VALENCIA. El Gobierno entra en el cruce de reproches con el Consell, en plena campaña electoral, sobre quiénes son los culpables del bloqueo de Parc Sagunt. Tras ser acusado por la Conselleria de Economía de negar la financiación prometida para finalizar las obras de esta zona industrial y logística, el Ejecutivo central ha desmentido que se hubiera comprometido con la Generalitat a prestar 9,3 millones de euros, al tiempo que ha descartado esa opción por el "alto riesgo de seguir enterrando fondos públicos en una compañía en la que desde hace 10 años no ha existido actividad comercial".
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), socia al 50% con la Generalitat en la sociedad gestora de Parc Sagunt a través de la sociedad Sepides, ha respondido este miércoles mediante un comunicado a las acusaciones del Consell sobre el incumplimiento de su compromiso para financiar las obras de Parc Sagunt, que necesita liquidez con urgencia para evitar entrar en concurso de acreedores. A juicio de la Sepides, Parc Sagunt "ha demostrado su incapacidad para hacer del parque una realidad empresarial e industrial".
La sociedad estatal ha recordado que por su parte "ya ha realizado inyecciones financieras vía préstamos por un importe total de 14,5 millones de euros -2,2 millones por encima de las instituciones valencianas- sin que se tenga una mínima expectativa de la posibilidad de retorno de dicha financiación".
Sepides subraya que acudir "continuamente" a la financiación vía préstamos de los socios "se ha revelado como una alternativa incapaz de resolver los problemas del parque empresarial y ante el estrangulamiento financiero que presenta la compañía debe acudirse a mecanismos financieros alternativos que no supongan coste y que no computen a efectos de endeudamiento".
La sociedad estatal explica que en el seno del consejo de Parc Sagunt planteó como alternativas a esos problemas una ampliación de capital paritaria entre el Ivace, dependiente de la Conselleria de Economía, y Sepides; una ampliación de capital suscrita en solitario por Sepides, lo que habría dejado a la Generalitat en minoría dentro de la sociedad; o la compra por parte de Sepides de la parcela Z2, el suelo que se adjudicó el grupo Ros Casares y que ahora pretende quedarse la Autoridad Portuaria de Valencia mediante una permuta.
Sepides asegura que las tres opciones han sido "rechazadas por los consejeros de las instituciones valencianas" pese a que todas ellas "dotarían a Parc Sagunt de los fondos necesarios para acabar las obras de urbanización del parque, eliminando las actuales tensiones financieras y de tesorería".
Además, Sepides advierte de las consecuencias que tendría llevar adelante la alternativa que la Conselleria de Economía ha encontrado para evitar el colapso de la sociedad, la de ejecutar la permuta que persigue la APV, que se compromete a desembolsar el importe del suelo de inmediato.
La sociedad estatal asegura que las alternativas que ella pone sobre la mesa permitiría evitar operaciones alternativas "que están sin concretar" como la permuta de parcelas (Z1 por Z2) propuesta en su día por la APV "que podrían provocar un quebranto patrimonial a la compañía".
