VALENCIA/MADRID (VP/EP). El Gobierno estudia aprobar mañana un decreto ley para facilitar que las empresas que quieran trasladar su domicilio social puedan realizarlo sin necesidad de que la decisión requiera la aprobación de la junta general de accionistas de la compañía, según informaron a Europa Press en fuentes conocedoras de la norma.
En concreto, la medida que podría estudiar el Consejo de Ministros supondría una modificación de la disposición de la Ley de Sociedades de Capital, aprobada en 2015, que establece que "el órgano de administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional", salvo disposición contraria de los estatutos.
Con la nueva modificación se eliminaría la salvedad de los estatutos, de forma que se facilitaría que las empresas puedan cambiar su domicilio social sin necesidad de pasar por la junta de accionistas, según informaron las mismas fuentes.
El decreto facilitaría el cambio de sede a compañías como Caixabank, ya que sus estatutos no permiten el cambio de domicilio social solo con un acuerdo del consejo de administración, sino que precisa del visto bueno de los accionistas.
La medida sería estudiada en el Consejo de Ministros de este viernes. Fuentes del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad declinaron hacer comentarios al respecto, al igual que fuentes de Caixabank.
En el caso de Caixabank, el requisito de que la decisión del cambio de sede tenga que pasar por la junta de accionistas se recoge en artículo 4.2 de los estatutos sociales de la entidad, que fija que "domicilio social podrá trasladarse a otro lugar dentro del mismo término municipal por acuerdo del consejo de administración. Para proceder a su traslado a un término municipal distinto se precisará el acuerdo de la junta general de accionistas".
Otras compañías y entidades no obligan en cambio a este requisito, como es el caso de Banco Sabadell, cuyo consejo de administración ha aprobado este mismo jueves en una reunión extraordinaria el traslado del domicilio social de la entidad a Alicante ante la incertidumbre política y económica que ha originado la celebración del referéndum ilegal en Cataluña el pasado domingo.
Dentro del Ibex 35, empresas como Gas Natural Fenosa, Abertis, Cellnex o Colonial, además de la propia Caixabank, tienen su sede social en Cataluña. Asimismo, otras cotizadas como FCC, Borges, Dogi o Ercros cuentan con su domilicio social en territorio catalán.
En los últimos días varias empresas han anunciado el traslado de su sede social, como es el caso de Oryzon, que cambia su domicilio social de Cornellà de Llobregat (Barcelona) a Madrid, o de otras empresas como Eurona o Proclinic Expert. No obstante, las deslocalizaciones se llevan produciendo desde hace varios meses, como en el caso de Naturhouse, Grifols o Derby Hotels.
La Asociación de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae) ha comunicado que denunciará la próxima semana el Real Decreto aprobado este viernes por el Gobierno para agilizar la movilidad de las sedes sociales de las empresas por considerar que constituye "un atropello a los derechos de los accionistas de las sociedades cotizadas", según ha informado en un comunicado.
La asociación ha destacado que esta modificación de la Ley de Sociedades afecta negativamente, en particular, a los pequeños ahorradores accionistas, ya que "tiende a continuar reduciendo su capacidad de actuación efectiva en las juntas generales".
Por ello, la semana que viene denunciará este Decreto Ley, ya que opina que "contraviene abiertamente las tendencias europeas en materia de derechos de los accionistas, de transparencia y de buen gobierno de las sociedades anónimas".
En este sentido, ha recordado que una de las últimas reformas a nivel europeo parte de las deficiencias advertidas en el gobierno corporativo de las grandes sociedades y el mantenimiento de dificultades injustificables para el ejercicio por parte de los accionistas de sus derechos. "Unas deficiencias y dificultades que el Decreto Ley del Gobierno agrava en lugar de resolver, minando la ya de por sí gravemente deficitaria aplicación de los derechos que corresponden a los millones de pequeños accionistas de sociedades cotizadas", ha reprochado.