El Gobierno recurre el embargo del alquiler que pagan Edem y Lanzadera a la Marina Real

VALENCIA. El Gobierno ha recurrido al juzgado número 1 el embargo del alquiler de Edem y Lanzadera a la Marina Real a favor del Banco Santander.  Tras más de una semana de críticas por parte del alcalde de Valencia, Joan Ribó, y del conseller de Hacienda, Vicent Soler, por la inacción del Estado ante la crítica situación del ente, finalmente la delegación del Gobierno, dirigida por Juan Carlos Moragues, ha decidido dar un paso al frente intentando recuperar los 350.000 euros anuales que pagan los proyectos de Juan Roig por estar en la dársena.

Para respaldar esta postura, la Abogacía del Estado, en un recurso presentado el 24 de febrero, señala estos pagos como "inembargables". En primer lugar, alegan que lo que ha embargado el juzgado son créditos que ostenta el Consorcio frente a Edem, los cuales forman parte de los recursos financieros de la hacienda de éste, que es parte de la administración pública. Apuntan a que sucesivas leyes presupuestarias aluden a que ningún tribunal podrá despachar mandamientos de ejecución ni dictar providencias de embargo contra las rentas y caudales del Estado.

A partir de ahí apunta a que el propio Tribunal Constitucional ha realizado sentencias donde declara la inembargabilidad de los derechos, fondos y valores de la Administración, que constituyen sus recursos financieros. También indica expresamente que las rentas derivadas de la explotación de bienes patrimoniales se caracteriza por la nota de inembargabilidad ya que constituyen ingresos financieros, algo que también se aplica a la Hacienda Local. Por lo tanto, los dos argumentos clave son la necesidad de continuidad del servicio público y el principio de legalidad presupuestaria.

En situación de concurso de acreedores

Como no es de extrañar, el Consorcio Valencia 2007 se encuentra financieramente en situación de concurso de acreedores. En las últimas cuentas aprobadas la deuda ascendía a 420 millones de euros, pero que ya se han convertido en 440. 263 millones de crédito ICO, 90 millones con Dirección General del Tesoro por cuotas atendidas del crédito ICO y 67 millones del Banco Santander como consecuencia del contrato de cobertura. 

A partir de esta situación, la Abogacía del Estado alega que según la ley concursal no es posible ejecutar un embargo cuando el demandado se haya en situación de concurso de acreedores. Esto se debe a que puede suponer un "grave" perjuicio para el resto de acreedores ya que el Banco Santander no es el único deudor del Consorcio Valencia 2007. "Supone una quiebra del régimen de preferencias y privilegios de los acreedores" el permitir que el Santander cobre con anterioridad al resto.

Un Consorcio descabezado

Este martes, el director general en funciones del Consorcio Valencia 2007 presentaba su renuncia a las competencias de gestión ordinaria que asumió tras la dimisión de Pablo Landecho en el mes de mayo. Fernando Soriano vuelve ahora a su puesto como director financiero del Consorcio.

Soriano entendió que la situación actual es extraordinaria ya que el Consorcio Valencia 2007 tiene embargos que le impiden cobrar el alquiler del Veles e Vents y el de Edem y Lanzadera, lo que resta margen de maniobra. A esto se suma que el Estado no ha querido poner su firma para licitar contratos ordinarios como la limpieza o seguridad.

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha exigido en numerosas ocasiones al Estado la condonación de los 370 millones de euros de deuda. El alcalde argumenta que lo que pide supone "simplemente exigir al Estado el mismo trato que recibió Barcelona en los Juegos Olímpicos del 92, Sevilla en la Expo del mismo año y Zaragoza en la Expo de 2008", eventos -a su juicio- equiparables, en los que el Estado realizó fuertes inversiones.