MADRID (EFE). El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha iniciado la incautación de las fianzas de explotación de las sociedades concesionaras de las 9 autopistas que quebraron en la última crisis financiera de 2008, un importe que asciende a 120 millones de euros.
La primera garantía que ha solicitado el Departamento que dirige José Luis Ábalos corresponde a la autopista entre Madrid y Toledo (AP-41), cuyo valor asciende a 10,12 millones de euros, con la previsión de seguir incautando las del resto de vías de peaje rescatadas.
Las nueva autopistas que se encuentran en liquidación concursal son la radiales de Madrid R2, R3 y R5 (bajo una única sociedad), R4, M-12 (eje aeropuerto), AP-41 (Madrid-Toledo) y AP-36 (Ocaña-La Roda), así como la AP-7 de circunvalación a Alicante y la AP-7 entre los municipios de Cartagena (Murcia) y Vera (Almería).
Junto con la resolución de los contratos de concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de todas estas vías, el Gobierno también contemplaba la incautación de las garantías de explotación, un procedimiento que ahora ha iniciado.
Los avalistas, sociedades concesionarias en liquidación concursal y determinadas sociedades y fondos acreedores presentaron distintos recursos frente a los acuerdos de julio de 2018 del Consejo de Ministros, que, según defiende Transportes en un comunicado, han sido resueltos mediante sentencias firmes por el Tribunal Supremo a favor del Ministerio y en el sentido recogido en el acuerdo del Consejo de Ministros.
De esta forma, el Gobierno se escuda en estas resoluciones judiciales para reclamar los 120 millones de euros dispuestos en garantías, lo que aminorará la factura del Estado por este rescate, un coste que asciende actualmente a 411 millones por la AP-36 (Ferrovial Infraestructuras, Europistas y Budimex) y de cero euros tanto para la M-12 (OHL) como para la R-3 y R-5 (Abertis, Sacyr, ACS y Bankia), a falta de calcular la factura del resto de autopistas.
El organismo encargado de ejecutar la incautación total de las garantías de explotación depositadas por las sociedades concesionarias será la Caja General de Depósitos. Las fianzas de estas cuatro autopistas, que estaban controladas por tres concesionarias, asciende a 12,9, 7 y 29,7 millones de euros, respectivamente.
El resto se distribuye en 15,5 millones para la R-2 (Abertis, ACS, Acciona y Globalvía), en 18,3 millones para la R-4 (Ferrovial y Sacyr), en 18 millones la AP-7 (Globalvía y Ploder), en 8 millones la circunvalación de Alicante (ACS, Abertis y Globalvía) y en 10,1 millones la AP-41 (Isolux Corsán, Comsa, Sando y Azvi), para la cual ya ha sido solicitada la incautación.
En total, la factura que supondrá a las arcas públicas el rescate de las nueve autopistas de peaje que quebraron durante la crisis no podrá superar los 3.305 millones de euros, según la fórmula que el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros y quedó publicada el Boletín Oficial del Estado (BOE).
