El Gobierno comunica a Bruselas ingresos extra de 10.500 millones que destinará a combatir la crisis

MADRID (EFECOM). El Gobierno ha enviado este sábado a la Comisión Europea (CE) el Plan Presupuestario de 2023, que por primera vez incluye un escenario alternativo de ingresos y gastos con una previsión de recaudación mayor de la prevista en el proyecto de presupuestos presentado la pasada semana según el cual el Estado dispondría de unos 10.000 millones de margen adicional de gasto que se destinarían a prorrogar medidas ante el impacto de la guerra de Ucrania en los precios.

Según un comunicado del Ministerio de Hacienda, junto al escenario que recoge las medidas de ingresos y gastos que contienen las cuentas públicas en el momento de elaboración de los Presupuestos de 2023, se plantea otro con una recaudación mayor que "dará margen para prorrogar y adoptar aquellas medidas que se estime conveniente".

En cifras, el Plan Presupuestario de 2023 recoge en el primer escenario que los ingresos totales del conjunto de las Administraciones Públicas supondrán un 42,3 % del producto interior bruto (PIB), con 587.609 millones de euros en términos de contabilidad nacional.

Por el lado de los gastos, contempla para el total de Administraciones Públicas un peso del 47,1 % sobre el PIB en 2022 y del 46,2 % para 2023.

En este escenario, ya se recoge un impacto de 10.000 millones por las medidas adoptadas hasta la fecha para combatir las consecuencias de la guerra y de la crisis energética.

El segundo escenario contempla un punto de partida de ingresos en 2022 "mejor de lo esperado, en base a los buenos resultados de la liquidación del IRPF y del Impuesto de Sociedades por el dinamismo del empleo y el sólido crecimiento económico".

Así, los ingresos totales del conjunto de las Administraciones Públicas supondrían un 43% del PIB, ascendiendo a 597.265 millones de euros en términos de contabilidad nacional.

En el caso de la partida de impuestos, pasan de los 344.627 millones en el primer escenario a los 354.283 millones, 9.656 millones adicionales.

"Se prevé la utilización del posible margen fiscal para prorrogar y adoptar aquellas medidas que se estime más adecuadas con el fin de proteger a las familias, trabajadores y empresas más afectadas por la crisis energética", recoge el documento.

En este segundo escenario los gastos alcanzarán para el total de Administraciones Públicas un peso del 47,9 % del PIB en 2022 y del 46,9 % para 2023.

En cualquier caso, Haciendo subraya en la nota que el plan refleja "el compromiso del Gobierno con el saneamiento de las cuentas públicas", y añade que la previsión de déficit de 2023 se sitúa en el 3,9 %, lo que supone una reducción frente al 5 % de 2022.

Para paliar los efectos de la guerra de Ucrania y la escalada de la inflación, el Gobierno ha tomado diversas medidas como la rebaja del IVA de la electricidad y el gas, la bonificación de 20 céntimos en los carburantes o la subida del 15 % en pensiones mínimas e ingreso mínimo y que estarán en vigor hasta final de año cuando se evaluará su extensión.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado esta misma semana un nuevo paquete de medidas como ayudas a familias con caldera centralizada de gas natural o refuerzo del bono social.

Según los cálculos del Ejecutivo, las medidas adoptadas han permitido reducir la inflación en hasta 3,5 puntos, y apoyar a los sectores más afectados, familias y colectivos vulnerables.

Más de 285.000 empleos aflorados de conomía sumergida

En el ámbito laboral y de la Seguridad Social, el documento recoge que desde 2019 se ha producido un afloramiento de empleo procedente de la economía sumergida de 285.000 afiliados a la Seguridad Social, de los cuales 250.000 serían asalariados y 35.000 autónomos gracias a medidas como los ERTE y las prestaciones por cese de actividad a los autónomos.

Asimismo, el Gobierno destaca que la ejecución del Plan de Recuperación, con las reformas orientadas a impulsar la digitalización y especialmente las reformas del mercado de trabajo están permitiendo la reducción del desempleo estructural en 510.000 personas desde 2019.