VALÈNCIA. Han pasado ocho meses desde que se conformara el nuevo gobierno municipal, primero sólo con el Partido Popular, y a continuación con la entrada de Vox. Tiempo suficiente para que el Síndic de Greuges haya tirado de la oreja hasta en cinco ocasiones al ejecutivo local que dirige María José Català por vulnerar el derecho a la información de los concejales de la oposición.
Así lo recogen las cinco resoluciones emitidas por el defensor del pueblo valenciano recientemente ante las quejas planteadas por el grupo municipal de Compromís, según las cuales varias concejalías del ejecutivo local han obstaculizado las peticiones de los regidores de la coalición, bien no otorgando todos los datos que se pedían o dándolos de manera superficial y sin detalle, bien rechazando la petición de amparo por parte de los concejales, o incluso sin llegar a responder esta petición de amparo. En otros casos, escudándose en que la información se debía pedir exclusivamente a través del pleno.
Los casos son diversos y afectan a áreas diferentes del Ayuntamiento, tanto a Servicios Sociales como a Policía Local, pasando por Parques y Jardines o por Transparencia e Información. En todos ellos, el Síndic ha dictaminado que el ejecutivo local ha faltado, de una u otra forma, al derecho a la información inherente a los concejales de la corporación municipal.
Por ejemplo, en uno de los casos se solicitaban, mediante pregunta plenaria, datos sobre la Prestación Económica Individualizada, su período de pago y la cantidad de dinero ejecutado por tipología de prestación y centro de servicios sociales -hay 14 en la ciudad-. La concejalía de Bienestar Social, que encabeza Marta Torrado, sin embargo, ofreció solo datos genéricos sin bajar al detalle solicitado, por lo que el grupo municipal tuvo que pedir amparo a Alcaldía, que lo denegó señalando que, según el reglamento del pleno, esta herramienta de amparo no se aplica a las quejas en preguntas plenarias.
El Síndic de Greuges es contundente al señalar que no está de acuerdo con la interpretación que hace el ejecutivo municipal y que las preguntas "también pueden tener por objeto acceder a la información pública", por lo que el recurso de amparo sí "tutela y protege" este derecho, bien mediante preguntas o mediante otras solicitudes. "No consta", dice el Síndic, que se hubieran dado "los datos concretos" solicitados por Compromís, por lo que insta al Ayuntamiento a hacer una "interpretación favorable al ejercicio de los derechos fundamentales" y proteja "el derecho de información de los concejales".
Pero no fue el único caso. El pasado 24 de enero, el Síndic emitió otra resolución donde instaba a la delegación de Policía Local, que encabeza el edil Jesús Carbonell, a responder a la pregunta de Compromís, que simplemente pedía la cifra de agentes en situación de segunda actividad, distinguiendo los motivos de edad y enfermedad. Pues bien, la concejalía respondió que un dato así no debía pedirse mediante una solicitud de información pública sino mediante una pregunta plenaria al no ser un dato ya elaborado por la administración. De nuevo, Compromís solicitó amparo a la Alcaldía, que reiteró la postura de la concejalía.
Así, el gobierno municipal defendía que este dato "no es una información que haya sido elaborada o adquirida" por el Ayuntamiento sino que "cabría elaborarla". Esto es, que no se trataba de una "información pública propiamente dicha" según la normativa. Pero el Síndic afea al Ayuntamiento que no haya explicado "en qué consisten esas dificultades de carácter organizativo, funcional o presupuestario para reelaborar la información" pedida. "Es más -subraya-, parece que un simple tratamiento informático podría facilitar" esa cifra pedida.
"Esta institución ha afirmado, en numerosas resoluciones emitidas en esta materia, que si los representantes elegidos por sufragio universal encuentran obstáculos para el desarrollo ordinario de su función, no solo se vulnera directamente el derecho fundamental al ejercicio de su cargo público, sino que también, aunque sea de manera indirecta, se ponen obstáculos improcedentes a la plena efectividad del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, piedra angular de nuestro sistema democrático", subraya el Síndic.
Otro de los casos afecta al departamento de Transparencia, Información y Defensa de la Ciudadanía, que dirige el portavoz del gobierno, Juan Carlos Caballero. El grupo municipal de Compromís pedía el número de instancias del padrón realizadas por vía electrónica y cuántas estaban pendientes de tramitar. Aquí, la administración también emplaza a la oposición a solicitar los datos vía pregunta plenaria.
Por su parte, la Alcaldía rechazó también el recurso de amparo insistiendo en realizar la petición en una comisión o en el pleno y argumentando, de nuevo, que la información solicitada no está "elaborada o adquirida como tal". Y de nuevo, el Síndic de Greuges, subraya que el consistorio no ha justificado la dificultad que entraña conseguir el dato y que bastaría con "un simple tratamiento informático", por lo que da la razón a la oposición.
El Organismo Autónomo Municipal (OAM) de Parques y Jardines es otro de los protagonistas. Aquí, la petición de información tenía que ver con el aumento del gasto en Seguridad Social presupuestado para 2024 en comparación con el año anterior. Datos que se pedían especificados por plazas y que el organismo dependiente de la concejalía del ramo encabezaada por Juanma Bádenas (Vox) ofreció de manera totalizada. Pero tras acudir Compromís a pedir amparo a la Alcaldía, no respondió.
Más tarde, ante la petición del Síndic, el Ayuntamiento responde que sí se dio la información, pero el Síndic es claro al indicar que en su respuesta, el consistorio "no facilita la información con el grado de detalle solicitado" y recomienda al Ayuntamiento, casi tres meses después de la primera petición, "que teniendo en cuenta el dilatado período de tiempo transcurrido" facilite los datos requeridos.
También la coalición presentó otra pregunta en comisión que el departamento de Bádenas no respondió, como no lo hizo Alcaldía al recurso de amparo. Más tarde, insistiría el Ayuntamiento en que el amparo, como ya había sostenido anteriormente, no se aplica a las preguntas plenarias. A lo que el Síndic contesta que el derecho a la información de los concejales se ejerce no sólo mediante solicitudes sino también mediante preguntas, por lo que el derecho de amparo debe llegar también a estos casos. Y pide al Ayuntamiento "unta interpretación favorable al ejercicio de los derechos fundamentales" de los concejales.
El pasado viernes, la portavoz del Grupo municipal de Compromís Papi Robles y el concejal Ferran Puchades, criticaron la "actitud obstruccionista del gobierno de Catalá que hace interpretaciones parciales y partidistas de los reglamentos para no dar información ni responder a la oposición". Una actitud que, según Robles, "no sorprende de la actual alcaldesa que cuando fue consellera en la Generalitat los juzgados ya le recriminaron en 6 ocasiones la falta de transparencia de su gestión".
Por su parte, el portavoz del gobierno municipal, Juan Carlos Caballero negó el pasado viernes a preguntas de los periodistas que se esté limitando el derecho a la información a los concejales y aseguró que las resoluciones del Síndic de Greuges ayudan al gobierno municipal "a mejorar" en sus praxis sobre este asunto. Por otro lado, criticó que la oposición se queje de la aplicación del reglamento orgánico del pleno cuya última modificación aprobó el anterior gobierno (Compromís-PSPV) y que fue duramente criticado por las restricciones a las preguntas de la oposición en los plenos y comisiones.