FOTO: EUROPA PRESSVALÈNCIA. (EP) El Gobierno ha decidido darse un plazo máximo de 18 meses, desde la entrada en vigor de la futura ley de vivienda, para trabajar con las comunidades autónomas y las administraciones implicadas los índices de precios de los alquileres que servirán de referencia a los territorios para aplicar las limitaciones e incentivos que se contemplen en esa norma, según informan fuentes gubernamentales.
En todo caso, antes debe llegar la norma al Consejo de Ministros, y desarrollarse la posterior tramitación correspondiente. La intención del Gobierno, según las fuentes consultadas, es tener listo el texto de la nueva ley en las "próximas semanas".
Tras el acuerdo alcanzado este martes entre PSOE y Unidas Podemos para aprobar esta ley próximamente, con la regulación de los alquileres incluida, el Ejecutivo sigue terminando de cerrar los detalles técnicos de una norma en la que los socios de la coalición de PSOE y Unidas Podemos llevan un año negociando.
Uno de los puntos clave de esa ley es precisamente la posibilidad que ofrecerá a las comunidades y ayuntamientos de declarar zonas tensionadas del mercado del alquiler, para poder aplicar los mecanismos tanto de incentivos fiscales como de congelación o la limitación de los precios.
Por ello, el Ejecutivo defiende que el sistema de índice de precios en el que se basen esas medidas debe ser un instrumento "muy útil" y "muy preciso" y, en este sentido, debe estar muy "trabajado". De ahí que la norma vaya establecer ese plazo de hasta 18 meses para que los Ministerios y Administraciones implicadas trabajen en esta cuestión, después de que la norma haya entrado en vigor.
En junio del año pasado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, entonces en manos de José Luis Ábalos, ya presentó el denominado Sistema estatal de índices de referencia del precio de alquiler de vivienda. No obstante, esta herramienta se basa actualmente en datos del año 2018, según consta en la página web del Ministerio.
Aunque por ahora solo se conoce el acuerdo alcanzado por los socios, y el Gobierno no ha hecho público ningún documento con las medidas que se impulsarán, el Ejecutivo ha avanzado que, entre otras cosas, se va a obligar a los grandes tenedores que sean personas jurídicas a limitar los precios de los alquileres en las zonas tensionadas, en función de esos índices de referencia.
Eso sí, serán las comunidades autónomas y los Ayuntamientos las administraciones encargadas de decidir si quieren declarar una zona tensionada --donde se cumplan los requisitos para ello--; es decir, estará en su mano permitir que se puedan o no aplicar en su territorio los mecanismo para limitar los precios.
Asimismo, PSOE y Unidas Podemos han pactado que los pequeños propietarios tendrán una fórmula de "congelación de precios e incentivos fiscales", de cara a poder también reducir el precio del arrendamiento.
A este respecto, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños ha explicado este martes tras el Consejo de Ministros que las bonificaciones fiscales que se pondrán a disposición de los propietarios que sean personas físicas podrán llegar hasta el 90% de las rentas que obtengan si bajan los precios.
Por otra parte, se establecerá un recargo de hasta el 150% en el IBI para casos de viviendas vacías, que podrán aplicar los ayuntamientos y la futura normativa también apuesta por el parque publico de alquiler, con una reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida (de este 30%, la mitad para alquiler social).
