Joan Ribó. Foto: ESTRELLA JOVERVALÈNCIA. El alcalde de València, Joan Ribó, admitió este jueves durante el pleno municipal lo que ha venido publicando este diario y constatando la Agencia Valenciana Antifraude: el Ayuntamiento se saltó la normativa de racionalización de Cristóbal Montoro para aprobar los sobresueldos a ocho concejales del equipo de gobierno durante el pasado mandato, y por los que se desembolsaron en total más de 770.000 euros.
"Quisimos sortear la Ley del señor Montoro, que impedía poner todas las dedicaciones exclusivas, efectivamente", sentenció el primer edil durante una de sus intervenciones en el hemiciclo municipal. Pero asumió la vulneración de la normativa en otra ocasión, al aseverar que si tuviera que dimitir, lo haría "por ingenuo, por favorecer a la oposición de una forma que de alguna manera impedía la ley". Ribó justificó la irregularidad, así pues, insistiendo en que lo hizo por hacer un favor a los miembros de la oposición.
La llamada 'ley Montoro', que se aprobó en 2013 para limitar los gastos de las entidades locales, fija que ocho de los 33 ediles de València deben tener dedicación parcial y, por ende, un sueldo sensiblemente menor. Así pues, el nuevo gobierno de izquierdas en 2015, dirigido por Ribó, pactó con la oposición que las dedicaciones parciales recaerían sobre ocho ediles del gobierno, miembros de la Junta de Gobierno Local, a los que se les adjudicaría el 75% del sueldo completo.
Sin embargo, por otro lado, a esos mismos miembros se les aprobó un "complemento de especial responsabilidad" no contemplado en la normativa que, en la práctica, les hacía cobrar el 100% del salario. Por ello, Antifraude ha concluido que se vulneraron los principios de la normativa porque "de facto su efecto práctico" fue que se pagó a todos los concejales "el mismo importe en términos cuantitativos que el fijado por el pleno para los regidores con dedicación exclusiva".
El alcalde, tras conocer la resolución del organismo que dirige Joan Llinares, rechazó en el pleno municipal dimitir dado que Antifraude únicamente ha planteado algunas recomendaciones pese a constatar la irregularidad. "Hicimos esto precisamente para que todos los miembros de la oposición pudieran cobrar lo mismo que los miembros del gobierno", señaló el alcalde, quien recordó que, además, se aprobó una bajada del salario del alcalde de un 20% en 2015.
"Yo no me arrepiento de nada, pero si me tuviera que arrepentir lo haría de haber hecho eso por beneficiar a la oposición", dijo el primer edil de València, quien explicó que esta legislatura "ya no" se ha hecho lo mismo porque, dijo, "sabíamos la situación cómo iba a venir. No queremos tener más problemas". En ese sentido, admitió que la pasada legislatura "había más equilibrio entre los miembros de la oposición y del gobierno" porque se consiguió "sortear la Ley del señor Montoro". "Pero como dice la Agencia, la situación no pasa de ahí. Si tuviera que dimitir, sería por ingenuo, por favorecer a la oposición de una forma que de alguna manera impedía la ley", sentenció Ribó al respecto.
El Ayuntamiento había alegado que en ningún caso se buscaba violentar la normativa con el complemento salarial, pero la Agencia es contundente al responder que "se le denomine como se le denomine", la decisión tomada, que es responsabilidad de toda la corporación, "no parece una interpretación acorde a la norma, que lo que pretende es la eficiencia en el uso de los recursos públicos".
Pero además, Antifraude recuerda que la decisión pasó por encima del criterio manifestado tanto por un dictamen del Consell Jurídic Consultiu e incluso una nota informativa el Ministerio de Hacienda, que dejaban claro que "el límite máximo total que pueden percibir por todos los conceptos retributivos" los ocho concejales en cuestión "viene determinado por la aplicación del porcentaje de dedicación parcial", esto es, el 75%.
