El Gobierno catalán cree que el Estado debería seguir pagando las pensiones durante un tiempo tras la independencia

BARCELONA (EP). El Gobierno catalán cree que el Estado debería seguir pagando temporalmente las pensiones de los catalanes que han cotizado en la Seguridad Social si Cataluña se independiza, y que en ese paso debería alcanzarse un pacto bilateral, han explicado este miércoles en rueda de prensa la consellera de Trabajo, Dolors Bassa, y el secretario del departamento, Josep Ginesta.

Bassa ha defendido que las pensiones son un "derecho contractual de los ciudadanos", basándose en dónde han cotizado y cuántos años, y sin tener en cuenta su nacionalidad y dónde viven, por lo que la Ley de transitoriedad incluye la obligación de las instituciones de pagar a las personas que han contribuido, para el que haría falta tiempo y diálogo entre las partes, ha añadido.

Bassa y Ginesta han dejado claro que el Gobierno catalán pretende pagar las pensiones a los catalanes que cotizaran directamente en una Cataluña independiente, así como de empezar a pagar al resto "cuanto antes mejor" una vez Cataluña tuviera todos los datos sobre pensionistas y se llegara a un acuerdo bilateral.

La consellera ha recordado que está aprobada la creación de la Agència de Protecció Social y ha defendido que una seguridad social catalana sería "más potente y más sostenible que la actual".

Ha asegurado que las cuentas autonómicas llegarían a un equilibrio en la primavera de 2018, por lo que ha propuesto revalorizar las pensiones por encima del 0,25% actual, que considera insuficiente.

Se basa en el estudio de la Generalitat 'Los fondos de la Seguridad Social en Cataluña. Evolución financiera y principales indicadores que inciden en la viabilidad de las pensiones en Cataluña', que concluye que en Cataluña los factores del mercado de trabajo son más favorables, con más población con empleo y que cotiza y sueldos más altos.

Han elaborado el estudio las consejerías de la Vicepresidencia, Economía y Trabajo, analizando los factores macroeconómicos e indicadores laborales vinculados a la sostenibilidad de las pensiones, así como la evolución de los ingresos y gastos del sistema en los últimos años, en base a datos del Ministerio de Empleo y la Intervención General del Estado (Igae).

Menos déficit

El estudio concluye que, en términos absolutos, el conjunto de ingresos y gastos de la Seguridad Social en Cataluña presenta un déficit de 1.308 millones de euros, el 7,2% del total de España (que es de 18.096 millones), lo que supone un porcentaje muy inferior al peso de la población catalana, del 16%, han explicado el secretario de Trabajo, Pere Aragonès, y la directora de Análisis Económico, Natàlia Mas Guix.

El trabajo recoge que el saldo negativo de la Seguridad Social en Cataluña fue de 177 euros por habitante en 2016, menos de la mitad que el registrado en el conjunto de España, de 389 euros; y, en caso de observarse los datos de toda España sin los de Cataluña, el déficit sería aún mayor: 430 euros por habitante.

Al analizar la parte contributiva de las pensiones, que es la que tiene más peso sobre el total, el estudio afirma que en Cataluña el déficit se ha reducido un 72,5% de 2013 a 2016 -pasando de 2.807 millones de euros a 772-, y "se prevé que en los próximos años continúe bajando", mientras que en toda España la reducción ha sido del 56,3%, han dicho.

Los representantes del Govern han reprochado al Estado el empeoramiento de la parte no contributiva, que han vinculado a que ha reducido las transferencias destinadas a financiar estas prestaciones, y han asegurado que, como en Cataluña hay más personas que han cotizado, este ámbito sería "más equilibrado".

Han respaldado estas conclusiones en datos como que la tasa de empleo de 20 a 64 años en Cataluña es del 70,1%, frente al 63,9% de todo el Estado, y que la población catalana afiliada a la Seguridad Social en 2016 era del 42,1%, frente al 37,3% del conjunto de la española.

Cataluña representa el 19,4% de las cotizaciones sociales de España en 2016 y el 18,7% de las prestaciones, lo que sitúa la cobertura de las prestaciones para las cotizaciones en un 97% -frente al 93% del conjunto del Estado-, han defendido.