La vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. Foto: E.PARRA.POOL/EPVALÈNCIA (EP). El Gobierno ha dado por comenzada este martes, tras el Consejo de Ministros, la audiencia pública sobre la Ley 'Crea y Crece, que permitirá crear empresas con un euro de manera rápida y telemática.
La Ley surge para impulsar la creación de empresas y su crecimiento y rebaja el capital inicial necesario para registrar una compañía desde los 3.000 euros al euro testimonial.
La vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha definido esta Ley como una de las reformas "más importantes" junto a la Ley de startups y la reforma concursal al presentarla.
No obstante, para que entre en vigor, debe ser aprobada de nuevo por el Consejo tras la consulta pública, algo que se espera para finales de este año o comienzos del que viene, así como por el Parlamento, trámite que, fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, sitúan a finales de 2022.
La reforma se sitúa en el componente 13 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El aumento de tamaño de las empresas españolas es uno de los objetivos del Gobierno, que con esta ley busca "eliminar obstáculos" para que las pymes ganen tamaño.
Uno de los puntos clave de la nueva ley es la lucha contra la morosidad comercial que se hará en base a un enfoque más "moderno y eficaz", según las mencionadas fuentes en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
El objetivo es que las empresas españolas cambien su cultura hacia el "pronto pago".
Para ello, se promoverá el uso de la factura electrónica entre pymes y, con el objetivo de que esta no sea un coste, se incluirá en los servicios subvencionados en el 'digital toolkit', el plan financiado con 3.000 millones de euros de los fondos europeos para la digitalización de las pymes.
Asimismo, las empresas que no cumplan los plazos de pago no podrán ser beneficiarias o entidades de colaboradoras de subvenciones públicas en un momento marcado por la llegada de los fondos europeos.
Además, se tendrá en cuenta que el contratista pague en plazo a subcontratista a la hora de evaluar los riesgos de adjudicación de un contrato público, así como la posibilidad de resolver un contrato si no se cumplen los plazos de pago.
También se creará un observatorio de la morosidad para recabar información y analizar estas prácticas.
Entre las medidas contempladas se incluye la información a emprendedores sobre los beneficios del nuevo sistema, así como se mejorarán las ventanillas que permitirán denunciar cualquier comportamiento que vaya contra la ley de unidad de mercado.
Con este último punto, el Ministerio busca mejorar las garantías para consumidores.
También se amplía el catálogo de actividades exentas de licencia y se incluye un mandato para que la conferencia sectorial elabore una ordenanza tipo de licencias empresariales.
Asimismo, se buscará que otros instrumentos de financiación ganen peso en el crecimiento empresarial y en ellos destacarán los fondos de deuda cerrados que invertirán en préstamos, facturas e instrumentos comerciales.
Asimismo, también se adaptarán las normativas de las plataformas de financiación participativa para que puedan tomar más impulso y tener mayor escala y financiación y trasladarlo así a impacto en las empresas.
Entre los cambios, se incorporará la posibilidad de que reciban fondos a largo plazo europeos, así como permitirles invertir en fintech.
Para los inversores individuales, se limitará a 1.000 euros o el 5% de su riqueza, excluyendo fondos de pensiones y propiedades inmobiliarias, la participación en estas empresas. A partir de ahí, se podrá hacer la inversión, pero la persona recibirá una advertencia sobre el riesgo.
Asimismo, cada proyecto de inversión colectiva tendrá un límite de cinco millones de euros que podrá superarse emitiendo un folleto y con el que se espera que el sector pueda expandir el alance y la escala de las inversiones.
En el Consejo no ha estado el anteproyecto de ley concursal, aunque fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos apuntan a que el anteproyecto saldrá en los próximos días a audiencia.
Entre sus objetivos se encuentra aumentar la eficacia de los mecanismos preconcursales para que las empresas viables puedan reestructurarse y volver a la actividad con una estructura financiera distinta tras acuerdos entre accionistas e acreedores.
Asimismo, se reforzará el concepto de segunda oportunidad y los autónomos o empresas que sean personas físicas podrán ser exonerados sin perder su patrimonio personal y sobre todo su vivienda para que puedan volver a ejercer su actividad.
