VALENCIA, (EP). El Consejo de Ministros ha acordado solicitar al presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-Ley 3/2015 por el que se regula el acceso universal a la atención sanitaria en la Comunidad Valenciana al considerar que la norma puede incurrir en una "extralimitación competencial".
Por ello, el Ejecutivo central solicita la invocación del artículo 161.2 de la Constitución a fin de que el Tribunal estudie y, en su caso, acuerde la suspensión de la norma objeto de recurso.
En este sentido, desde el Gobierno argumentan que "la jurisprudencia constitucional establece que la competencia estatal de bases de sanidad incluye la definición de los asegurados y las prestaciones en materia de Sanidad, así como la financiación de la sanidad pública".
"En ejercicio de estas competencias el Estado ha aprobado la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que establece los requisitos para tener la condición de asegurado y de beneficiario, la cartera común de servicios y las prestaciones de salud pública, además del uso de medicamentos y productos sanitarios y la aportación de los usuarios y sus beneficiarios en la prestación farmacéutica".
En consecuencia, defiende que "el Decreto-Ley de la Comunidad Valenciana vulnera la competencia estatal para establecer el ámbito objetivo y subjetivo de la Sanidad e incurre en extralimitación competencial porque regula una materia que corresponde exclusivamente al Estado".
A principios del mes de octubre, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas envió una comunicación oficial a la Generalitat Valenciana en la que le informaba de que se habían planteado determinadas "discrepancias" con el decreto ley que regula el acceso universal a la atención sanitaria a personas inmigrantes en la Comunidad --que convalidaron las Corts el pasado mes de septiembre-- al considerar que vulnera competencias estatales. El Gobierno advertía de que si no se solucionan en una Comisión Bilateral al efecto, recurrirá la norma al Tribunal Constitucional.
Por su parte, la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón, vinculó esta postura del Gobierno de Mariano Rajoy a "la coyuntura electoral de un Gobierno que está agotado". "Nosotros estamos tranquilos y pensamos que es la coyuntura de una legislatura agotada y en ningún caso vamos a entrar a mercadear con el derecho a la salud de la Comunidad Valenciana", aseguró.
La responsable de Sanidad valenciana lamentaba además que, con esta actitud "lo que hace Rajoy no es sólo amenazar a la Comunidad Valenciana, que ya es grave, sino que está amenazando a las personas que se están beneficiando de esta medida", que en estos momentos ya son más de 4.000 inmigrantes en situación irregular.