El director de la Agencia Antifraude, Joan Llinares. Foto: DANIEL DUARTVALÈNCIA. Este jueves, Les Corts elegían -con la abstención del PP- a Joan Llinares como director de la Agencia Antifraude. Una Oficina adscrita a la Cámara valenciana que actuará con independencia de las administraciones y que se encargará de "prevenir y erradicar el fraude, además de la corrupción de las instituciones públicas valencianas".
Su ámbito de actuación será basto: la Generalitat, el sector público instrumental, Les Corts e instituciones estatutarias como el Consell Jurídic Consultiu o la Academia Valenciana de la Llengua, las universidades públicas valencianas y las entidades dependientes, concesionarias de servicios o subvenciones públicas, asociaciones que cree la administración, partidos políticos...
No obstante, la primera tarea que tiene por delante el "Elliot Ness valenciano" -como ya lo definen algunos diputados de Podemos en Les Corts-, será definir una estructura de la oficina. Si bien todo apunta a que será similar al boceto que presentó en su comparecencia en Les Corts el pasado 28 de abril. En aquella intervención, Llinares se dibujaba apoyado por una dirección de prevención, otra de análisis e investigación y una tercera de asuntos jurídicos.
De esta manera, la primera se encargaría de la "documentación, estudios y búsqueda". En la segunda se encontraría el "buzón de denuncias". Su ámbito de investigación serían la Administración de la Generalitat, instituciones, sector público, Corts, entidades locales y sector público vinculado a las universidades, consorcios, empresas públicas, concesiones, fundaciones, partidos y sindicatos. Y, finalmente, la dirección de asuntos jurídicos se encargaría de la protección del denunciante. También de estudiar la aplicación del régimen sancionador que fija la ley en sus artículos 14, 18 y 19.
Otro de los pasos que debe dar Llinares en los próximos días es la elaboración del presupuesto y remitirlo al Consell. Cabe recordar que el Gobierno valenciano destinó una partida de 1,5 millones de euros a la Agencia Antifraude en el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat para 2017, pero, como sucedió con la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, en la que el Consejo Rector realizó su presupuesto y lo envió al Consell para que este lo aprobara en un pleno, el hombre que abrió en canal las cuentas del IVAM deberá hacer la misma tarea. Así como desarrollar el reglamento orgánico de la Oficina Antifraude.
Ahora bien, no todas las cosas que quedan por hacer para que el organismo eche a andar le competen a él. Les Corts aún deben decidir dónde se ubicará la Agencia. Durante un tiempo se barajó que desarrollase su actividad en un edificio contiguo al parlamento valenciano -concretamente en Conde Trénor, 6-. Sin embargo, Podemos renunció hace unas semanas a que se instalara allí, tras estar seis meses a la espera de un informe técnico encargado a la Mesa de Les Corts en el que se debía definir la idoneidad o no de ese espacio.
Antes de obtener respuesta alguna, los morados presentaron un escrito renunciando al inmueble, que costó 3,6 millones y que lleva inutilizado desde hace 10 años. Los motivos, señalaban, a que la licencia de primera ocupación limitaba su uso a vivienda, por lo que con la normativa urbanística no era posible cambiar el uso.
Con una órgano que tendrá capacidad para investigar y realizar inspecciones, Llinares se enfrenta al reto de demostrar que la Agencia Antifraude puede ser un mecanismo válido para evitar la corrupción. Si consigue sortear el choque de competencias con otros órganos fiscalizadores y que luchan contra el fraude -que tienen una naturaleza distinta-, el funcionario que levantó las alfombras del Palau de la Música de Barcelona habrá cumplido su cometido.
