El gobierno de València no devolverá los sobresueldos y la oposición se pone de perfil

VALÈNCIA. El gobierno municipal de València rechaza devolver los 772.000 euros cobrados por ocho ediles del ejecutivo el pasado mandato en forma de complementos salariales que fuera de la ley, como confirmó la Agencia Valenciana Antifraude. El equipo de gobierno achaca a las conclusiones de la agencia a una discrepancia jurídica e insiste en la legalidad de estos sobresueldos alegales.

Hace apenas dos meses, el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, admitió hasta en dos ocasiones en el pleno municipal con rotundidad haberse saltado la 'Ley Montoro' para la aprobación de estos complementos salariales: "Quisimos sortear la Ley del señor Montoro", dijo el primer edil. Sin embargo, este viernes, el vicealcalde, Sergi Campillo, negó que el ejecutivo local asuma irregularidad alguna.

En resumen, estos complementos forman parte del régimen retributivo aprobado en 2015 por el pleno municipal, cuando entró a gobernar la coalición de izquierdas -Compromís, PSPV y València en Comú- liderada por Ribó. Entonces, para no perjudicar a la oposición se hicieron recaer las dedicaciones parciales del 75% en concejales del gobierno municipal, pero se les aplicó un complemento salarial no contemplado en ninguna ley que, a la postre, les hacía cobrar como si tuvieran una dedicación exclusiva.

Así, de esta manera, todos los concejales del Ayuntamiento cobraron el 100% del salario, pese a que la 'Ley Montoro' establece que ocho concejales deben cobrar menos por esa dedicación parcial. En total, por este concepto, se pagaronde más 772.000 euros en total durante los cuatro años a ocho ediles del ejecutivo local, pertenecientes a los tres partidos del gobierno.

Con todo, dos meses después de la intervención de Ribó asumiendo el incumplimiento de la normativa, Campillo aseguró este viernes que lo que hay entre la Agencia y el Ayuntamiento son "discrepancias en la interpretación jurídica" en torno a estos complementos.

Para futuras ocasiones, Antifraude recomendaba hacer informes jurídicos previos y establecer claramente las funciones de cada concejal para calcular su salario. El consistorio aceptará estas recomendaciones, pero, dijo Campillo, eso "no significa de ninguna de las maneras que esos complementos no fueran ajustados a la ley en aquel momento".

Así, destacó el vicealcalde que el interventor ha dado el visto bueno cada mes cuando se pagaban las nóminas de los ediles. Y por tanto, pese a haber sorteado la ley el Ayuntamiento, Campillo rechazó la devolución de estos complementos: "Sería un poco extraño que los concejales tuvieran que devolver un salario que está cobrado correctamente".

Los sueldos parciales de la oposición, a debate

Todo lo anterior se refería al sistema retributivo que estuvo funcionando entre 2015 y 2019. Entonces, este sistema cambió y se hicieron recaer las ocho dedicaciones parciales a las que obliga la ley entre miembros de la oposición, a razón de 4 en el PP, 3 en Ciudadanos y 1 en Vox. A estos ediles se les concedió una dedicación parcial del 75%.

El debate jurídico sobre la proporcionalidad de su sueldo ha puesto en cuestión también la adecuación a la norma de los salarios de estos ediles durante este mandato. La normativa establece que los concejales con dedicación parcial deben cobrar en función del "tiempo de dedicación efectiva". Ante ello, tanto la Agencia Valenciana Antifraude, el Ministerio de Hacienda y el Consell Jurídic Consultiu consideran que el sueldo debe calcularse respecto a los concejales con dedicación exclusiva.

Así se había hecho hasta el momento. En 2015, a quienes se les adjudicó una dedicación parcial del 75%, cobraban por ello el 75% del sueldo de los ediles con dedicación exclusiva -más los complementos alegales-. Sin embargo, en 2019 ese criterio de proporcionalidad cambió, y el cálculo se hizo respecto al sueldo del alcalde. Así, a la postre, se adjudicó a los ocho ediles de la oposición con dedicación parcial del 75% el 75% del sueldo de Ribó. En términos absolutos, este salario anual bruto asciende a 63.500 euros.

Si se hubiera aplicado el criterio que se había venido usando anteriormente, el sueldo habría ascendido a 51.100 euros aproximadamente. La Agencia Valenciana Antifraude considera que, pese a entrar dentro de los límites legales establecidos por la ley, la interpretación de la propocionalidad utilizada en este caso, y que supone un sueldo mayor para los ediles en cuestión, no es la correcta. El gobierno municipal acepta la opinión de la Agencia pero lo aplicará en 2023, cuando empiece el próximo mandato.

Este viernes, preguntado el vicealcalde Sergi Campillo sobre la imposibilidad de cambiar ese sistema cuanto antes, el edil explicó que se trata de un acuerdo plenario adoptado en 2019 para todo el mandato y que "no se puede cambiar con efectos retroactivos". A su juicio, el momento para aplicar esta recomendación es cuando se haga un nuevo acuerdo, "en el siguiente mandato".

Sin embargo, no supo explicar qué impedimento legal había en hacerlo ya y aseguró que "siempre" se ha hecho al principio de la legislatura por lo que se va a seguir "con esa práctica". ¿Hay alguna ley que prohíba cambiar el sistema retributivo durante el mandato? "Yo lo desconozco", señaló Campillo. Varias fuentes jurídicas consultadas por este diario rechazaron a todas todas que haya un impedimento: "Se puede cambiar cada pleno si se quiere", ironizan.

Con todo, fuentes del gobierno municipal temen que si se cambiara el sistema ahora, los ediles afectados pudieran acudir a los tribunales para recurrir la decisión.

La oposición, de perfil

Ante este maremágnum jurídico, que afecta de lleno tanto al gobierno municipal como a la oposición, los grupos municipales del PP, Ciudadanos y Vox no quisieron meterse demasiado en la cuestión este viernes. Desde la formación que lidera María José Català, se reivindicó la legalidad de los sueldos que los ediles con dedicación parcial cobran este mandato, pues la normativa no especifica que la proporcionalidad del salario no pueda aplicarse respecto al sueldo del alcalde. Asimismo, recordaron que el PP votó en contra, pero no por el sistema retributivo, sino porque se descargaban todas las dedicaciones parciales en la oposición.

Por su parte, desde el grupo de Ciudadanos, que encabeza Fernando Giner, también resaltó su voto en contra en 2019 porque "fue impuesto de manera unilateral por el equipo de gobierno y, entre otras cuestiones, impuso que la totalidad de las dedicaciones parciales recayesen de manera obligatoria en miembros de la oposición, lo que a nuestro juicio supone una limitación de los derechos políticos de la oposición".

Nada señalaron respecto a los sueldos actuales de sus ediles con dedicación parcial, aunque instaron al equipo de gobierno a "asumir todas sus recomendaciones en los términos planteados por la Agencia". Esto es, a cambiar el sistema retributivo. Ahora bien, no dijeron cuándo debería hacerse.

Vox, por su parte, rechazó hacer ningún tipo de declaraciones.