VALENCIA. El Hospital de Alzira vuelve a enviar alegaciones a Economía sin cambiar la fecha de finalización del convenio colectivo, que sigue yendo más allá del día en el que termina la concesión. Esta es la decisión que se ha tomado en la mesa de negociación, aunque en esta ocasión no ha sido por unanimidad, sino Simap ha decidido no firmar.
En éste se incluía que los trabajadores del Hospital de Alzira tengan su puesto garantizado y manteniendo las condiciones en el momento en el que se termine la concesión a Ribera Salud, concretamente hasta el 31 de diciembre de 2018.
Era la segunda vez que la Conselleria de Economía ya ha rechazado por segunda vez la inscripción y aprobación del convenio por no corregirlo, dándolo por terminado el 31 de marzo de 2018, momento en el que la gestión del hospital pasará a manos públicas. Economía mantiene que un convenio de empresa no puede contener cláusulas de subrogación contractual en su vinculo con la Administración ni perjudicar a un tercero.
Ante esto, Ribera Salud envió un comunicado a sus trabajadores previo a la negociación para recordarles que el convenio fue firmado por la empresa y todos los representantes sindicales de la mesa negociadora y que se mantendrían en la postura de que el convenio vaya más allá de la fecha que pone fin a la concesión no modificando la fecha de finalización.
Las razones que esgrimeron desde Ribera Salud II UTE para oponerse es que fue decidido unánimemente. También que la decisión no corresponde a la Administración ni a la Dirección Territorial sino a la empresa y los trabajadores, porque la Dirección Territorial no es competente para realizar juicios sobre una posible situación futura y porque la vigencia del Convenio Colectivo traslada seguridad jurídica a los profesionales y elimina incertidumbre ante un posible escenario de finalización de la concesión administrativa.
Sin embargo, desde el comité de empresa no tenían ese punto de vista, y la intención era llegar a un acuerdo con la empresa para cambiar la fecha y dar viabilidad al convenio. Éste entiende que la inseguridad jurídica que generaría el no aceptar el cambio de fecha que propone la Autoridad Laboral sería peor, creando más incertidumbre e inseguridad jurídica. Sin embargo, han quedado cediendo.