Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Banco Santander se quita de encima el crédito de la Marina de València. La entidad financiera ha traspasado a un fondo norteamericano la deuda de 54 millones de euros más los intereses que arrastraba el Consorcio Valencia 2007, la entidad participada por el Estado, la Generalitat y el Ayuntamiento cuyos consejeros ya han recibido una carta del nuevo acreedor, TCA ECDF Investments, para sentarse a negociar el pago de la deuda.
El origen de esta deuda cedida por la entidad financiera es el derivado financiero (swap) que el Consorcio se vio obligado a contratar en febrero de 2006 para cubrir el riesgo del tipo de interés del crédito de 319 millones de euros que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) concedió para financiar las obras necesarias para la Copa América de 2007. La entidad no ha podido hacer frente a ninguna de estas deudas.
De hecho, en marzo del año pasado, Banco Santander le dio al Consorcio un plazo de siete días para pagar esa deuda de 54,53 millones más los intereses correspondientes por el swap con la amenaza de iniciar cuantas acciones legales resultasen "pertinentes y oportunas". Según el contrato del derivado, el producto estaba sometido a la legislación de Reino Unido, por lo que de haberse materializado la amenaza, esas acciones se deberían canalizar a través de los tribunales británicos.
A la deuda del derivado, que ha resultado más caro de lo previsto por la caída de los tipos de interés, se le sumaron otros 9 millones de euros de una póliza de crédito que la propia entidad que preside Ana Patricia Botín puso a disposición del Consorcio para afrontar los impagos de la operación de cobertura. Pero la entidad pública no pudo afrontar ni la póliza, que venció en marzo de 2014, ni el derivado.
Por ese motivo, el banco reclamó por vía judicial en julio de ese mismo año el pago de 12 millones (9 millones del principal más los intereses) y el juzgado decretó el embargo de saldos bancarios por valor de 4,9 millones de euros pendientes de abono. Esta deuda de 9 millones mas intereses también ha sido traspasada a TCA Global.
Los vocales del Consorcio, participado en un 40% por el Estado y la Generalitat y por el Ayuntamiento en el 20% restante, ya han sido notificado por carta de la operación. Durante los últimos días TCA Global se ha puesto en contacto para comunicarse su condición de nuevo acreedor y conminarles a sentarse a hablar sobre el pago de la deuda.
En el misiva, el fondo da cuenta también a los consejeros de sus responsabilidades patrimoniales personales como miembros de la entidad titular de la deuda, un hecho que en el Consorcio se interpreta como un elemento de presión para arrancar la negociación.
Fuentes de la entidad dan por hecho que el fondo norteamericano no tendrá reparos en iniciar en los tribunales londinenses la vía legal con la que amagó el Banco Santander, que ha preferido quitarse de encima la deuda del Consorcio, probablemente con un importante descuento, antes que embarcarse en un litigio con organismo público con una importante participación del Estado.
La cuestión ya fue analizada la semana pasada por la comisión técnica constituida para plantear soluciones a la viabilidad del Consorcio València 2007, en la que están presentes Puertos del Estado, la Abogacía del Estado, el Ministerio de Hacienda, el Tesoro; el Instituto Valenciano de Finanzas, la Conselleria de Hacienda; y el Ayuntamiento de València.
Tras ella, se acordó convocar una reunión urgente del consejo rector del Concorcio para la que aún no hay fecha. El Gobierno aún no ha respondido a la petición para reunirse probablemente porque su representante en el órgano, el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, acaba de ser imputado por malversación.
Los representantes de las administraciones valencianas en la entidad esperan que la irrupción del fondo sirva para que de una vez las tres administraciones implicadas se sienten a negociar una solución definitiva a los 465 millones de deuda que arrastra la Marina, la mayoría de los cuales son con el ICO.
Ayuntamiento y Generalitat han tratado, de momento con nulo éxito, de que el Estado acceda a perdonar parte de esa deuda como anteriormente se hizo con otras administraciones que contaron con financiación del ICO para organizar los Juegos Olímpicos de Barcelona o las Expo de Sevilla y la de Zaragoza.
El comité técnico constituido para estudiar alternativas a la viabilidad del Consorcio definió recientemente que el porcentaje de deuda "asumible" con los recursos que puede generar ronda el 15% del total, entre 40 y 60 millones.
El director estratégico del Consorcio, Ramón Marrades, manifestó recientemente que la entidad es hoy en día "operativamente sostenible" para mantenerse con sus propios ingresos y asumir una parte de su deuda total, pero no toda, por lo que insta a la Administración General del Estado a explorar las "posibilidades financieras" del resto.
El año pasado, el Consorcio aumentó un 28% sus ingresos. La Marina de València cerró 2017 con 71 concesiones y autorizaciones a empresas de distintos sectores –gastronomía y ocio, cultura, náutica, formación e innovación–, lo que permitió que los ingresos derivados de la actividad empresarial aumentasen un 19% respecto a 2016.
Por otro lado, se realizaron 64 eventos que generaron un incremento de un 417% en los ingresos por este concepto. Los recursos generados por La Marina Deportiva, con una ocupación media de un 70%, también crecieron un 32%.
