El Grupo de Decisión sobre la financiación creado por Montero cumple un año sin ninguna actividad

VALÈNCIA. Que la reforma del sistema de financiación autonómica no es una prioridad para Pedro Sánchez es de sobra conocido porque lo dijo él mismo en el debate de la moción de censura que le llevó a la Presidencia del Gobierno a finales de mayo de 2018. Lo dejaba para la siguiente legislatura, que si no se hubiesen adelantado las elecciones habría empezado a finales del año que viene. Desde entonces y ante la presión de varias Comunidades Autónomas, especialmente la valenciana -la más perjudicada por el modelo que debería haberse revisado en 2014-, el Gobierno socialista ha mostrado por este problema más preocupación de palabra pero no con hechos.

Prueba de ello es la realidad del Grupo de Decisión creado por iniciativa de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para, según anunció, iniciar la negociación política que debe alumbrar un nuevo modelo. El Grupo de Decisión celebró su sesión constitutiva el 26 de septiembre de 2018 y no ha vuelto a ser convocado en los doce meses transcurridos.

Un año en blanco, según confirman a Valencia Plaza los dos representantes valencianos, Jose Antonio Pérez y Rafa Beneyto. Ni se les ha convocado ni han recibido documento o petición alguna por parte del Ministerio de papeles para continuar trabajando en la "decisión". El Grupo de Decisión está formado por representantes del Ministerio de Hacienda y de las 15 Comunidades Autónomas de régimen común. Por parte de la valenciana forman parte de él Pérez y Beneyto -a propuesta de PSPV y Compromís, respectivamente-, que también son los representantes valencianos en el Comité Técnico Permanente del CPFF que elaboró una propuesta técnica para la reforma después de meses de trabajo.

El Comité Técnico terminó sus trabajos a finales de 2017 con las propuestas de las CCAA. Solo faltaba la propuesta de la Administración Central, prometida por el entonces ministro Cristóbal Montoro y que nunca llegó. En junio de 2018 llegó Sánchez al Gobierno tras ganar la moción de censura, sin ninguna intención de avanzar en una solución. 

La ministra Montero creó el Grupo de Decisión en el que el Gobierno se estrenó pidiendo a las CCAA propuestas para la reforma. Los representantes autonómicos, casi todos provenientes del Comité Técnico, respondieron que sus propuestas ya estaban sobre la mesa desde finales de 2017 y que ahora le tocaba al Gobierno presentar la suya.

El pasado mes de enero, Ximo Puig envió una carta a María Jesús Montero reclamándole la convocatoria de una reunión del Grupo de Decisión que tuviera sobre la mesa la propuesta del Gobierno. La ministra hizo caso omiso al presidente de la Generalitat.

Montero ha dejado pasar un año sin ningún avance. Ni siquiera los 'parches' que le propusieron los representantes valencianos para taponar la herida, ante la evidencia de que 2019 iba a ser otro año perdido y la Generalitat iba a afrontar el mismo agujero en sus presupuestos, que cifra en más de 1.300 millones de euros. 

La propuesta provisional valenciana

Según los representantes valencianos, la propuesta de paliar la infrafinanciación de las CCAA peor tratada, especialmente la valenciana y Murcia, con medidas incluidas en los presupuestos generales del Estado fue bien acogida por los técnicos del Ministerio, pero finalmente no se plasmaron en el proyecto de Presupuestos de 2019, presentado el pasado mes de enero, que no salió adelante al ser rechazado por el Congreso de los Diputados.

Beneyto explicó en su día que solo con dos correcciones se hubieran puesto a disposición del conjunto de las CCAA más de 15.000 millones adicionales para prestar servicios públicos esenciales. La cifra coincide prácticamente con los 16.484 millones de euros en la que los expertos del Comité Técnico cifraron la insuficiencia de recursos de las comunidades para hacerse cargo de las competencias que tienen transferidas.

Esas dos medidas consistían en corregir "defectos" del actual sistema como la sobreestimación en los ingresos y en aumentar la participación de las Comunidades Autónomas en la recaudación por IVA. Ambas podrían conseguir por la vía del real decreto o mediante los Presupuestos Generales del Estado.