VALÈNCIA. El Real Decreto Ley aprobado este viernes por el Gobierno para la reforma de la estiba -la actividad de carga y descarga de buques en los puertos españoles- detuvo en un total de 21,5 millones el contador de la multa que se le exige al Reino de España por mantener hasta ahora este régimen de monopolio, que fue condenado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en una sentencia dictada el 11 de diciembre de 2014.
(VER LA PRESENTACIÓN DE FOMENTO DEL DECRETO DE LA ESTIBA)
Este será, en consecuencia, el precio que pagarán los contribuyentes españoles por el retraso del Gobierno español en cumplir con el mandato del tribunal de Luxemburgo. Todo salvo que el ejecutivo -como es su intención, según informan fuentes portuarias- logre que la Comisión Europea perdone la multa.
Uno de los argumentos que esgrime el Ejecutivo en esta solicitud es el largo periodo que permaneció en funciones hasta que Mariano Rajoy formó de nuevo gobierno tras la repetición de las elecciones generales. En este lapso de tiempo han sido dos los titulares de Fomento -el responsable de acometer la reforma-. Primero estuvo al frente Ana Pastor y ahora lo está Íñigo de la Serna, que ha tenido que gestionar este complejo proceso durante sus primeros meses en el cargo.
En cualquier caso han pasado más de dos años desde que se dictó la sentencia, tiempo que el Gobierno ni siquiera ha sabido invertir en modificar con sosiego la Ley de Puertos. El cambio legislativo se ha producido a última hora y a través de un decreto ante la ausencia de tiempo material para acometerlo de un modo más ortodoxo.
El Real Decreto Ley de reforma de la estiba que establece un periodo de tres años para que desaparezcan las actuales sociedades de gestión de estibadores portuarios, las Sagep (Sevasa en el caso del Puerto de València). Estas firmas monopolizan actualmente el sector, al concentrar los 6.150 estibadores que trabajan con exclusividad en los puertos y controlar las contrataciones de las empresas que operan en los puertos.
La reforma contempla que, o bien las empresas de estiba pasen a contratar directamente a los estibadores que necesiten, o que las Sagep se reconviertan en Centros Portuarios de Empleo, una firma con carácter de ETT.
Tras su aprobación en el Consejo de Ministros la reorganización del sector debe ahora ser avalada en el plazo de un mes por el Congreso de los Diputados. Por ello, el Gobierno mantiene contactos con los distintos grupos parlamentarios con el fin de lograr apoyos a una ley que, según defiende Fomento, no es fruto de una decisión política, sino de la necesidad de cumplir con las normas europeas y evitar una multa.