VALÈNCIA. (EP). La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha anunciado la celebración antes de fin de año de una reunión de la Conferencia de Presidentes, la séptima, para que se encuentre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con todos los líderes autonómicos, y ha añadido que su intención es que la celebración de un encuentro al año sea un mínimo.
"La Conferencia de Presidentes debe ser piedra angular", ha dicho Batet en su primera comparecencia en el Congreso para explicar los objetivos de su ministerio.
La ministra ha explicado que desde que José Luis Rodríguez Zapatero creó este órgano de encuentro en 2004 sólo ha reunido en seis ocasiones y de manera "discontinua", cuando se debe cumplir ya el objetivo de un encuentro como mínimo al año. Este fue de hecho el acuerdo que se adoptó en su última celebración, en enero de 2017, y que el nuevo Gobierno quiere cumplir con una convocatoria este año.
Batet ha defendido las posibilidades que ofrece este foro para "crear una dinámica de construcción de lealtades mutuas", algo a lo que según ha dicho renunció el Gobierno anterior.
La ministra ha subrayado que lo importante de este foro no es el número de acuerdos que alcance, sino su mera convocatoria habitual y la posibilidad de que los presidentes intercambien opiniones y debatan "con sinceridad" sobre los problemas del conjunto del Estado.
Ha asegurado que también su departamento tiene intención de relanzar las conferencias sectoriales que comparten el Gobierno y los Ejecutivos autonómicos, para poner asuntos en común y evitar también conflictos. El modelo autonómico, ha dicho, "reclama" reforzar los órganos de cooperación y que las políticas de las comunidades se integren en las políticas estatales.
Meritxell Batet ha defendido la necesidad de establecer "un auténtico sistema de cooperación, no una suma de órganos de contacto" y que los foros multilaterales se "complementen" con los bilaterales, que existen entre el Estado y todas las autonomías.
La responsable de Política Territorial ha asegurado también que otro objetivo de su departamento es reducir la conflictividad ante el Tribunal Constitucional, que en este momento tiene entre manos 54 impugnaciones: 31 del Estado y 23 presentadas por los gobiernos autonómicos.
En resumen, ha subrayado que la finalidad es "establecer un marco de confianza y lealtad intergubernamental", avanzar en "una cultura federal" de relación entre los distintos niveles de administración del Estado.
