VALÈNCIA. (EP) El Gobierno ha conseguido sacar adelante, con 162 a favor, 153 en contra y 28 abstenciones, la convalidación del Real Decreto-Ley que recoge la obligatoriedad del uso de las mascarillas por el gran incremento de casos durante la sexta ola de la pandemia de COVID-19, pese a las críticas de la oposición y de sus socios parlamentarios.
Durante el debate de la convalidación de la norma, celebrado este martes en el Congreso de los Diputados, las fuerzas políticas que han apoyado tradicionalmente al Ejecutivo durante esta legislatura han avanzado que no se opondrán a la convalidación del decreto, pero no tanto por confianza en la medida --consideran en su mayoría que no es efectiva en la sexta ola--, sino porque el Gobierno ha metido otros asuntos como la revalorización de las pensiones con el IPC de 2021, lo que dificulta el voto en contra.
La norma, que ahora se tramitará como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia tal y como se ha acordado este martes, establece el uso obligatorio de mascarillas para las personas de seis años en adelante en cualquier espacio cerrado o al aire libre de uso público o que se encuentre abierto al público, así como en los medios de transporte públicos.
El texto también establece las excepciones a esta obligatoriedad, como puede ser durante la práctica de deporte individual o de actividades en el exterior, siempre que se mantenga una distancia mínima de 1,5 metros con otras personas no convivientes.
Asimismo, tampoco están obligadas a llevar mascarilla las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla.
Al margen del uso de la mascarilla, el decreto contiene disposiciones sobre otros asuntos. La primera faculta a los profesionales de la medicina y la enfermería jubilados pero contratados en centros sanitarios públicos y privados con motivo de la pandemia a poder compatibilizar esas tareas con su pensión durante todo este año. Asimismo, permite de forma temporal y transitoria, contratar a especialistas en Ciencias de la Salud con titulación obtenida fuera de la UE.
Además, el Decreto contiene actualización del IPC de las pensiones no contributivas, mínimas o de viudedad, entre otras, mediante un único pago que los beneficiarios tendrán que percibir antes del 1 de abril de este año. La inclusión de este punto en este Real Decreto-Ley de carácter sanitario ha enfadado tanto a la oposición como a los socios del Gobierno.
La 'popular' Ana Pastor ha cargado contra el Ejecutivo por este "chantaje" y ha rechazado, en cualquier caso, que la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores esté basada en la ciencia. "Nunca han tenido un informe científico-técnico que se lo avale", le ha dicho a la ministra.
Así, por ejemplo, ha criticado las medidas tomadas por el Gobierno para atajar la sexta ola. "Nadie entiende que nos hable de mascarillas en exterior y no le preocupen los aforos", ha sostenido la ex ministra de Sanidad y vicesecretaria de Política Social del Partido Popular.
Pastor, quien ha avanzado el voto en contra de su grupo a la convalidación de este decreto, al igual que VOX, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias, ha terminado su intervención haciendo una 'enmienda a la totalidad' a la gestión del Gobierno en la pandemia: "¿Cómo es posible que España no tenga una norma dos años después para hacer frente a una pandemia? No tenemos un marco normativo eficaz que impida que volvamos a asistir a los espectáculos que hemos vivido, con 17 respuestas diferentes".
Guillermo Díaz, de Ciudadanos, ha defendido que la obligatoriedad de la mascarilla en el exterior forma parte de unas "restricciones arbitrarias, además de atentar contra la libertad". También ha afeado al Gobierno la inclusión de la revalorización de las pensiones: "Lo unen para tratar de obtener el voto afirmativo".
Mercedes Jara Moreno, de VOX, también ha reivindicado que "no hay ningún estudio científico que haya demostrado el uso de la mascarilla en espacios exteriores". "Lo único que hacen es dictar medidas inútiles para, así, tapar su incompetencia. No anular el IVA de las mascarillas FFP2, por ejemplo, es una prueba fehaciente de que se antepone la recaudación a la salud del ciudadano", ha afirmado.
La dirigente del partido liderado por Santiago Abascal también ha dedicado un apartado al "chantaje" del Gobierno: "Los pensionistas merecen un tratamiento aparte, ya está bien de utilizar a los pensionistas como moneda de cambio. Dejen de hacer chantaje a este Congreso. Es una auténtica cobardía".
Dentro de los socios habituales del Ejecutivo, uno de los más críticos ha sido Iñaki Ruiz de Pinedo, de Bildu, que se va a abstener, pero ha avisado de que "va a ser la última vez" que accedan al "chantaje" del Gobierno.
"No son las medidas adecuadas para la sexta ola y en plenas fechas vacacionales. Faltan medidas útiles y con base empírica. Falta rumbo, mensajes claros y medidas contrastadas. Después de dos años de pandemia, un decreto que venga con mascarillas en exterior y jubilados a trabajar... ahí falta algo. Falta dar medidas que hagan falta. Andar sin rumbo es lo que crea la fatiga pandémica", ha resaltado.
PNV y Más País han decidido abstenerse en el Real Decreto pero mostrarse a favor de tramitarlo como Proyecto de Ley. "Se mezclan temas de gran importancia con cuestiones que poco tienen que ver. El Gobierno comete dos errores: el primero, es una medida no eficaz en estos momentos. El segundo, obligarnos a votar en el mismo paquete una medida en la que nadie cree", ha resumido la diputada de Más País Inés Sabanés.
Los partidos catalanes se han posicionado también en la abstención, aunque no sin críticas a la actuación del Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Es una medida absolutamente inútil, estética, con nula efectividad. No contribuye en nada a controlar la sexta ola", ha dicho Concepció Cañadell, de PDeCAT. Desde ERC, Xavier Eritj, en la misma línea, ha calificado de "filibusterismo" la maniobra del Gobierno para conseguir aprobar el decreto.
Desde el PSOE, Ana Prieto ha parafraseado prácticamente a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en su defensa de la obligatoriedad de las mascarillas en el exterior debido a la "altísima circulación del virus y el aumento exponencial de casos".
"Es una medida pedida de manera mayoritaria por las CCAA en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y en la Conferencia de Presidentes. Tiene carácter temporal y estará vigente durante el tiempo imprescindible hasta que mejore la situación epidemiológica", ha explicado.
Por su parte, en representación de la otra parte del Ejecutivo, Unidas Podemos, el diputado Juan Antonio Delgado no se ha referido a las acusaciones de filibusterismo de la oposición y se ha limitado a criticar al PP por defender a los profesionales sanitarios mientras "los echan" en Andalucía, gobernada por los 'populares'.
"Quien ha prescindido de personal sanitario han sido algunas comunidades autónomas. El Gobierno ha transferido recursos como nunca", ha apostillado al respecto la diputada socialista.