FOTO: EUROPA PRESSVALÈNCIA. (EP) La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha anunciado este martes el plan del Gobierno con el que se busca garantizar el acceso a vacunas contra la covid-19 a los países más pobres que no pueden hacerlo por sus propios medios y que se espera que consiga el consenso necesario de los socios europeos para que lo asuma la Unión Europea.
El objetivo, ha subrayado, está en línea con la petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que el acceso a la vacuna sea "universal y equitativo" a nivel mundial, habida cuenta que de por ahora, de los 40 millones de dosis que se han administrado en 50 países ninguno de ellos es un país pobre y de que nueve de cada diez ciudadanos de los 70 países más desfavorecidos no serán vacunados este año "a menos que esto cambie".
Ante estas circunstancias, ha subrayado, "la respuesta española no puede ser la indiferencia" puesto que esto no protege ni la salud ni la economía, sino que "es la solidaridad la que nos va a permitir proteger la salud de nuestros ciudadanos y la que nos va a ayudar a la recuperación económica".
Así pues, el Plan de Acceso Universal aprobado este martes en el Consejo de Ministros, ha destacado la ministra, está sustentado en consideraciones de justicia, equidad y solidaridad, "que es uno de los valores que la sociedad española apoya masivamente".
También se sustenta en cuestiones sanitarias puesto que, como subraya la OMS, "nadie estará a salvo hasta que todos estemos a salvo" por lo que hay que tener en cuenta a quienes no tienen medios para acceder a la vacuna, así como de índole económica, como ha resaltado el FMI, ya que "la salida de la crisis provocada por la COVID-19 será más rápida y más fuerte si todos podemos salir juntos", ha añadido.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene la intención de compartir este plan con el resto de líderes europeos en el consejo informal de este jueves sobre la pandemia con el objetivo de buscar que "este ejercicio de solidaridad con países terceros sea compartido por toda la UE", ha adelantado la ministra.
Según González Laya, España considera que lo más idóneo es que haya un "esfuerzo de solidaridad" conjunto de la UE que además de dar "visibilidad" al mismo tiempo también permitirá una "mayor eficiencia" en cuanto a la entrega.
Así, ha precisado que el Gobierno buscará "un consenso europeo" en esta cuestión, como ya se ha hecho en los últimos meses en otros temas como la adquisición de las vacunas o el calendario de vacunación, que confía que será posible alcanzar "en los próximos días", sin aclarar en todo caso si España seguiría adelante con su plan en solitario en caso contrario.
Lo que sí ha indicado es que las vacunas saldrían del "exceso" de las adquiridas por la Unión Europea en nombre de todos los estados miembros y sin esperar a que ya se haya vacunado a toda la población europea.
Según explica el documento acordado, la UE ya trabaja en su propio mecanismo de solidaridad con vistas a establecer un procedimiento de donación y reventa a precios de coste de vacunas a terceros países. Dicho mecanismo, contemplaría que cada país fijase el porcentaje de las vacunas que le corresponden que querría aportar y le permitiría elegir también el destino de las vacunas.
Además, la ministra ha recalcado que de lo que se trata es que al mismo tiempo que está en marcha la campaña de vacunación a nivel nacional se apoyan los esfuerzos para que también se empiece a vacunar en países terceros, en particular a la población más vulnerable y el personal sanitario, y no esperar "a final de año".
El Gobierno ha fijado en su plan sus prioridades en cuanto a los receptores de estas vacunas, identificando tres grupos prioritarios: la población refugiada, desplazada y solicitante de asilo, especialmente en contextos humanitarios; los países menos adelantados con problemas para adquirir vacunas; y los países prioritarios para la cooperación española en los que "no esté garantizado el acceso del 20 por ciento prioritario de la población".
En cuanto a cómo se canalizarán dichas vacunas, González Laya ha indicado que la entrega directa será la última opción, principalmente por las difultades logísticas que supondría.
En este sentido, se apuesta en primer lugar por la iniciativa COVAX, de la que España forma parte, y en segundo lugar por el mecanismo de donación de la UE --cuando sea aprobado-- "Siempre que se preserve la visibilidad de la constribución española".
En tercer lugar, el Gobierno contempla tanto a la oficina de coordinación humanitaria de la UE (ECHO) como a la de la ONU (OCHA), sobre todo en contextos de crisis humanitarias dado que en estos casos la población requiere "una atención diferenciada".
A esto se suma una cuarta vía, la de las organizaciones multilaterales y regionales, en particular en lo relativo a los países de América Latina y el Caribe. En este sentido, el plan señala que ya hay conversaciones en curso con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para explorar posibles escenarios de cooperación.
Por otra parte, también se prevé el apoyo a estos países en la preparación de sus estrategias nacionales de vacunación, aspecto en el que la AECID "jugará un papel esencial sobre el terreno".
El plan, según ha explicado la ministra, ha sido elaborado de forma conjunta por su departamento y por el Ministerio de Sanidad. Para su implementación está previsto un comité de coordinación que encabezará la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional.
En dicho comité, además de otras secretarías de Estado del Ministerio de Exteriores, también estarán presentes el Ministerio de Sanidad, el de Ciencia así como la Presidencia del Gobierno, además de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo (CONGDE) y expertos. Asimismo, aquellas comunidades autónomas que lo deseen también podrán sumarse.
El cometido de dicho órgano será el de supervisar las decisiones sobre el destino de las vacunas así como las correspondientes cuestiones administrativas y logísticas. Al término del plan, está prevista también una evaluación final de resultados.
