpias en el sistema eléctrico llegará hasta el 74 por ciento y la eficiencia mejorará en un 39,5 por ciento.
El proyecto contempla que la movilización de inversiones, el ahorro de energía y la mayor presencia de renovables conllevarán que el Producto Interior Bruto (PIB) crezca en torno al 1,8 por ciento en 2030 respecto al mismo escenario sin las medidas del PNIEC, esto es, de 16.500 a 25.700 millones de euros.
Junto con los sucesivos PNIEC, desde el Ministerio para la Transición Ecológica apuntan que los objetivos de la senda de descarbonización y fijación de reducción de emisiones de CO2 se especificarán en la Estrategia a Largo Plazo 2050, que también está ultimando el Ejecutivo.
El texto mantiene la creación de un marco de gobernanza que refuerce la participación mediante la puesta en marcha del Comité de Expertos de Cambio Climático y Transición Energética que hará recomendaciones y evaluaciones que se recogerán en un informe anual que se debatirá en el Congreso de los Diputados.
Entre los plazos previstos en la propuesta normativa, también a partir del 31 de diciembre de 2021 las comunidades autónomas tendrán que informar de sus planes de energía y clima a la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la remisión a las Cortes del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que contempla que desde 2040 no se podrán matricular en España vehículos que emitan dióxido de carbono (CO2), ya sean diésel, gasolina, híbridos o de gas. Ribera explicó que el anteproyecto de Ley deja claro lo que el Gobierno quiere como país, transmitiendo "un mensaje sólido" de cómo pretenden contribuir a la Europa que quieren. "No podemos volver al modelo anterior", aseguró.
"Sienta las bases para una movilidad sostenible, permitiendo que el sector de la movilidad, clave en nuestra cadena de valor, pueda aprovechar las oportunidades de un mercado que demanda cada vez más opciones de movilidad segura y limpia", subrayó, al tiempo que destacó que el de la movilidad es un sector al que el Ejecutivo debe "acompañar".
"Lo que hace este anteproyecto es recoger letra a letra el compromiso de la Unión Europea", resaltó Ribera, que mostró su impresión de que puede haber grupos parlamentarios que quieran ir "más deprisa".
No obstante, calificó como "garantía" ir de la mano de las decisiones comunitarias porque ofrece una dimensión de mercado "interesante" a la hora de facilitar la transformación de un sector "fundamental" para la economía, para el sistema industrial y para el empleo.
El anteproyecto de Ley contempla el objetivo de que desde 2040 no se vendan turismos y vehículos comerciales nuevos que emitan CO2, para lo que el Gobierno consultará con el sector del automóvil las medidas que implementará para impulsar la penetración de vehículos sin emisiones directas de CO2.
El horizonte 2040 como fecha límite representa el primer paso establecido en esta Ley de Cambio Climático y Transición Energética para lograr que en 2050 el parque automovilístico español no emita CO2.
Ribera, que confirmó que en 2050 no se podrá circular con coches que emitan CO2, indicó no obstante que desde 2023 los municipios de más de 50.000 habitantes podrán establecer zonas de bajas emisiones en las que "no es descartable" que se limite la entrada a vehículos de combustión.
Fuentes gubernamentales explicaron a Europa Press que encima de la mesa no hay ninguna prohibición y que la previsión es seguir dando ayudas a la adquisición de vehículos eléctricos y a la instalación de puntos de recarga hasta 2025, por la diferencia entre el precio de adquisición de un modelo eléctrico con uno con motor de combustión.
Dichas fuentes subrayaron que, entre 2023 y 2027, se estima que exista una paridad en los precios de las dos tecnologías, aunque resaltaron que una vez que los coches eléctricos sean más baratos, estas ayudas no serán necesarias.
De esta forma, desde el Ejecutivo se establecerán objetivos de penetración de vehículos con "nulas o bajas emisiones" directas de dióxido de carbono para el ejercicio 2030 en el conjunto del parque automovilístico español.
Los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares introducirán en la planificación de la ordenación urbana medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad, entre las que se encontrarán el establecimiento de zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023, así como medidas de impulso a los desplazamientos a pie, bicicleta y otros medios de transporte activo.
Además, el documento destaca que, de acuerdo con la normativa de movilidad limpia aprobada por la Unión Europea y con las revisiones y mejoras posteriores que se acuerden, tanto Baleares como Canarias tendrán la posibilidad de solicitar la puesta en marcha de medidas de promoción de la movilidad limpia, así como la restricción de la circulación en su territorio de turismos y furgonetas contaminantes.
Entre las medidas recogidas en el anteproyecto de Ley también se encuentra el que las estaciones de servicio que vendan más de 10 millones de litros de combustible al año tendrán que instalar "al menos" una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 50 kilovatios (kW) que deberá prestar servicio en un plazo de 21 meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley.
De su lado, los titulares de las instalaciones de suministro de combustibles y carburantes, con un volumen anual agregado de ventas en 2019 superior o igual a 5 millones de litros y menor a 10 millones de litros, instalarán, por cada una de estas instalaciones, al menos una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 50 kW, que deberá prestar servicio en un plazo de 27 meses.
Desde 2021, las nuevas estaciones de servicio o las que se reformen tendrán que instalar, independientemente de su volumen de ventas, al menos una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 50 kW en corriente continua, que deberá prestar servicio desde la puesta en funcionamiento de la instalación.
Asimismo, en las poblaciones de más de 50.000 habitantes, los Ayuntamientos deberán establecer "no más tarde de 2023" zonas de bajas emisiones en su planificación de ordenación urbana, así como medidas de mitigación para reducir las emisiones de la movilidad, y medidas para facilitar la movilidad a pie o en bicicleta, otros medios de transporte activo y mejorar el uso del transporte público.
En esa línea, también apuesta por impulsar la movilidad eléctrica compartida y el transporte eléctrico privado. Aún más, el anteproyecto establece que cualquier medida que se quiera adoptar y que suponga una regresión de las zonas de bajas emisiones que ya existan deberán contar con un informe previo del Ministerio y del órgano autonómico competente en la materia.
A través de planes específicos, se fomentará el uso de gases renovables, incluido el biogás, el biometano, el hidrógeno y no se prevé autorizar nuevos proyectos en energías fósiles, al tiempo que los beneficios fiscales a los productos de origen fósil deberán estar justificados por motivos de interés social o económico.
El proyecto normativo no prevé la autorización de nuevas autorizaciones para explorar permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos ni de fracturación hidráulica en toda España.
La ley llevará aparejados instrumentos como el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que está en información pública y también contempla la integración de los riesgos derivados del cambio climático en la planificación y la gestión del agua y la costa, en las infraestructuras, la ordenación del territorio y los usos de suelo y la seguridad alimentaria.
En particular, se reconoce la relevancia de la política agraria común, la de desarrollo rural y la forestal. El texto introduce medidas para reducir la vulnerabilidad del cambio climático en los suelos agrícolas y forestales y en los montes y contempla la elaboración de un mapa de vulnerabilidad.
Por otro lado, la ley buscará promover y reforzar el conocimiento del cambio climático en la sociedad para lo que revisará el tratamiento de esta materia en el currículo básico de la educación formal y no formal, así como en los planes universitarios y el Catálogo Nacional de Cualificación profesional.
