Cristóbal Montoro y Ximo PuigVALENCIA. El Gobierno rechaza la propuesta de la Comunitat para asumir parte de la responsabilidad por la multa impuesta por Bruselas por el déficit oculto de la Generalitat y traslada toda la responsabilidad a la Intervención para justificar que la responsabilidad exclusiva es de la Comunitat, por lo debe pagar los 18,9 millones de la multa. Así consta en el informe aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 4 de marzo en la sesión en la que, a propuesta del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, acordó repercutir la sansión a la Comunitat.
El Gobierno central considera a los ejecutivos de Francisco Camps y de Alberto Fabra responsables "en exclusiva" de la ocultación de casi 2.000 millones de gasto sanitario entre 2008 y 2011. El actual Consell ha recibido ya la notificación de la multa por parte del Gobierno de Mariano Rajoy.
En concreto, el informe señala al exinterventor general de la Generalitat Salvador Hernándiz, con rango de subsecretario en los ejecutivos del PP hasta diciembre de 2011 en que fue elevado al puesto de secretario autonómico. El interventor general asistía a menudo como invitado, con voz pero sin voto, a la Comisión Delegada para Asuntos Económicos del Consell, el máximo órgano de coordinación para la toma de decisiones en materia económica del Ejecutivo, destaca la Conselleria de Hacienda.
La propuesta de acuerdo destaca que la Intervención General de la Generalitat no incluyó “importes significativos en el gasto sanitario no imputado a presupuesto en los ejercicios 2008 a 2011” en la llamada cuenta 409, donde deben anotarse los gastos para los que no existe crédito presupuestario.
Asimismo, añade que “en las reuniones bilaterales que se mantuvieron con la citada Intervención valenciana relativa al déficit de los ejercicios 2008 a 2010 no se puso de manifiesto la existencia de gasto sanitario devengado no registrado en la cuenta 409”. “En todo momento se confirmaron los datos relativos a la ejecución presupuestaria enviados correspondientes a los ejercicios 2008 a 2010”, apunta.
El ministerio subraya que “existía un procedimiento para la trasmisión de los datos desde las intervenciones generales de las comunidades autónomas a la Intervención General del Estado”, y defiende que la IGAE “no podía alterar la información de base comunicadas por la Intervención General de la Comunidad Autónoma en cuestión si éste era ratificado por la Comunidad Autónoma”.
En otro momento, cita el informe de la Intervención General del Estado (IGAE) para defender que ésta, “durante los años 2008 a 2012, no ha contado con poderes suficientes para comprobar la cuantía y contabilización del gasto por parte de las comunidades autónomas”. Para apostillar: “A lo sumo solicitaba aclaraciones en los datos recibidos para que estos fueran confirmados, en su caso, por la Intervención correspondiente”. Y agrega que la IGGV confirmó esos datos a lo largo de los años 2008 a 2012.
El acuerdo del ministerio, sin embargo, obvia las alegaciones de la Generalitat cuando ésta recuerda que la práctica de los Consells del PP de esconder facturas en los cajones era “pública y notoria” desde mediados de los noventa, ya que la Sindicatura de Comptes los venía reflejando, año tras año, como destacó la propia Comisión Europea en su investigación, y se publicaron en un diario oficial del Reino de España, como es el Boletín Oficial de las Corts Valencianes.
Este hecho es relevante, según el Consell, en el caso de la multa de UE, ya que el reglamento europeo que reforzó los poderes de las instituciones para el control del déficit -aprobado tras la crisis griega- entró en vigor en diciembre de 2011.
A finales de ese mes, la Sindicatura hizo pública su auditoría de la gestión del Consell correspondiente a 2010, en la que desveló la existencia de gasto sanitario sin cobertura presupuestaria por importe de 3.000,6 millones acumulado hasta ese ejercicio.
De este importe, 1.398 millones habían sido declarados en la cuenta 411 (gastos cuyo pago se periodifica a ejercicios posteriores) pero otros 1.602 millones (1.343,1 millones de atención sanitaria y 259,2, de gasto farmacéutico) no figuraban registrados en ningún sitio, ni en el presupuesto, ni en el balance.
Pese a ello, la IGAE "no puso objeción alguna" a las cifras de déficit de 2011 que la IGGV le trasladó en enero y abril de 2012, en las que no se reflejaba gasto oculto alguno, tal como venía destapando anualmente el Síndic y se publicaba en el Boletín Oficial de las Corts.
La IGAE, sin embargo, argumenta que no tuvo conocimiento de ello hasta que en mayo de 2012 se puso en marcha el plan de pago a los proveedores. Para poder acogerse a este plan, las facturas, por importe de 1.891 millones, correspondiente a gasto realizado entre 2008 y 2011 sin cobertura presupuestaria, tenían que aflorarse.
Y en mayo se trasladó oficialmente la información a las instituciones europeas, que iniciaron las pesquisas que han conducido a la multa. Por todo ello, el Consell argumenta que la responsabilidad de la omisión de los datos en 2012 es responsabilidad del Gobierno de Rajoy, que tenía la competencia de trasmitir la información correcta a la UE, al tiempo que destaca la “dejación de funciones” al tratarse de datos y de una práctica conocida.
En todo caso, el Ejecutivo autonómico acepta una “responsabilidad concurrente”, la que se derivaría del anterior Consell y del Gobierno central.
