VALÈNCIA. El Gobierno central ha vetado la subida salarial que el anterior Ejecutivo tenía pactada con los bomberos forestales valencianos en Tragsa hasta que estos pasen a formar parte de la Agencia de Seguridad y Respuesta de la Generalitat Valenciana. Según denunciaron este martes los sindicatos y confirmaron fuentes de Presidencia de la Generalitat a este diario, el Ministerio de Hacienda encabezado por María Jesús Montero ha paralizado la prometida mejora retributiva que debía haberse hecho efectiva en la nómina de julio. Esta situación ha provocado una crisis con el colectivo, que ha anunciado concentraciones frente a la empresa pública estatal Tragsa y una huelga indefinida a partir del 7 de septiembre.
Tragsa gestiona las Brigadas de Emergencia para la extinción de incendios y otro tipo de situaciones de alerta desde 2006 mediante un convenio suscrito con la Generalitat Valenciana. La empresa funciona como medio propio instrumental para la prestación de este servicio, pero la Generalitat asumirá próximamente estas labores a través de la Agencia Valenciana de Emergencias, que se subrogará el personal.
La ley de acompañamiento de 2018 aprobada en les Corts Valencianes incluía la subrogación por parte de la Agencia Valenciana de Seguridad a los bomberos forestales de Tragsa gracias a una enmienda del grupo parlamentario de Podem. Con este cambio, tendrán más competencias y su salario será mayor. Y aunque en la práctica ya han asumido mayores funciones, todavía no se ha producido la mejora salarial acordada, según denuncian los sindicatos.
La encomienda a Tragsa finalizaba incialmente el pasado 30 de junio, pero la Agencia tiene hasta el 30 de noviembre para hacer efectiva la subrogación, según quedó establecido en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat de 2018. El Consell, no obstante, ha aprobado recientemente extender unos meses más la encomienda, hasta el citado 30 de noviembre
Para ese período, los trabajadores y el anterior Ejecutivo estatal habían pactado en febrero un aumento de los salarios efectivo a partir de julio. Para sufragarlo, la Generalitat aprobó una modificación de su presupuesto con el objetivo de compensar a Tragsa el incremento salarial mientras la Agencia de Emergencias se subroga al personal.
Aunque Tragsa, dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), no tiene que afrontar con su presupuesto la subida salarial de los brigadistas, el nuevo Ministerio de Hacienda ha decidido paralizar este movimiento, lo que ha abierto una crisis con el cuerpo de bomberos y con los sindicatos.
Fuentes de Presidencia de la Generalitat han asegurado a este diario que el Ministerio se opone a la subida, que excede el incremento salarial previsto con carácter general para el personal público en los Presupuestos Generales del Estado, para evitar que otras comunidades autónomas puedan sentirse agraviadas.
Este paso atrás ha provocado que UGT y CCOO hayan convocado movilizaciones el 23 de agosto y el 6 de septiembre y una huelga indefinida a partir del 7 de septiembre. Un anuncio que llega en plena temporada de riesgo de incendios forestales. En un comunicado, ambos sindicatos afirmaron que llevan "dos años de negociaciones" y han agotado "todas las vías de diálogo" con la empresa pública Tragsa y el Ministerio de Hacienda para cerrar un nuevo marco retributivo tras las nuevas funciones que asumieron con la transformación del servicio de brigadas de emergencias.
Estos trámites incluían a las administraciones autonómicas y estatales y con ellos, se establecía que la modificación salarial se aplicaría en el mes de julio de este año, pero UGT y CCOO han señalado que constatan "el incumplimiento de acuerdo por la dirección de la empresa pública Tragsa y el Ministerio de Hacienda". El Ministerio, según los sindicatos, "en lugar de cumplir con lo pactado con la clase obrera", ha puesto "trabas" y negado la autorización a Tragsa para que pague lo acordado.
El Consell aprobó el pasado 3 de agosto encomendar de nuevo la gestión del servicio de Bomberos Forestales a Tragsa del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2018 por un total de 11.089.619,49 euros.
Con ello se financian los recursos de las unidades de destinadas a la extinción de incendios forestales y actuaciones en otras emergencias en materia forestal, así como el alquiler y mantenimiento de las instalaciones para las unidades de Bomberos Forestales.