El gobierno repercute a la Comunitat la multa de 19 millones impuesta por la UE por la ocultación de parte del déficit 

VALENCIA. El Gobierno central ha dado 10 días de plazo a la Generalitat para que presente alegaciones antes de repercutirle el pago de la multa impuesta por la Comisión Europea a España por la ocultación de 1.800 millones en gastos computables a efectos de déficit llevada a cabo por los anteriores Consells de Francisco Camps y Alberto Fabra durante los ejercicios 2008 a 2011. Al respecto, el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha señalado que es el Gobierno central “el que se tiene que hacer cargo de la multa porque éste era responsable de supervisar los datos de déficit de las administraciones públicas y en relación a las instituciones europeas”. “Era competencia de la Administración central supervisar estos datos y ahora ha de asumir esa responsabilidad porque además era perfecto conocedor de la situación, toda vez que la Sindicatura de Comptes, año tras año, así lo señalaba en sus informes”, ha reiterado.

“Lo que pretende el ministerio es inadmisible y no lo vamos a permitir; intentar que el actual Consell pague los platos rotos de la catastrófica gestión llevada a cabo por los Ejecutivos del PP, que convirtieron la ocultación de facturas y gastos en una práctica habitual”, ha lamentado Soler, para añadir que, paralelamente, el Ministerio “no puede hacer dejación de sus responsabilidades, máxime cuando la situación era de sobra conocida, los informes de la Sindicatura se trasladaban al Tribunal de Cuentas y su contenido se difundía públicamente y por cauces oficiales”, ha insistido el conseller.

“Los valencianos ya están suficientemente maltratados con el actual sistema de financiación para que además ahora nos repercutan multas derivadas por la mala gestión de anteriores dirigentes”, ha señalado el conseller de Hacienda. 

El Gobierno Central obvia los avisos del Síndic 

En un informe de la Intervención General de la Administración del Estado que acompaña el expediente remitido por el ministerio sobre el procedimiento de repercusión de la sanción, la IGAE esgrime para eludir sus responsabilidades que entre los años 2008 y 2012 “no ha contado con poderes suficientes para comprobar la cuantía y contabilización del gasto por parte de las comunidades autónomas”, algo que “resulta increíble”, señala Vicent Soler, tras recordar los avisos que dio la Sindicatura, como constató la Comisión Europea en su informe de investigación.