El Gobierno autoriza 21,34 millones a la Comunitat Valenciana del 0,7% del IRPF

VALÈNCIA.  (EP) El Consejo de Ministros ha autorizado los criterios de distribución y la distribución de los 241,3 millones de euros correspondientes al tramo autonómico de las subvenciones sociales con cargo al 0,7% del IRPF. Andalucía, Cataluña y Madrid recibirán casi la mitad del reparto, por delante de la Comunitat Valenciana con 21,34 millones.

El Gobierno ratifica de esta forma el acuerdo al que llegaron el pasado 2 de octubre las comunidades autónomas y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en el seno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia.

Estos fondos se reparten entre las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, para que a su vez lo destinen a financiar programas de interés social dentro de sus competencias, dirigidos a la atención de la pobreza y la exclusión social.

Esta cantidad corresponde al 85,14% de los fondos obtenidos a través de la recaudación del 0,7% del IRPF en la declaración de la renta de 2019, correspondiente al ejercicio 2018, lo que supone 27 millones más que el año anterior, según ha informado el Gobierno.

El reparto entre las comunidades autónomas se realiza por primera vez, tomando en consideración una serie de indicadores propuestos y acordados por las mismas administraciones autonómicas como son: la tasa AROPE, la población, población dependiente, dispersión, superficie, tasa de envejecimiento, tasa de discapacidad, renta per cápita, número de familias monoparentales, tasa de desempleo, población perceptora de rentas mínimas, insularidad y grandes urbes.

   Por CCAA, Andalucía, Cataluña y Madrid recibirán casi la mitad de los fondos del 0,7% del IRPF destinados al tramo autonómico. Así, en el reparto final, Andalucía recibirá 52,35 millones de euros (6,75 millones más que en 2019); Cataluña, 32,78 millones de euros (1,26 millones más), y Madrid, 27,6 millones (1,06 millones más).

Les siguen en el reparto de estos fondos la Comunitat Valenciana, con 21,34 millones de euros (3,21 millones de euros más), y Castilla y León, con 21,16 millones (813.933 euros más).

A la cola del reparto se sitúan las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con 1,9 millones de euros cada una (unos 630.000 euros más que el año anterior); La Rioja, con 2,47 millones (822.499 euros más); Cantabria, con 3,24 millones (494.070 euros más); y Baleares, con 4,68 millones (655.012 euros más).

Enfado de las ONG

El restante 14,86% de la recaudación del 0,7% del IRPF corresponde al tramo estatal, es decir, es la parte que el Estado reparte en forma de subvenciones a entidades del Tercer Sector de Acción Social para desarrollar actividades sociales.

Mientras que en 2019, se destinó el 18,86% de los fondos al tramo estatal y el 81,14% al tramo autonómico, este año la Secretaría de Estado de Derechos Sociales ha decidido reducir en 4 puntos porcentuales el tramo estatal.

En términos absolutos, esto supone que las subvenciones que gestionará el Estado se reducirán en 7,76 millones de euros (un 15,57% menos) y que las que gestionan las comunidades autónomas se incrementarán en 26,7 millones de euros (un 12,45% más).

La Plataforma del Tercer Sector (PTS), compuesta por 28.000 ONG, denunció esta decisión del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España pues lo consideró "un recorte drástico" a la financiación a las ONG estatales de Acción Social "en un momento de crisis devastadora causada por la pandemia".

Esta reducción, según advirtió el presidente de la Plataforma del Tercer Sector (PTS), Luciano Poyato, supone "una pérdida de 14,5 millones de euros, que servirían para garantizar la solvencia de las entidades sociales estatales y para seguir trabajando en favor de las personas que verdaderamente lo necesitan".

Por su parte, fuentes de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales justificaron esta decisión indicando que son las CCAA "las que pueden derivarlo a acciones para paliar los efectos del Covid-19", es decir, a proyectos de "intervención social directa", mientras que, según precisaron, los fondos que irían a parar a las ONG estatales se emplearían en la realización de estudios o proyectos de I+D+I, entre otros.