El Gobierno nombra a sus vocales en el Consorcio València tras semanas de parálisis

VALÈNCIA. El Gobierno central ya tiene representantes en el consejo rector del Consorcio València 2007. El Consejo de Ministros acordó este vienes, con varias semanas de retraso, el nombramiento de la secretaria de Estado de Hacienda, Inés María Bardón, como vicepresidenta del principal órgano de gobierno del ente gestor de la Marina de València. De esta manera, acaba un impasse de casi dos meses en el que el ente no ha podido tomar las decisiones pendientes, algunas tan urgentes como la negociación con el fondo oportunista que se ha quedado 67 millones de deuda vencida y que amenaza con abrir un litigio en los tribunales británicos.

De hecho, una vez formalizado el nombramiento de la número dos del Ministerio de Hacienda y el resto de vocales en representación del Estado, el paso inmediato es la convocatoria de una reunión del Consejo Rector para clarificar el asunto de la deuda, de la que el Gobierno se ha comprometido a condonar 350 millones pero aún no se ha concretado la fórmula para hacerlo.

"Es fundamental clarificar el tema de la deuda y cómo la va a asumir el Estado", aseguran fuentes del Consell. Para ello, está previsto que próximamente se constituya una mesa técnica entre el Estado y la Generalitat para definir la fórmula jurídica mediante la que se podría llevar a cabo la condonación de esa parte de deuda.

Desde que Ximo Puig anunció el compromiso del Ejecutivo de Pedro Sánchez con la deuda del Consorcio, la Dirección General de Competencia de la Unión Europea ha redoblado su vigilancia sobre el ente, al que ya investiga por un posible caso de ayuda de Estado ilegal en el préstamo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) dio para financiar las obras de la America's Cup de vela en 2007 y 2010 y que está avalado por el Ministerio de Hacienda.

Bruselas, que acaba de dar más tiempo para que la Generalitat y el Gobierno aporten la documentación que justifique la adecuación de esa operación a las normas comunitarias de ayudas estatales, exige conocer las condiciones concretas de la asunción de la deuda por parte del Estado.

La otra decisión urgente a tomar por parte del Consejo Rector afecta al resto de la deuda, los citados 67 millones en poder del fondo oportunista norteamericano TCA ECDF Investments (Taconic).

Aunque las administraciones son partidarias de resolver el asunto de forma amistosa –el Ejecutivo central confía en cerrar un acuerdo en torno a 8 millones de euros– la potestad de aprobar la estrategia a seguir y de desarrollar esa eventual negociación con el fondo es el Consorcio como titular de la deuda.

La deuda actual del ente –participado en un 40% por el Estado, un 40% por la Generalitat y un 20% por el Ayuntamiento de València– supera los 426 millones de euros y el compromiso del Gobierno central es de responder en la proporción que le corresponde en la cantidad que haya que pagar a Taconic.

También está pendiente de resolver la polémica adjudicación de la Estación Marítima. El concurso está en su última fase, pero el Consorcio ya ha pospuesto en un par de ocasiones la celebración de la reunión definitiva para elegir al gestor de este hub tecnológico, un proceso en el que la empresa belga Fosbury and Sons ha tomado la delantera y sobre cuya corrección ha sido cuestionada por la Asociación Valenciana de Startups.

Las alegaciones al proceso planteadas precisamente por la candidatura de Valencia Innovation Distric son la excusa que el Consorcio València ha dado para mantener congelada la adjudicación. Aun así, desde el ente se apunta que el hecho de que el Gobierno haya mantenido vacantes sus puestos no ha ralentizado este proceso, ya que la comisión delegada del Consejo Rector sí ha continuado con sus reuniones de manera recurrente.