El Gobierno autoriza al CNI a colaborar con el juez que investiga el espionaje con Pegasus

VALÈNCIA. (EP) El Gobierno ha autorizado al Centro de Inteligencia Nacional (CNI) a que colabore con el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en la investigación que está llevando a cabo en secreto sobre el espionaje que habrían sufrido con Pegasus el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y los ministros de Defensa, Margarita Robles, y el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, a través de sus teléfonos móviles.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 pidió al Gobierno que autorizara a la ya ex directora del CNI Paz Esteban y a los autores de los informes del Centro Criptológico Nacional que acreditaron el espionaje a Sánchez y estos ministros a declarar en el caso de que el magistrado lo considerado oportuno, algo a lo que Moncloa ha dado el visto bueno, de acuerdo con las fuente gubernamentales consultadas por Europa Press.

Las mismas fuentes subrayan que se trata en realidad de un mero formalismo como parte de la investigación judicial, al tiempo que apuntan que, al margen de estas eventuales declaraciones, no hay más información relevante para esta causa judicial que haya que desclasificar.

Calama abrió diligencias previas el pasado 26 de abril, apuntando a posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos, tras la denuncia presentada por la Abogacía del Estado por la infección de los móviles del presidente del Gobierno y la ministra de Defensa, una denuncia que fue ampliada posteriormente tras confirmarse también la infección del teléfono de Grande-Marlaska con este 'software' espía.

En esa resolución, el instructor aportó detalles sobre la denuncia inicial presentada el por la Abogacía del Estado, según la cual, tras el análisis de los dispositivos móviles del jefe del Ejecutivo y de la titular de Defensa realizados por el CERT el pasado 30 de abril, "se ha tenido conocimiento de que los mismos fueron objeto de varias infecciones por la herramienta Pegasus, 'software' espía de dispositivos móviles, entre los meses de mayo y junio de 2021".

Los informes del Centro Criptológico Nacional sobre los móviles de Sánchez y Robles ponían de relieve que "el dispositivo móvil del presidente del Gobierno analizado fue infectado por Pegasus en dos ocasiones (el 19 de mayo de 2021 y el 31 de mayo de 2021)", mientras que el de Robles habría sido infectado en junio de ese año.

En sendos casos, recogía Calama, los informes fijaban que "se produjo exfiltración de información", pero actualmente ninguno de los dos teléfonos presenta "indicadores conocidos de infección en curso de Pegasus".

La primera de las intrusiones en el móvil de Sánchez se habría producido en el contexto de la entrada masiva de unos 10.000 inmigrantes en Ceuta entre el 17 y 18 de mayo que precisamente llevó a Sánchez a visitar este segundo día la ciudad autónoma, así como Melilla, con el ministro de Interior.

Además, el 18 de mayo fue cuando Marruecos llamó a consultas a su embajadora en Madrid, Karima Benyaicha, la que se había convocado en Exteriores para protestar por los acontecimientos en Ceuta. El mismo día 19, Sánchez estaba en una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

La segunda habría tenido lugar cuando el presidente del Gobierno se encontraba con el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, en Alcalá de Henares con motivo de la XIII Cumbre Hispano-Polaca. Ese día, Marruecos publicó un comunicado en el que indicó que la crisis diplomática estaba motivada por la postura del Gobierno respecto al Sáhara, no por la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

Precisamente, este último declaró el 1 de junio como imputado ante el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional por la querella presentada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEH) por genocidio y horas más tarde voló de regreso a Argelia.

En cuanto al teléfono móvil del ministro de Interior, el Gobierno informó después de que Grande-Marlaska sufrió dos ataques en el mismo junio de 2021. En el primero de ellos le fueron sustraídos 4 megas y en el segundo un volumen mucho más importante de información, 6,3 gigas.

El análisis de los terminales de otros miembros del Gobierno también pudo determinar un intento de infección del teléfono del titular Agricultura, Luis Planas, que resultó fallido, y se produjo igualmente en junio del pasado año.