El gran abucheo a Marzà

VALENCIA. Y llegó el día. Tras meses de agitación entre el sector de la educación concertada y la nueva Administración autonómica, el conflicto ha estallado en la calle. La Plaza de la Virgen ha sido el escenario escogido para consumar el enfrentamiento. Alrededor de 40.000 contendientes según la organización, que apenas llegaban a 10.000 según estimaciones de la Policía Local, han abarrotado el emblemático espacio del centro de Valencia a fin de protestar contra la gestión del Conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, con cuyo arreglo escolar no están conformes. Pese a que el lema era Un concierto por los conciertos, la proclama más repetida ha sido “Marzà dimisión”, acompañada de efusivos bailes al ritmo de Libertad sin ira. FOTOGALERÍA AQUÍ

Más de 50 autobuses se han desplazado desde las tres provincias de la Comunitat, así como de Murcia, para dar soporte a esta convocatoria, organizada por Escuelas Católicas y la Fundación de Colegios Diocesanos San Vicente Mártir, con el auspicio del Arzobispado. Aunque el acto ha contado con la presencia de los sindicatos conservadores FSIE y USO, así como de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (FCAPA), las agrupaciones y patronales de corte progresista han declinado asistir. De hecho, era una de las pancartas de USO la más crítica con la Generalitat: mostraba en su reverso la imagen de Vicent Marzà atribuyéndole el nuevo cargo de "represor de la concertada”. 

Quien sí ha tenido un gran protagonismo, tanto a nivel autonómico como estatal, ha sido el Partido Popular. Entre los asistentes se encontraban el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, el europarlamentario Esteban González Pons; la presidenta del PPCV, Isabel Bonig; y el presidente del PP de Valencia, Vicente Betoret. Todos cogidos de las manos sonreían a cámara y compartían el discurso de Bonig: "No se trata de confrontar un modelo, la pública contra la concertada, sino de respetar el artículo 27 de la Constitución que da derecho a los padres a elegir”. También había amplia representación del partido de Ciudadanos, entre ellos su portavoz en la Comunitat, Fernando Giner. 

Precisamente, la fuerte politización es la que ha espantado a otros sectores educativos. La turbulenta celebración ha removido los cimientos del ámbito escolar, donde también existen facciones ideológicas, y ha escarbado en la brecha entre partidarios de la educación concertada y defensores de la escuela pública. Las posturas intermedias han quedado fuera de juego, en una manifestación donde la ideología estaba presente mediante banderas de España y miembros de la comunidad eclesiástica. Amenizaban las bandas musicales, algunas procedentes de centros escolares, que llegaban incluso a tocar el pasodoble. 

Se trata del acto central de una campaña de protestas que comenzara hace un mes por diferentes localidades valencianas, pero ninguna tan multitudinaria como la de la capital. Los propios organizadores se han mostrado sorprendidos de la convocatoria. Así lo ha manifestado la presidenta de Escuelas Católicas, Vicenta Rodríguez, quien ha incidido en “la mentira de un rédito 0 que ahora vende el Consell, ya que realmente van a desaparecer 28 aulas”. Asimismo, ha defendido que un alumno de la concertada "cuesta la mitad", al tiempo que ha señalado que estas escuelas "ahorran más de 6.000 millones de euros al Estado”. 

En una línea argumental parecida, la presidenta de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), Julia Llopis, ha insistido en que la concertada da cobertura a "familias necesitadas” y es también la escuela de “personas humildes y trabajadoras”. Lejos de tópicos, hablaba de "colegios multiculturales". El presidente nacional de Escuelas Católicas, José María Alvira, ha recordado que la sociedad es "plural y democrática” y, por ello, "caben todos los proyectos educativos". 

Los ‘no presentes’

En el extremo opuesto de estas reivindicaciones se encuentran los ausentes a la cita, que no indolentes. La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (FAPA) de Valencia se muestra partidaria de acabar con los conciertos y rechaza por completo la manifestación. Por su parte, los sindicatos UGT, CCOO y Stepv, que sí integran secciones de concertada en su organigrama, ven “desproporcionada” la convocatoria y desprecian su “sesgo ideológico”. Así lo han venido recalcando en los últimos días. 

“Hemos de recordar que los supuestos adalides de la concertada no se movilizaron cuando en el curso 2013-2014 se suprimieron 70 aulas”, comentan desde Fete-UGT. El sindicato no es partidario del cierre de ninguna unidad escolar, “porque significa que compañeros vayan al paro” y apuesta por la recolocación del profesorado en otros centros, punto en el que difieren con las patronales católicas. “También debemos reprochar el sesgado activismo, porque no les hemos visto movilizarse para defender a sus trabajadores cuando, como consecuencia de los recortes educativos, se incrementaban las horas lectivas y las ratios escolares”, añaden. 

La Plataforma en Defensa de l'Ensenyament públic, constituida por la mayoría de las asociaciones mencionadas, también se ha manifestado en contra de la propuesta. Así, ha valorado que el arreglo escolar realizado este año “garantiza el derecho a la educación a todo el alumnado” y supone “un avance” en la línea que vienen defendido. La agrupación se caracteriza por su rechazo al distrito único y a los arreglos escolares que posibilitaban cerrar unidades en los centros públicos "al tiempo" que se ampliaban unidades en concertados.

Disputa política

El president de la Generalitat, Ximo Puig, uno de los ausentes más evidentes, sí se ha manifestado a lo largo del fin de semana sobre esta protesta. Durante un acto en Ondara, abogó por no hacer "un ataque a la convivencia a través de la Educación" y criticó al PP por el "partidismo", la "apropiación" y la "manipulación" de la concertada. “No hay aulas que se vayan a perder. Todo lo contrario: se van a recuperar condiciones muy favorables para el alumnado al bajar los ratios, tanto en la pública como en la concertada”, argumentaba. El president también valoraba como “lamentable” la implicación del Delegado del Gobierno, “que no sé por qué no estaba cuando se cerraron 610 aulas públicas”.

En esta línea, la conselleria de Educación daba ayer una respuesta individualiza a la treintena de directores de centros concertados que el pasado jueves abordaban a Ximo Puig en plena calle, antes de la sesión de control de las Corts. En un documento de 60 páginas explicaba, caso por caso, las razones de por qué se han suprimido aulas o no se les ha concedido el concierto. Diez de las contestaciones son idénticas porque la pregunta era similar, mientras que en el resto de casos se ofrece una explicación a la situación concreta, en un acto que la propia Generalitat define como "parte de su compromiso” y "un ejercicio de transparencia".