VALÈNCIA (EFECOM). El Gobierno ha convocado de nuevo a sus socios parlamentarios a una reunión este miércoles en la que pretende acercar posturas en relación a la fiscalidad energética, después de que la ausencia de PNV y Junts en la celebrada esta semana impidiera alcanzar un acuerdo con garantías de salir adelante.
El tema central del encuentro será, de nuevo, el gravamen sobre las grandes energéticas -que decaerá a final de año si no hay un acuerdo para prorrogarlo o convertirlo en un impuesto permanente-, aunque sobrevuela también la posibilidad de impulsar una subida de la fiscalidad del diésel para equipararla a la de la gasolina.
La tributación de la energía se ha convertido desde hace semanas en una grieta entre los socios parlamentarios del Gobierno, con Junts y PNV de un lado y ERC, Bildu, Podemos y BNG del otro, que ha llegado a poner en peligro el paquete fiscal y amenaza ahora otras iniciativas.
La continuidad del gravamen extraordinario sobre las grandes energéticas fue el gran escollo de la negociación del paquete fiscal: el Gobierno pactó inicialmente con PNV y Junts dejarlo caer a final de año, pero después acordó con ERC, Bildu y BNG prorrogarlo un año y con Podemos, negociar su conversión en un impuesto permanente.
Esta negociación arrancó esta semana con una primera reunión encabezada por el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, a la que estaban llamados todos los socios parlamentarios del Gobierno, pero a la que no acudieron ni PNV ni Junts, cuyos votos son imprescindibles para sacar adelante cualquier medida.
PNV calificó el encuentro de "paripé" y defendió que, en lugar de aprobar un nuevo "parche", se revise el impuesto de sociedades, mientras que Junts reclama que no se grave a las empresas que inviertan en descarbonización.
El propio Ministerio de Hacienda constató que "las posiciones están muy alejadas", pero instó a dar una oportunidad al diálogo que permita consensuar un impuesto con deducciones e incentivos para fomentar la descarbonización y la inversión en electrificación.
A falta de un acuerdo sobre el futuro impuesto, el plan a corto plazo consistiría en prorrogar un año más el gravamen temporal a través de un real decreto que se aprobaría antes de final de año -esto fue lo que el Gobierno pactó con Podemos-, pero en este momento parece improbable que lograse el aval del Congreso, ya que no cuenta con los apoyos de PNV ni Junts.
La reunión de este miércoles llega así rodeada de incertidumbre sobre si finalmente PNV y Junts acudirán y, en su caso, si será posible alcanzar un acuerdo sobre el impuesto energético, con la presión añadida de que Podemos se niega a apoyar otras medidas si este no sale adelante.
La negociación del impuesto a las energéticas se ha visto atravesada por la posible subida de la fiscalidad del diésel para equipararla a la de la gasolina, una medida que el Gobierno incorporó al paquete fiscal, pero que resultó rechazada en el Congreso por el voto en contra de Podemos.
Ahora, ante la posibilidad de que el Gobierno intente recuperar esta medida en un real decreto ley -algo que, por el momento, Hacienda no ha confirmado-, Podemos advierte de que volverá a votar en contra si no va acompañada del impuesto a las energéticas, lo que impediría que salga adelante.
A la incertidumbre derivada de estos vetos cruzados se suma, además, la reciente alianza de PP y Junts para suspender el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, una medida incorporada a la ley sobre el comercio de los derechos de emisión, cuya tramitación se encuentra ahora paralizada.
De hecho, PP confía en atraer a Junts para que apoye algunas de sus enmiendas al paquete fiscal -como una rebaja más rápida del impuesto de sociedades para pymes-, que continúa su tramitación en el Senado y que tendrá que volver al Congreso para que se pronuncie sobre esos cambios, aunque ya tiene garantizada su aprobación.