FOTO: EUROPA PRESS/J. Hellín. VALÈNCIA. (EP) La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha asegurado que las medidas aprobadas este martes para combatir las continuas subidas del precio de la luz permitirán rebajar la factura una media del 30% mensual hasta final de año.
Entre las medidas que más contribuirán a esta rebaja se encuentran la reducción del IVA al 10% --que el Gobierno descarta prorrogar para el gas--, la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, el descuento del impuesto de la electricidad al 0,5% o la contribución esperada de 2.600 millones de euros por parte de las eléctricas procedente de los denominados 'beneficios caídos del cielo'.
"Estas medidas encajan bien con las acciones que el Gobierno lleva ejecutando desde junio de 2018. Estamos comprometidos con una sistema energético limpio, eficiente, con precios asequibles y capaz de facilitar la democratización de los actores que participan en él", ha defendido la ministra.
Además, a todo esto se suma un proyecto de ley actualmente en tramitación en el Congreso para minorar también el CO2 a las empresas que producen electricidad pero no generan emisiones contaminantes y, sin embargo, se ven beneficiados por los derechos de emisión. Este concepto minorará la factura un 13% y el Gobierno ya ha pedido tramitarlo con urgencia.
Ribera ha incidido en que la reducción esperada en la factura no se reflejará en los precios mayoristas que se publican cada día, que seguirán subiendo, dados los desajustes en el mercado internacional del gas, no solo en España sino en el resto de países europeos.
Por ejemplo, la ministra ha citado los 441 euros el MWh que se alcanzarán en Reino Unido, lo 200 euros en Irlanda, los 174 en Italia o los 168 en países de Europa central como Francia, Alemania o Dinamarca.
Las principales variables que afectan a estos precios mayoristas están fuera de control de los Estados miembros, ya que dependen más de la regulación comunitaria. Por ello, el Ejecutivo español ya ha pedido a Bruselas una respuesta coordinada común.
Debido a que las eléctricas tendrán que aportar los 2.600 millones de euros que proceden de cobrar todas las energías al precio más caro -el del gas-, Ribera ha pedido a las compañías que entiendan que se trata de medidas excepcionales.
"Confío en que entiendan que se trata de medias excepcionales en momentos excepcionales. Son medidas temporales y no están pensadas para perdurar en el tiempo, sino para dar una respuesta ágil y eficaz para este otoño e invierno", ha señalado.
En este sentido, cree que "corresponde a empresas tan importantes como estas que entiendan que la excepcionalidad debe se respaldada por su esfuerzo y contribución en este momento", aunque admite que tendrán que hacer sus cuentas y "tomarán las acciones que estimen oportuno tomar".
En cualquier caso, Ribera ha trasladado la confianza del Ejecutivo en que esta minoración es compatible con el marco comunitario y no teme una posible judicialización por parte de las compañías eléctricas: "Es congruente con una sentencia de 2013 del Tribunal de Justicia de la Unión Europa que determinó que una experiencia previa de minoración del CO2 era compatible con el marco comunitario".
